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- El actual presidente mexicano Enrique Peña Nieto presenta su “Reforma energética” en agosto de 2013.
La ley energética aprobada en diciembre de 2013 puso
fin al monopolio estatal sobre el petróleo mexicano, vigente desde la
nacionalización cardenista de 1938. Dos son los cambios torales de la
ley:
1. Se despoja a Petróleos Mexicanos (Pemex), como representante del
Estado mexicano, de la responsabilidad exclusiva sobre el manejo
integral de los hidrocarburos mexicanos. La relevancia constitucional de
la empresa es reducida al mínimo. PEMEX deja de ser un organismo
descentralizado y para convertirse en una simple “
empresa competitiva”,
con una actividad limitada a la exploración y explotación de unas
cuantas áreas petroleras y a la producción de unos cuantos derivados,
la cual estará restringida por la escasez recursos financieros,
los onerosos pasivos de PEMEX y la excesiva carga fiscal, además de que
la empresa estatal estará ambiguamente regulada, lo que le permitirá a
sus administradores mantener la opacidad de sus operaciones
y dificultará la supervisión de las mismas, una supervisión que debería
ser común en una sociedad democrática. PEMEX se convierte así en un
jugador más del mercado y su futuro es incierto, ya que –en condiciones
tecnológicas, operativas, financieras desfavorables– enfrentará un
escenario competitivo adverso.
2. Se abre toda la cadena productiva petrolera a la participación del
capital privado local y trasnacional, por medio de una diversidad de
contratos que van desde la exploración y explotación de hidrocarburos
hasta la comercialización de los productos terminados, y la
redistribución de la renta petrolera desde el Estado hacia los nuevos
participantes de la industria.
La reforma energética [mexicana] cierra el largo proceso
de desmantelamiento y reprivatización de petróleo iniciado bajo la
presidencia de Miguel de la Madrid, quien en 1986 cedió a la empresa
privada la producción de 40 de los 70 productos petroquímicos básicos;
medida seguida por la fragmentación de Pemex, los proyectos de impacto
diferido en el registro del gasto (Pidiregas) del presidente Ernesto
Zedillo y los “
contratos incentivados de servicios” implantados
por el presidente Felipe Calderón, entre otras medidas, con las que se
pretendió resolver los problemas operativos y financieros que
caracterizan a la industria referida, revertir el deterioro tecnológico y
de la infraestructura, la declinación de las reservas y la producción
de crudo, gas, petrolíferos y petroquímicos así como la caída de las
exportaciones.
Dos proyectos de nación
A menudo, el contraste de los resultados arrojados por dos proyectos
de nación distintos, que dicen aspirar a los mismos objetivos por
diferentes senderos, resulta francamente odioso. Sobre todo para aquel
cuyos saldos son palmariamente desastrosos.
Es interesante comparar los casos de Argentina y México, cuyos
gobiernos profesan credos ideológicos, políticos y económicos
diametralmente distintos.
El gobierno de Argentina milita en el bando antineoliberal.
El gobierno de México pertenece a la internacional neoliberal.
Pero ambos, con sus reformas energéticas radicalmente opuestas,
prometen avanzar estratégicamente hacia la soberanía y la
autosuficiencia petrolera de sus países.
La presidenta de Argentina, Cristina Fernández, busca alcanzar esas
metas a través de la nueva nacionalización de la empresa Yacimientos
Petrolíferos Fiscales (YPF). Otro presidente argentino, Carlos Menem,
la había subastado en 1992, justificando esa medida con una supuesta
ineficiencia del organismo, ineficiencia que sería subsanada con su
conversión en una virtuosa entidad privada y extranjerizada.
No obstante, en abril de 2012, la presidenta argentina Cristina
Fernández recuperó YPF para el Estado y responsabilizó a la española
Repsol, que se había apoderado de YPF en 1999, de la crítica situación
energética de su país:
caída
drástica de las reservas probadas de petróleo y gas, debido a su
sobreexplotación y a la falta de inversiones destinadas a su reposición y
el mantenimiento de la infraestructura de la industria;
reducción
de la producción de esos productos, lo cual obligó el país a
importarlos en 2011, por primera vez desde 1994, para compensar los
problemas de abastecimiento interno;
especulación con los precios domésticos de sus derivados;
pérdida de ingresos fiscales del Estado;
“
política de vaciamiento” financiero de la filial YPF, con la transferencia de sus utilidades a hacia la casa matriz.
