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jueves, 13 de noviembre de 2014

PODEMOS HACE REALIDAD LA ESTUPIDEZ INFANTIL DEL " POLICIA UNETE"


jueves, 13 de noviembre de 2014

De asesor de la corrupta alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo y represor en función de su cargo, a activista de Podemos: Carlos Cormenzana, intendente de la Policía Local de esa ciudad y ex director General de Seguridad del Consistorio, ahora está en la formación de Pablo Iglesias.

No parece el perfil medio del activista de Podemos, pero en Alicante uno de los dirigentes de la formación gobernada por Pablo Iglesias es Intendente principal de la Policía Local de Alicante, Carlos Cormenzana. Cormenzana, además, fue alto cargo municipal en el año 2010 al ser nombrado por la alcaldesa, Sonia Castedo, director general de Seguridad del Ayuntamiento, puesto creado para él y que le otorgaba todo el control en el área de policía, bomberos, protección civil, emergencias... Un cargo por el que además se embolsó la nada despreciable cantidad de 81.000 euros al año. 

Diecisiete meses después de su nombramiento, el ahora dirigente de Podemos presentaba su dimisión por diferencias con el concejal de Seguridad, Juan Seva, muchos sueldos después y tras haber destinado su Departamento más de una docena de funcionarios a su cargo. Desde entonces ha estado compaginando su labor de jefe de la Policía Local con pinitos en política y ahora es uno de los activistas de Podemos en Alicante. 

Así, y tal y como ha comprobado El Semanal Digital, el pasado 4 de noviembre Carlos Cormenzana presidía la asamblea número 37 de Podemos en Alicante en la que se debatía la idoniedad de que la formación de Iglesias se presente, o no, a las próximas elecciones municipales. El intendente de la Policía tomaba todo el protagonismo inicial para hacer ver a los asamblearios la necesidad de presentar lista electoral "ya sea con el nombre de Podemos, Guanyem o Lola", explicaba a los asistentes.

Cormenzana, además, hablaba del futuro de su formación y, como parte de su programa electoral, aseguraba a los allí presentes que concurren a las elecciones "no para ser concejales moscas cojoneras, para ganar". No eran estas las únicas palabras contundentes del agente de policía, la falta de argumentos de peso la suplía con expresiones como "no podemos perder porque la ciudad está jodida y entonces los que están jodidos seguirán jodidos". 

Y tan claro tiene el ex alto cargo municipal y todavía Intendente de Policía que tienen probabilidades de éxito porque aseguraba a la asamblea, "podemos ganar, si no es así no vamos a las elecciones". Y terminaba su alocución, entre aplausos con una idea clara: "La convergencia no es la izquierda o la derecha, la convergencia es echarlos y ahora. Sí sabemos hacer las cosas y sí Podemos".

VEWNEZUELA: IGUALDAD PARA LOS OLVIDADOS


Por Mario Esquivel, enviado por Argenpress.info.

Las transformaciones sociales en Venezuela, activadas por el ahora fallecido presidente Hugo Chávez, colocan en las prioridades del gobierno la igualdad y dignificación de los pueblos originarios, olvidados en administraciones anteriores.

Con más de cuatro decenas de etnias en todo el territorio nacional, el país enfrenta el reto de dejar atrás para siempre la deuda histórica de 522 años de esclavitud, coloniaje, racismo, miseria y hambre.

En esa dirección destaca precisamente la instalación del Consejo Presidencial del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, instancia promovida por el jefe de Estado Nicolás Maduro, con vistas a reivindicar la dignidad de las raíces aborígenes.

Etnia Wayuu

De acuerdo con el diseño de ese mecanismo, tendrá el mismo rango del Consejo de Ministro y su creación se deriva de la necesidad de integrar a las comunidades originarias y de poner en marcha programas dirigidos a fortalecer el bienestar de los indígenas.

Los datos oficiales muestran que en el país residen cerca de 727 mil indígenas, de los cuales el 57 por ciento pertenece a la etnia wayuu, con importante presencia en el estado de Zulia.

Además, la población aborigen representa el 54 por ciento de los habitantes del estado de Amazonas, unido a su localización en entidades como Bolívar, Delta Amacuro, Monagas, Anzóategui, Sucre y Apure.

