"... el Juez acordó el sobreseimiento y archivo
de la denuncia por dos razones. En primer lugar, porque a pesar de
admitir que “el denunciante esgrimió ante los funcionarios policiales su
condición de parlamentario español”, el Juez estimó que “es evidente
que no se encontraba realizando ninguna función propia de su condición”.
Que el Presidente Rajoy acuda a una final de la selección española de
fútbol o la ministra Fátima Báñez vaya a la procesión del Rocío a
solicitar la intercesión de la virgen para que el paro disminuya, sí que
se considera como algo propio del cargo, pero formar parte de un
piquete informativo en una huelga general, no, eso sí que no..."
Esta es la traducción al castellano del texto que se podía leer en
una de las camisetas realizadas por la cooperativa de presos y presas de
la cárcel de Rebbibia (Roma): “Beato chi crede nella giustizia.. perché
verrá giustiziato”. Si alguien se animara aquí a sacar esas camisetas,
seguro que se forraba.
Iruñea, 26 de septiembre de 2012. La mayoría sindical vasca había
convocado un huelga general contra las reformas del Gobierno. En su
transcurso, mientras participaba en uno de sus piquetes informativos, me
dirijo en dos ocasiones a la policía para interesarme por sus razones
para retener a un joven y golpear a una sindicalista. A pesar de
identificarme como diputado, los policías me sueltan varios porrazos.
Decenas de testigos presenciaron los hechos, recogidos luego por
numerosos medios. Incluso el “Financial Times” inglés llegó a publicar
una fotografía de los mismos en su primera página.
Denunciado lo anterior, el Juez acordó el sobreseimiento y archivo
de la denuncia por dos razones. En primer lugar, porque a pesar de
admitir que “el denunciante esgrimió ante los funcionarios policiales su
condición de parlamentario español”, el Juez estimó que “es evidente
que no se encontraba realizando ninguna función propia de su condición”.
Que el Presidente Rajoy acuda a una final de la selección española de
fútbol o la ministra Fátima Báñez vaya a la procesión del Rocío a
solicitar la intercesión de la virgen para que el paro disminuya, sí que
se considera como algo propio del cargo, pero formar parte de un
piquete informativo en una huelga general, no, eso sí que no.
La segunda razón para archivarlo fue entender que mi petición de
explicaciones a la policía obstaculizó e impidió su actuación, motivando
“que los funcionarios policiales emplearan frente a él también la
fuerza necesaria para apartarlo”. Sin comentarios. ¡Paso palabra!
Recurrido el Auto judicial, la Audiencia Provincial de Navarra estimó
parcialmente el recurso interpuesto señalando que no hubo evidencia
alguna en mi conducta de “resistencia o actitud peligrosa alguna” y
rechazando que “la actuación de los agentes cuando golpean al
denunciante tuviera su origen en el cumplimiento de un deber” que
pudiera eximirlos de responsabilidad.
En junio de 2014 se celebró el acto de la vista oral del juicio de
faltas por lesiones imputadas a los policías (se rechazó nuestra
petición de calificarlos como delito), pero éste se suspendió tras
comprobarse que el Juzgado (¡...!) no había llamado a declarar a uno de
los agentes. Y ahora, pasados dos años de todo aquello, el Juez ha
declarado finalmente la prescripción de las posibles faltas por no
constar que en la actuación judicial haya habido una imputación concreta
de los hechos y haber transcurrido más de seis meses desde su comisión.
El juez, sin embargo, no señala quién es el responsable judicial de
tanto desatino ni ordena la apertura de expediente alguno al respecto.
En aquella huelga general varios jóvenes fueron acusados de atentado
contra agente de autoridad. A los doce días, por medio de un juicio
rápido, ya habían sido condenados a dieciséis meses de prisión. Sin
embargo a otro joven, Aingeru Zudaire, a quien una pelota de goma le
reventó un ojo como consecuencia de lo cual ha perdido prácticamente la
visión del mismo, se le archivó su denuncia contra la policía. Recurrido
el caso, se consiguió que éste siguiera adelante, pero aún no se ha
celebrado el juicio.
Hace unos días el Tribunal Supremo ha confirmado la condena a dos
años de cárcel para varios ecologistas miembros de Mugitu!, colectivo de
desobediencia civil contra el TAV, por arrojar en Toulouse (Francia)
tres tartas de nata contra la presidenta del Gobierno de Navarra. Nadie
allí les acusó de nada, pero aquí no les perdonaron. Aquí, endulzar la
cara de Yolanda Barcina es delito, y de los gordos. Aporrear a un
diputado de Amaiur, no, por supuesto.
La Audiencia Nacional, a pesar de llevar cumplidos ya cinco años de
los seis a los que fueron condenados, acaba de negar la libertad
provisional a Arnaldo Otegi, Rafa Díez, Sonia Jacinto, Miren Zabaleta y
Arkaitz Rodríguez. A pesar de ser los principales artífices del proceso
de paz y normalización democrática impulsado en Euskal Herria, su
peligrosidad parece ser bastante mayor que la de Rodríguez Galindo,
Barrionuevo, Vera, Sancristobal.., condenados en su día por los crímenes
del GAL (torturas, secuestros, asesinatos, desapariciones,...), quienes
no llegaron a cumplir siquiera ni la décima parte de las condenas que
les fueron impuestas.
La Audiencia Nacional también denegó este año la extradición
solicitada por la jueza argentina, María de Servini, por crímenes de
lesa humanidad, contra los torturadores franquistas Antonio González
Pacheco, alias “Billy el Niño” y Jesús Muñecas. Según la A.N., sus
torturas no formaban parte de un “ataque sistemático y organizado a un
grupo de población”. Es decir, ellos no eran parte activa, consciente y
voluntaria de una Dictadura que desaparecía, torturaba, encarcelaba y
reprimía al conjunto de la sociedad, sino, a lo más, casos aislados que
se extralimitaron en el ejercicio de sus funciones. ¿Dirá ahora lo mismo
la Audiencia Nacional ante la nueva petición de detención y extradición
contra veinte altos cargos (ministros –Martín Villa, Utrera Molina,..-,
militares, policías, jueces,...) de la Dictadura franquista?
La Transición no solo nos legó una Monarquía, un Ejército, una
Policía y una Banca que fueron sostén de una dictadura criminal, sino
también una Judicatura que acató dócilmente sus leyes y calló ante sus
atropellos. Después de aquello, sus togadas señorías fueron recolocadas
sin depuración alguna en la nueva Audiencia Nacional, Tribunal Supremo,
etc.., y allí crearon escuela. No sorprende por ello la actitud benévola
de la actual judicatura en relación con los desmanes realizados por las
llamadas fuerzas de seguridad, cuya impunidad es total. Y no lo digo
yo, que conste, sino que lo afirman las reiteradas condenas
(desapariciones, torturas,...) al Estado español hechas por distintos
Comités de la ONU y el Tribunal de Derechos Humanos de la Unión Europea.
Lo dicho, ““Beato chi crede nella giustizia.. perché verrá giustiziato”.
OTRA HUMANIDAD ES NECESARIA