El caso argentino
¿Cuáles han sido los frutos de esas estrategias opuestas?
Para Argentina la cosecha no es despreciable. Según Miguel Galuccio,
responsable de la era reestatizada de YPF, en 2014 las reservas probadas
de su país aumentan en 11,9% con relación a 2013, año en que habían
subido en un 10,6%. El índice de reemplazo de reservas, que mide la
relación entre los hidrocarburos extraídos y las nuevas reservas
incorporadas, es de 163%. En 2013, el índice había sido de 153% y fue
considerado como el más alto de los últimos 14 años. Cuando el índice
supera el 100%, indica que se incorporan más reservas de las que
se extraen.
En Argentina, la producción de hidrocarburos se eleva en un 13,5%, el
nivel más alto en la historia de YPF, superando el récord de 2013,
cuando había aumentado en un 10,6%; la producción de petróleo crudo
crece en un 5,3% y la de gas en un 25%. Esa mejoría se debe a la
ampliación de la inversión pública (se eleva a 58 900 millones de pesos
argentinos), 97,3% superior a 2013. De ese monto, 49 900 millones se
destinan a la exploración y producción (sector
upstream), 115%
más que antes, y 8 400 millones van a la refinación del crudo así como
al procesamiento y purificación del gas natural, la comercialización
y distribución de sus derivados (gasolina, querosén, diesel, gas natural
y licuado, petroquímicos (sector
downstream), un 71% más.
La utilidad operativa de YPF en 2014 es de 19 700 millones de pesos,
64,3% más que en 2013. El beneficio antes del pago de intereses,
impuestos, depreciaciones y amortizaciones (EBIDTA, por su sigla en
inglés) crece en 73%. La utilidad neta, después del pago de esos
conceptos asciende a 9 000 millones de pesos, 59% más que en 2013.
O sea, 2 años de ganancias consecutivas y ascendentes, pese al desplome
de los precios internacionales del crudo en 2014.
En el momento en que el Estado argentino recuperó el control de YPF
–que en 2011 aporta un 36% de la producción nacional de crudo y
condensados y un 23% del gas–, la situación energética de Argentina era
crítica. Los indicadores petroleros básicos muestran que en ese momento “
el modelo privatista está agotado”, como señalan los economistas Agustín Crivelli y Andrés Asiain en su informe
La explotación de hidrocarburos en Argentina. Estudio de caso: YPF SA, opinión que comparte Mariano Barrera en su trabajo
La lógica de acumulación del sector hidrocarburífero en Argentina.
El gobierno argentino tenía entonces 2 opciones:
aceptar
resignadamente la pérdida de la autosuficiencia y de la soberanía
petrolera, debido a la decisión de Repsol que, en función de
sus intereses particulares y no en interés de la nación huésped, había
decidido maximizar la extracción de los campos adjudicados sin realizar
las nuevas inversiones requeridas para compensar el agotamiento de las
reservas explotadas, lo cual violaba el compromiso que Repsol había
asumido en el momento de la reprivatización
o revocar la concesión.
Según los expertos citados, entre 1989 y 2010 el horizonte estimado
de vida de las reservas de petróleo (relación entre la producción anual y
las reservas, que incluye las probadas y la mitad de las probables)
había caído de 14 años a 9,5 años y la de gas de 34 años a 7 años. Datos
de la Agencia Internacional de Energía estadounidense indican que las
reservas probadas habían caído de 12,6 años a 10,9 años entre 1998 y
2011. La Secretaría de Energía argentina indicaba que la producción de
crudo de YPF-Repsol declinaba en un 3,5% como promedio anual entre 1999 y
2011. Sin embargo, entre 2004 y 2011, va decreciendo cada año y
promedia una caída anual de 6,7%.
Entre 1998 y 2011, las exportaciones de Repsol pasaron de
904 millones de dólares a 669 millones de dólares; una caída de 26%.
Mientras tanto, las importaciones a Argentina aumentaron de 96 millones a
1 180 millones, un alza de 1 125%. El saldo pasaba así de un superávit
de 808 millones a un déficit de 510 millones. La balanza energética
total pasaba de un saldo positivo de 1 500 millones de dólares a 3 700
millones. En 2013, ascendía a 8 100 millones de dólares y en 2014 a
7 400 millones de dólares. Es el coletazo postrero de la privatización
petrolera.