Bajo esas premisas, el gobierno dispuso la creación del Instituto de Idiomas de la Lengua Indígena, para ir al rescate de la cultura de los pueblos originarios.

En ese tema, la ministra de los Pueblos Indígenas, Aloha Núñez, indicó que de las 44 etnias, 34 hablan el idioma propio y 10 lo han perdido, de ahí la importancia de un centro de ese tipo.

A manera de ejemplo está el caso de la comunidad Mapoyo (estado de Bolívar), la cual cuenta con apenas 322 y trabaja por evitar la desaparición de su lengua original.

Las propuestas surgidas abarcan un amplio espectro de temas, entre ellos los vinculados a la salud, donde se pretende la creación de centros que combinen la medicina científica y la tradicional.

Mientras, en el ámbito de la alimentación está el impulso del desarrollo agrícola, con maquinaria y tecnología, sin dejar a un lado el cultivo de productos locales.

Unido a ello, surgió la idea de conformar un fondo social para proyectos socioproductivos que sean supervisados por el Consejo Presidencial.

De hecho, la estrategia apunta a la continuidad de la política de Chávez, con participación directa de las comunidades originarias en el desarrollo del nuevo modelo económico-social del país.

CONTRADICCIONES INTEIMPERIALISTAS EN TORNO A SIRIA


 13 de noviembre de 2014

Estos análisis sí que son esclarecedores y no las sopas de letras ni esa especie de urraca parlanchina (léase "debate made in Errazkin", whisky incluido) de Santiago Alba Rico e Iñaki Errazkin respectivamente. Claro que esos dos tuercebotas no le llegan al francés Thierry Meyssan ni a la suela de los patucos de su mascota si es que la tiene: La coalición estadounidense está dividida en materia de objetivos, por Thierry Meyssan.

Washington ya no desea derrocar la República Árabe Siria porque considera que la Coalición Nacional de la oposición externa siria es incapaz de gobernar el país y también porque no quiere que Siria se hunda en la anarquía. A diferencia de Libia y de Irak, Siria tiene fronteras con Israel, así que sembrar el caos en Siria podría resultar fatal para el ahijado sionista de Estados Unidos.

Poco a poco, el estado mayor estadounidense ha venido revisando la definición que dio en 2001 de su proyecto de «Medio Oriente ampliado» o (Greater Middle East Initiative), cuyo mapa había publicado el coronel Ralph Peters durante los debates de la Comisión Baker-Hamilton. Dentro de la administración Obama existe una facción que milita por la aplicación de un nuevo plan que consistiría en el rediseño simultáneo de Irak y Siria bajo la forma 5 Estados, 2 de ellos transfronterizos.

En julio de 2013, el neoconservador alemán Martin Kobler, representante en Irak del secretario general de la ONU Ban Ki-moon, había anunciado sorpresivamente al Consejo de Seguridad la fusión de los campos de batalla de Irak y de Siria.El mapa de este nuevo plan fue publicado en septiembre de 2013 por la periodista Robin Wright, en aquel entonces investigadora en el United States Institute of Peace, el think tank del Pentágono.

El nuevo mapa prevé una drástica reducción de Siria, que perdería el 75% de su territorio. Ese plan ya cuenta con el respaldo de Israel, como indicó el ministro israelí de Defensa Moshe Yaalon durante su visita a Estados Unidos.


El nuevo objetivo de Washington sería mantener la República Árabe Siria al menos en la parte del actual territorio sirio que limita con Israel, o sea en Damasco y en la costa del Mediterráneo. Pero Francia y Turquía, por el contrario, no quieren una fusión del Kurdistán iraquí con el norte de Siria, variante que acabaría provocando inevitablemente la división de Turquía.

Francia y Turquía tampoco desean la aparición de un gran Sunnistán, que abarcaría el territorio iraquí actualmente ocupado por el Emirato Islámico (también designado como Daesh y anteriormente como EIIL) y el desierto sirio y que escaparía a la influencia de París y Ankara en una variante que sólo beneficiaría los intereses de Estados Unidos y de Arabia Saudita.