Asiain y Crivelli sostienen que el creciente agotamiento de reservas de YPF
“no es consecuencia de una ineficiente gestión empresarial, sino fruto de una estrategia global de la multinacional española”.
Señalan que Repsol obtiene sus mayores ingresos en Argentina pero
reparte más de 90% de sus dividendos e invierte en Alaska
(Estados Unidos), en el Golfo de México, en el Caribe y en el norte de
África:
“Usan las ganancias que les dejan los pozos descubiertos en la época
en que YPF era estatal para fondear inversiones en otros países.”
“Se trata de una lógica predatoria que hace caer las reservas en forma vertiginosa”.
Barrera llega a la misma conclusión:
“El problema es que en las últimas 2 décadas las empresas petroleras
no reinvirtieron utilidades ni generaron inversiones de riesgo.
Sólo explotaron yacimientos ya conocidos.”
Los resultados de YPF en 2014 justifican la nacionalización de la
empresa, tanto en el plano económico como político, así como el proyecto
de desarrollo que lo sustenta: la recuperación estratégica de los
hidrocarburos.
Se necesitaba un golpe de mando, como lo hicieron Rusia, Bolivia,
Ecuador o Venezuela, por mencionar algunos gobiernos progresistas.
- El
9 de agosto de 2012, Cristina Fernández, presidenta de Argentina,
inaugura una nueva refinería de YPF, nacionalizada en abril del mismo
año.
El caso mexicano
En México, el gobierno federal prefirió la reprivatización. El
Reporte de resultados 2014 de Pemex,
del 27 de febrero, y los indicadores petroleros de enero de 2015
muestran a una empresa en virtual quiebra técnica y un sector de
hidrocarburos en incontenible declive.
El estado de resultados consolidado de Pemex reproduce su incesante
deterioro contable, registrado desde la década de 1980, como
consecuencia de la crisis de la deuda externa gubernamental, los agobios
financieros del Estado, la petrodependencia fiscal y las pérdidas
arrojadas por la empresa casi todos los años en sus hojas de balance
después del cúmulo de impuestos pagados a la hacienda pública.
En 2014, el segundo año del mandato del presidente mexicano Enrique
Peña Nieto, Pemex es doblemente víctima. Por un lado, es víctima del
agravamiento de sus contribuciones fiscales. En 2013 sus impuestos
pagados superaban en un 24% el total de sus rendimientos. En 2014, en
55%.
Por otro lado, Pemex es víctima también de la disputa por el mercado
petrolero y los conflictos geopolíticos entre las grandes potencias y
los principales productores de crudo, que llevan a una guerra de
precios. La cotización marcadora del crudo promedio (Brent, West Texas
Intermediate y Dubai Fateh) se derrumba de 105,49 dólares por barril en
junio de 2014 a 47,45 dólares por barril, su nivel más bajo desde 2005.
En febrero de 2015 se ubica en 54,93%.
El colapso petrolero arrastra hacia el abismo el precio medio de la
mezcla de exportación. Cae de los 98,79 dólares por barril, en junio de
2014, a 40,47 dólares por barril en enero de 2015. Es su cotización
más baja desde abril de 2005, cuando fue de 39,86 dólares por barril.
La combinación del menor precio con la sistemática declinación del
volumen de las exportaciones y el aumento de las importaciones de
petrolíferos, gas y petroquímicos, reduce de manera importante el
superávit comercial de Pemex y su rendimiento bruto, que cae en un 6%.
El incremento de los gastos administrativos disminuye su rendimiento de
operación en un 15%. Lo mismo ocurre con su rendimiento antes de
impuestos y derechos, que declina en un 31%, afectado por el alza de los
intereses pagados por sus pasivos internos y externos y por las
pérdidas cambiarias.
Una vez cubiertos los compromisos tributarios (derechos sobre
extracción de petróleo, gravámenes a los rendimientos petroleros,
impuesto sobre la renta y otros), las menguadas ganancias se desvanecen
en la bóveda hacendaria y Pemex aparece con una pérdida neta ascendente a
263 800 millones de pesos, 55% más que las pérdidas registradas
en 2013.
Si a esos números rojos se añade el concepto de “
otros resultados integrales”
(inversiones disponibles para la venta, las ganancias o pérdidas
actuariales por beneficios a empleados y efectos por conversión), la
pérdida integral de Pemex se eleva a 532 700 millones, equivalente a
36 200 mil millones de dólares. En 2013 había sido superavitaria.