Es por eso que París y Ankara se han esforzado, en primer lugar, por eliminar o por lograr que otros eliminen a los kurdos del PYG (aliados del PKK), favorables a la creación de un Kurdistán en Turquía y por consiguiente hostiles al proyecto estadounidense de creación de un falso Kurdistán, que abarcaría el actual Kurdistán iraquí y casi todo el norte de Siria incluyendo territorios no habitados por poblaciones kurdas pero sin tocar el territorio de la actual Turquía) y por obligar a Washington a volver al proyecto inicial de «primavera árabe» en Siria: tendiente a poner a la Hermandad Musulmana en el poder en Damasco.

Dada la resistencia del pueblo sirio y las continuas victorias de su ejército desde hace más de un año, Washington perdió confianza en la posibilidad de concretar su plan. Al mismo tiempo, Obama entrevió la posibilidad de asociarse con Irán. Ahora se sabe que incluso escribió en secreto al Guía de la Revolución iraní –el ayatola Ali Khamenei– proponiéndole una alianza para aplastar a Daesh. Pero con la condición de que Khamenei apruebe el acuerdo con Washington ya negociado en Viena por el presidente iraní Hassan Rohani.

Ahora bien, «aplastar a Daesh» podría significar liberar las poblaciones iraquíes y sirias que ahora se hallan bajo el dominio del Emirato Islámico y volver al statu quo ante bellum, o instalar –en nombre del realismo– un gobierno más legítimo en el espacio que hoy ocupa ese grupo yihadista, lo cual equivaldría a realizar el plan Wright.

En clara reacción ante el proyecto de creación de un Sunnistán en territorios pertenecientes a Irak y Siria, el secretario general del Hezbolla, Hassan Nasrallah, aprovechó la celebración de la Ashura para denunciar la responsabilidad de Arabia Saudita en el desarrollo del takfirismo. Con esa denuncia, Hassan Nasrallah designó por primera vez el wahabismo como la matriz de un proyecto que perjudica el islam, lo cual significa que el wahabismo no es una rama del islam sino una herejía que pone a todos los musulmanes en una situación embarazosa y perjudicial para toda su comunidad y para la religión que practican.

Considerando que si el Guía de la Revolución iraní rechaza la proposición estadounidense Washington pudiera decidir atacar el Ejército Árabe Sirio para obligarlo a replegarse hacia Damasco y Latakia, la República Árabe Siria decidió adelantarse a los acontecimientos solicitando urgentemente a la Federación Rusa que le entregue la última generación de misiles antiaéreos S-300, los únicos capaces de mantener a raya los aviones de la US Air Force. Moscú ya confirmó que la entrega de esos misiles antiaéreos se concretará en cuanto se completen algunos trámites administrativos.

Por su parte, el ministro francés de Relaciones Exteriores Laurent Fabius publicó, el 3 de noviembre, un artículo de opinión que apareció en 3 diarios de Francia, Estados Unidos y Arabia Saudita. En ese artículo, Fabius llama a «salvar Alepo» del «régimen» de Damasco. El texto, muy bien escrito, trata de convencer a los aliados de Francia para que renuncien a la ofensiva contra el Emirato Islámico y lo ayuden más bien a derrocar la República Árabe Siria. Pero es poco probable que ese artículo de opinión sea suficiente para lograr ese objetivo, sobre todo porque quienes saben lo que realmente sucede en el terreno deben haberse quedado muy negativamente impresionados por la increíble mala fe del jefe de la diplomacia francesa.

Por otro lado, Francia y Arabia Saudita finalmente firmaron el contrato que Riad había anunciado hace cerca un año, para la compra de armamento para el ejército libanés. Oficialmente, el rey Abdallah regala 3 000 millones de dólares en armamento francés al ejército libanés para que esa institución armada pueda modernizarse y defender su país. Pero en realidad se trataba de una muestra de agradecimiento a los militares libaneses por no haber grabado la confesión del terrorista Majed el-Majed. En todo caso, dado que el único objetivo posible de esa entrega de armas es convertir al ejército libanés en rival del Hezbollah, es poco probable que ese trato llegue a concretarse. Es posible que los sauditas proporcionen, cuando más, los medios necesarios para acabar con los yihadistas en la región de Qalamun ya que, si se aplica el plan Wright, esos individuos dejan de ser útiles. Incluso podemos apostar a que pronto dejarán a libaneses y franceses a solas con sus sueños.

Lo que ya resulta más que evidente es que una coalición profundamente dividida en cuanto a sus objetivos tiene muy pocas probabilidades de alcanzar la victoria.

EL GUARDAESPALDAS HABLÓ

 


Este Custodia de los Jefes Terroristas de ISIS afirma que son una banda detrás de dinero y poder. No existen valores religiosos ni veneración del Islam alguna


A pesar del incesante flujo de propaganda presentándose como los custodios del islam, los líderes del Estado Islámico actúan motivados más por intereses pragmáticos que en defensa de valores religiosos, confiesa un desertor de la milicia.

Así lo aseguró Abu Abdullah, quien trabajó como guardaespaldas de Saddam Jamal -uno los principales jefes militares del Estado Islámico (EI)- durante una entrevista concedida al diario británico 'The Telegraph' después de desertar de la milicia.

Antes de unirse al EI, el exguardaespaldas afirmó que "Jamal primero fue traficante de drogas, luego sirvió en el Ejército Libre Sirio, donde obtuvo recursos provenientes desde la CIA, para después convertirse en uno de los prominentes miembros de la cúpula militar de los yihadistas".

Según Abdullah, la historia de su exjefe refleja claramente que los líderes del EI actúan de manera pragmática para aumentar sus recursos económicos y obtener mayor poder, utilizando la defensa del islam como mera retórica para ganar simpatías y legitimidad ante la población local.


El exceso de violencia de los yihadistas empleado contra la población civil motivó que Abdullah desertara. "Muchos de los combatientes extranjeros que llegan a Siria para combatir en la 'guerra santa' se decepcionan y escapan tras ver el verdadero comportamiento del EI", subraya.

"Algunos creen que las matanzas, violaciones, asesinatos y secuestros son una buena forma de expandir el islam", "no obstante, a muchos jefes militares como Jamal no les importa la misión de propagar el islam. Solo se preocupa