Cada año, entre 1998 y 2014, Pemex presenta pérdidas después del pago de impuestos, con excepción de 2006 y 2012.
Como es natural, la precariedad financiera de Pemex tiene al menos un
par de efectos. Obliga a Pemex a endeudarse crecientemente para
compensar sus restricciones presupuestales. En 2014, su deuda financiera
total se eleva en un 36%, ubicándose en 77 700 millones de dólares,
similar a la del gobierno federal, que es de 78 600 millones y equivale a
un 6,3% del producto interno bruto (PIB).
Su balance general consolidado muestra que sus pasivos totales
superan a sus activos, lo que arroja un balance patrimonial negativo por
770 000 millones de pesos, 52 000 millones de dólares. Esa cantidad es
315% peor que en 2013.
- El
18 de marzo de 1938, Lázaro Cárdenas, presidente de México, anunciaba
la nacionalización del petróleo, principal recurso natural de la nación
mexicana. La ley energética aprobada en diciembre de 2013 pone fin al
control estatal del petróleo mexicano.
Con indicadores de esa naturaleza y sin estrategia razonable que
la vuelva sustentable financiera y operativamente, que garantice
utilidades netas aceptables después del gasto de impuestos, cualquier
empresa será considerada en quiebra técnica. Hace tiempo se hubiera
declarado en bancarrota. La reforma energética del presidente Peña Nieto
vuelve inviable el futuro de Pemex y no sería sorprendente su ulterior
extinción.
El otro efecto es su incapacidad para cumplir sus metas operativas.
Prácticamente todos sus indicadores evidencian su creciente deterioro:
declinan los pozos terminados y el promedio de los pozos en operación y
los equipos de exploración. Cae la extracción de crudo y la producción
de petrolíferos –gasolinas automotrices, combustóleo, diesel,
gas licuado de petróleo (GLP), turbosina y otros– y de petroquímicos
básicos y secundarios. La precariedad productiva tiene que ser
compensada con la creciente importación de los mismos para evitar el
desabasto del mercado interno.
Con el castigo presupuestal al que ha sido sometida Pemex desde 1983,
y la sobrecarga fiscal que padece desde 1998, difícilmente podría
esperarse un desenlace distinto. Pero esa situación no es más que la
expresión de un proyecto de nación que supone que la reestructuración
energética y petrolera transita por el desmantelamiento de la estructura
paraestatal, la reducción de la rectoría estatal al papel de
administradora de concesiones –que no recaerá en Pemex–,
la reprivatización y la transnacionalización. Al interés privado del
capital se le trasfiere el interés nacional de la “
modernización energética”.
Dos años difíciles
Por si no fueran suficientes los tormentos de Pemex de los 33 años
precedentes, su tragedia se agudizará en 2015 y 2016, merced al desplome
de los precios internacionales del crudo, iniciado en el segundo
semestre de 2014 y el cual se ha mantenido en el primer trimestre del
año en curso; sus secuelas desestabilizadoras sobre las finanzas
públicas y el programa económico propuesto para el tercer año peñista,
el cual es desbordado por la realidad petrolera desde su discusión en el
Congreso de la Unión; el ajuste fiscal ortodoxo impuesto el 30 de enero
ante la pérdida de divisas e ingresos fiscales petroleros (el recorte
del gasto público en 124 300 millones de pesos, equivalente a 0,7% del
PIB), y los esperados en lo que resta del año, ya que la pérdida de
recursos estatales puede ser del orden de 200 000 millones de pesos; y
la carencia de un plan gubernamental de contingencia anticrisis que guie
una economía que navega a la deriva.
Es el retorno de los tiempos de la improvisación de la infausta
fortuna. Como en los dorados tiempos del neoliberalismo criollo,
aferrados al madero del destino inescrutable.
El presupuesto para 2015 fue planeado, primero, sobre la base de un
precio promedio de 82 dólares por barril de petróleo, precio que se ha
reducido a 81 dólares y posteriormente a 79. Aun cuando éste cierra 2014
en 52,36 dólares, la plataforma de producción y exportación es estimada
en 2,4 millones de barriles diarios y 1,09 millones de barriles,
respectivamente.
Sin embargo, según Pemex, el precio en enero se ubica en 40,15
dólares por barril, 49% por debajo del estimado, en 39 dólares menos. La
producción de crudo es de 2,3 millones de barriles diarios y las
exportaciones de 1,3 millones de barriles diarios.