GOBIERNO IMPUESTO POR OCCIDENTE EN LIBIA SE ESCONDE EN UN HOTEL A MIL KILÓMETROS DE TRÍPOLI


Imagen de Gadafi muerto
Pascual Serrano
El gobierno impuesto por Occidente se esconde en un hotel a mil kilómetros de Tripoli
Una grúa retira los restos de un vehículo calcinado por la explosión en la ciudad de Shahat, frente al edificio en el que el enviado de la ONU Bernardino León iba a reunirse con el primer ministro Al Thini / STRINGER (REUTERS)
Lo contaba la BBC el pasado 17 de octubre. Tres años después del derrocamiento y asesinato de Gadafi, los nuevos parlamentarios libios apoyados por Occidente “están atrapados en un hotel en un remoto puerto, a unos 1.000 kilómetros de la capital, Trípoli”.
En julio pasado, milicianos fundamentalistas atacaron Trípoli, forzando la huida del parlamento recién electo. El gobierno se vio obligado a alquilar un ferry de bandera griega y anclarlo en la bahía de Tobruk para que sirviera de alojamiento a funcionarios, activistas y sus familias, quienes habían tenido que dejar sus hogares para escapar de las amenazas de muerte. Tobruk, una ciudad de unos 120.000 habitantes en el extremo oriental de Libia, es ahora uno de los últimos bastiones de las autoridades reconocidas y apoyadas por Occidente.
Los diputados pasan parte de sus días recorriendo el vestíbulo del hotel o bebiendo café al lado de la piscina, con vistas al Mediterráneo. Se limitan a discutir sobre leyes y nombramientos para un país en caos. La BBC recuerda que ese parlamento y ese gobierno no controlan ninguna de las tres principales ciudades del país. Incluso en Derna, la ciudad costera más cercana a Tobruk, se ha autoproclamado un califato islámico, donde los funcionarios del gobierno no pueden ni acercarse.
Lo curioso es que quienes impiden que este gobierno ejerza sus funciones, son las mismas milicias que Occidente apoyó para tirar a Gadafi del poder. Como se recordará, el 23 de octubre de hace tres años Gadafi fue derrocado tras una campaña de bombardeos liderada por Occidente que apoyaba a los rebeldes islamistas. En septiembre de 2011 el presidente de Francia, Nicolás Sarkozy, y el primer ministro de Reino Unido, David Cameron, visitaron Bengasi orgullosos de haber colaborado con sus tropas y cazas en el cambio de régimen. “Pelearon como leones. Celebramos su coraje”, dijo Cameron.
Pero, como señala la BBC, esos leones –las milicias revolucionarias libias– no se desmovilizaron. Y de entonces a la fecha “han causado caos en el país, sitiando al parlamento, ocupando ministerios y, una vez, hasta secuestrando al primer ministro”. Algunas milicias luchan por los intereses de sus pueblos o regiones, pero otras se han aliado con grupos políticos islamistas, incluyendo a los Hermanos Musulmanes.
La actual crisis estalló cuando los islamistas perdieron las elecciones de junio y las milicias de Misrata y otras zonas procedieron a sitiar la capital. Ahora dos instituciones se encuentran enfrentadas, el parlamento islamista instalado en Tripoli y las autoridades refugiadas en Tobruk. Los segundos acusan de terroristas a los primeros y critican que algunos países de Occidente apoyaran a grupos islamistas considerados moderados, de hecho las fuerzas en Bengasi (bajo control islamista) son aliadas de grupos yihadistas como Ansar al Sharia, una organización considerada terrorista por Estados Unidos. Por su parte, los de Tripoli acusan a a los de Tobruk de aceptar a algunos políticos y funcionarios que trabajaron con Gadafi.
Es evidente que la intervención de Occidente solo ha ayudado a desmantelar un país sin llevar ni democracia ni derechos humanos como se prometía tras el asesinato Gadafi. Incluso han colaborado a desestabilizar más la región. Estados antiislamistas, como Egipto, o de otra tendencia musulmana, como Emiratos Árabes Unidos, están dado apoyo militar a las autoridades de Tobruk. Mientras que Qatar y Sudán podrían estar apoyando a los rebeldes islamistas.
Paradójicamente, ahora surgen voces preocupadas por si estos militantes islámicos tomaran el poder en Libia. Señalan que están a dos horas por mar de Italia. Algo que no pensaban los gobernantes europeos cuando les estaban apoyando para quitar a Gadafi del poder. (Tomado de Www.pascualserrano.net)

OTRA HUMANIDAD ES NECESARIA 

LA LEY MORDAZA, UNA VUELTA DE TUERCA HACIA UN ESTADO MÁS AUTORITARIO

La reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana del Partido Popular es un paso más en su necesaria estrategia de eliminación de libertades públicas.

Respuesta coercitiva frente a las movilizaciones socialesLa Ley Mordaza, una vuelta de tuerca hacia un Estado más autoritario La reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana del Partido Popular es un paso más en su necesaria estrategia de eliminación de libertades públicas.



Desde la irrupción del 15-M se ha producido un nivel de movilización en aumento en el país que se ha mantenido a través de las mareas, el movimiento obrero, la lucha de la Plataforma de Afectados contra la Hipoteca, etc. En paralelo, se han venido produciendo evidentes excesos en el uso de la fuerza y en la identificación indiscriminada de manifestantes y transeúntes.

Las Marchas por la Dignidad del 22-M fueron una expresión cualitativa de la movilización bajo unas consignas de trabajo digno, vivienda y servicios públicos. En este sentido, cabe recalcar que la manifestación del 22-M fue masiva y pacifica viéndose interrumpida cuando aún no había finalizado por la intervención de las fuerzas de seguridad y orden público que comenzaron a cargar indiscriminadamente contra los manifestantes. Paralelamente, la Administración utilizó la actual Ley de Seguridad Ciudadana para sancionar a muchos de los manifestantes que participaron en dichas marchas.

Ante esta situación,los ciudadanos y ciudadanas acudieron a la Justicia en defensa de los derechos fundamentales de manifestación, obteniendo sentencias que les amparaban y condenaban a la Administración.

Cabe recordar que recientemente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha sentenciado que la imposición de multas a manifestantes, medida contemplada de forma abusiva en la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana con importes exorbitantes, atenta contra los derechos fundamentales de las personas.

La reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana llevada adelante actualmente por el gobierno del Partido Popular es un paso más en su necesaria estrategia de eliminación de libertades públicas para consolidar el cambio del modelo económico y social que se inició, al dictado de los poderes económicos transnacionales y el BCE, con la reforma del artículo 135 de la Constitución. El modelo económico aplicado, caracterizado por la constante transferencia de la riqueza pública –de toda la sociedad- y de las rentas de los trabajadores a una minoría oligárquica cada vez más enriquecida, requiere la puesta en marcha de mecanismos que amputen de raíz cualquier intento de protestar contra su instauración. La implantación de este modelo es global, y comenzó a ponerse en practica de forma generalizada en el planeta tras la desaparición del denominado “socialismo real” y en especial tras los impactantes sucesos del 11-S de 2001.

Es imposible valorar el impacto y alcance de este cambio de modelo económico y social sin ponerlo en relación con las medidas correlativas de reformas legales que en materia de justicia y libertades han sido ya aprobadas por el gobierno del PP o actualmente se encuentran en trámite para su aprobación legislativa: Ley de Tasas judiciales, reforma de la Ley de Justicia Gratuita, Ley de Seguridad Privada, intento de reforma de la Ley del aborto, reforma del Código Penal, reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal entre otras…

Durante estos últimos tres años, el actual gobierno ha intentado utilizar el instrumento represor contenido en la vigente ley de Seguridad Ciudadana, forzándola y utilizándola incluso de forma delictiva, en una aplicación represora y restrictiva de la misma que ha generado numerosos y constantes varapalos judiciales, siendo innumerables los casos en los que los propios tribunales han declarado ilegales las sanciones impuestas a los ciudadanos en actos reivindicativos. En los últimos meses se han obtenido incluso sentencias favorables en procedimientos seguidos por demandas de protección jurisdiccional de derechos fundamentales contra sanciones impuestas por diferentes Delegados del Gobierno.

En muchos casos los tribunales penales han ido detectando y recortando el abuso que por parte de los funcionarios policiales se hacía de la figura del atentado contra la autoridad, convirtiendo la mayor parte de los procedimientos abiertos por dicho delito en meras faltas de resistencia. Estas dos cuestiones pretenden ser “corregidas” por la nueva Ley de Seguridad ciudadana en combinación con el nuevo Código Penal, dejando la imposición de estas sanciones a la arbitrariedad de los agentes y cercenando la posibilidad de acudir para defendernos a la jurisdicción contenciosa, hoy tan onerosa debido a la ley de tasas, otro de los pilares del nuevo sistema represivo.

El pacto social de las sociedades democráticas se fundamenta en el respeto y la garantía de todos los derechos humanos fundamentales y libertades públicas, como premisa jurídica irrenunciable para la regulación de los contenidos exactos de lo que se suele denominar como seguridad ciudadana. Obviamente nunca será la libertad la que debe ceder ante la seguridad, sino que entre ambas categorías debe existir un equilibrio que permita el máximo disfrute por la ciudadanía de los derechos fundamentales y libertades públicas. En caso contrario el Estado de Derecho se habría trasformado en un “Estado de Seguridad”.

El texto del Proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana (LSC) refleja lo que el Gobierno entiende como una respuesta coercitiva más eficaz frente a la protesta y movilizaciones sociales contra los recortes y el austericidio. A tal efecto, los derechos ciudadanos individuales se restringen drásticamente y se introduce un clima de amedrentamiento generalizado a los ciudadanos dispuestos a movilizarse en contra de las políticas de recortes, amedrentamiento que pretende disuadir la participación en cualquier movilización.

El preámbulo del Proyecto justifica el texto de la nueva ley sobre supuestos principios jurídicos, todos ellos genéricos, conceptos jurídicos indeterminados y confusos, tales como “seguridad ciudadana” o “el mantenimiento de la tranquilidad ciudadana”. A tal efecto se fortalece la capacidad intervencionista y coercitiva de la policía para restringir aleatoriamente los derechos ciudadanos, ampliándose desmesuradamente las infracciones administrativas, que en la práctica carecen de control judicial efectivo, tanto en virtud de la Ley de Tasas (abono de tasas para poder recurrir) como atendiendo al colapso de los tribunales contenciosos administrativos, que demoran un mínimo de dos años en revisar en primera instancia cualquier sanción administrativa, resultando así ineficaz el control judicial de la legalidad.