El saldo comercial se derrumba en 75% al pasar de 1 547 millones de
dólares a 392 millones, lo que representa una pérdida de 1 155 millones
de petrodivisas.
Los ingresos petroleros del sector público presupuestario
se desploman en 43%, en términos reales; el déficit crece
exponencialmente, de 4 900 millones de pesos en enero de 2014 a 95 100
millones de pesos en el mismo mes de 2015, déficit que tuvo que ser
financiado con el endeudamiento externo, que se dispara en 77%,
en términos reales, y pasa de 72 000 millones de pesos a 131 000
millones de pesos. El saldo negativo del gobierno federal pasa de un
superávit por 10 000 millones de pesos a un déficit de 40 400 millones
de pesos, según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Ante el desorden de los ingresos públicos, las nulas probabilidades
de que el precio del crudo de exportación recupere el nivel previsto en
el presupuesto (salvo que ocurra una contingencia relevante que los
impulse hasta ese nivel) y el escaso esfuerzo oficial por elevar los
impuestos para compensar los ingresos perdidos, sólo quedaba la opción
del ajuste fiscal ortodoxo: recortar el gasto.
En la redistribución de los costos del ajuste dentro de la
administración pública, a Pemex, que proporciona un tercio de los
ingresos estatales, le corresponde la mayor carga: el 49% del total.
Es decir, su gasto se reducirá en 62 000 millones de pesos, equivalente a
11,5% del total originalmente presupuestado para 2015 (540 000 millones
de pesos, 35 500 millones de dólares).
En esas circunstancias, la flamante “
empresa competitiva”
llega al mundo bastante maltrecha. Al iniciar su segundo año de vida
Pemex se verá obligada a postergar parte de sus inversiones productivas y
operativas, según declara su director Emilio Lozoya.
En el efecto en cascada, hasta la misma reforma petrolera ha sido afectada.
Ante las escasas posibilidades de que llegue la avalancha de
inversiones privadas previstas, estimadas oficialmente en unos 35 000
millones de dólares anuales, y cuyo monto ha sido reducido en 10 000
millones, prácticamente han sido cancelados los proyectos en aguas
profundas y en los yacimientos de esquisto, en espera de mejores
tiempos.
El problema es que podría terminarse al actual mandato presidencial [de 6 años] sin que lleguen los “
tiempos mejores”.
El consejo de Chicago:
aprovechar la conmoción
Milton Friedman siempre aconsejó aprovechar las épocas de crisis porque éstas “
facilitarían el proceso de ajuste”. Asimismo, recomendó que las medidas debieran aplicarse rápidamente. Como un “
tratamiento de choque” económico.
Los gobiernos mexicanos han sabido aprovechar plenamente las
adversidades. Y el actual no parece ser la excepción: aprovechará la
conmoción fiscal para avanzar en la reprivatización y
transnacionalización petrolera.
Podrían retrasarse la concesión de contratos privados en aguas
profundas y en lulitas. Pero no en aguas someras, mientras Pemex,
inhibida por el recorte presupuestal, está obligada a retrasar sus
programas de inversión en exploración y extracción, procesamiento y
distribución.
“
Como hay menos dinero, tenemos que disminuir el ritmo de inversión de estos proyectos”, dijo Lozoya.
Por ejemplo, Fomento Económico Mexicano (Femsa) acaba de anunciar la
ampliación de sus puntos de venta de gasolinas. En el reparto de la
renta petrolera, Pemex compartirá un proyecto de licuefacción de gas
natural ubicado en su terminal de recibo, almacenamiento y
regasificación Energía Costa Azul, localizada en Ensenada, Baja
California, con las empresas Infraestructura Energética Nova, SAB de CV
(IEnova) y su filial Sempra LNG.
También habría perdedores. La decisión de Pemex por cambiar su
estrategia de transporte de combustibles por ductos, para evitar los
robos, podría perjudicar la calidad, lo cual afectaría a los
consumidores.
Pero quizá lo más relevante hasta el momento sea la oportunidad que
aparece para llevar adelante un aspecto importante de la reforma
petrolera: despedir a trabajadores petroleros, modificar el contrato
colectivo de trabajo y privatizar las pensiones de los futuros
trabajadores del ramo, entre otras medidas. Los trabajadores petroleros
serán sometidos a la lógica del mercado laboral, que no ha sido generoso
con el resto de los trabajadores.
La próxima importación de 100 000 barriles diarios de crudo acelerará la integración energética a Estados Unidos.
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