Multas de 600.000 euros

Se incrementa exorbitantemente la facultad sancionadora, con sanciones económicas de hasta 600.000 euros por manifestaciones no comunicadas en las inmediaciones de “infraestructuras básicas”-(Art 35.1 PLSC)- lo que parece una desproporcionada sanción sobre los ciudadanos que pretendan ejercer su derechos mediante la organización y participación en la protesta social –el destinatario de la sanción es quien convoque la manifestación, no necesariamente quien cause alteración del orden público- ya que el impago de las multas genera el inmediato embargo de todos sus bienes.

El concepto “seguridad ciudadana” se emplea profusamente en el PLSC como justificación de toda la reforma legal, si bien no se definen ni concretan sus contenidos, lo que permite el ejercicio abusivo y arbitrario del régimen sancionador en su aplicación por la autoridad administrativa o policial competente.

Entre las nuevas potestades de la policía se incluye la facultad para la identificación e “inmovilización” de las personas y, en los supuestos previstos, el traslado temporal de las mismas a dependencias policiales próximas a los efectos de dicha identificación. No se exige la concurrencia de indicios concretos. Todo esto significa que se puede practicar una detención obviando lo establecido en nuestra jurisprudencia constitucional, que no admite la existencia de espacios intermedios entre la plena libertad deambulatoria y la “detención”, para así garantizarse que la detención conlleva -por expreso mandato constitucional- el disfrute de los derechos y garantías legales previstas en el Estado de Derecho para esta situación. De esta forma, el PP pretende sortear uno de los principios fundamentales de cualquier Estado de Derecho, el “favor libertis”, la protección de la libertad individual y la estricta regulación legal de los supuestos en que dicha libertad puede ser restringida mediante detención o encarcelamiento.

Otras medidas previstas en el PLSC que también adolecen de ser contrarias al régimen de garantías y libertades públicas -además de sustraerse en la práctica al control judicial de legalidad- y que claramente colisionan con la actual regulación de los derechos y libertades públicas previstas en la norma constitucional y en los tratados internacionales aplicables en España, son las siguientes: práctica policial del “cacheo” vinculado al “control preventivo”, es decir, sin relación con la perpetración de un delito o infracción administrativa; la restricción del tránsito de personas mediante controles en las vías públicas ante una hipotética alteración del orden público; o la detención previa de “los partícipes en una acción ilegal o contraria al ordenamiento jurídico idónea para provocar alarma social”, quedando tal determinación al criterio de las fuerzas policiales actuantes en una manifestación, incluso si estuviera expresamente autorizada. Considérese que la detención está estrictamente regulada por la Ley de Enjuiciamiento Criminal y su práctica no puede interpretarse extensivamente en cuanto constituye una seria limitación a varios derechos fundamentales de la persona, el de libertad deambulatoria o el derecho de reunión y manifestación.

El texto del PLSC sigue la línea del llamado derecho penal de peligrosidad, convierte la seguridad en una prioridad de la política criminal por encima aun de los derechos individuales. Así la ley establece como “infracción muy grave” las ”reuniones o manifestaciones... no comunicadas o prohibidas... cuando se genere un riesgo para las personas o un perjuicio en dicho funcionamiento...” en instalaciones en las que se presten servicios básicos para la comunidad. La valoración del “riesgo” queda en primera instancia en manos de los mandos policiales y delegación del gobierno, siendo su apreciación imprescindible para la imposición de sanciones y multas de desorbitadas cuantías.

Todas las infracciones que hasta ahora se enmarcaban en el ámbito penal tenían la ventaja de pasar por el control y garantías judiciales, mientras que ahora dependerá su imposición en exclusiva de autoridades administrativas (policía, delegación del gobierno). Las multas se adecuaban obligatoriamente a las circunstancias económicas de la persona condenada, mientras que ahora se fijan unos baremos fijos (hasta 600, 30.000 y 600.000 por las infracciones leves, graves, muy graves).

Las infracciones administrativas sancionables pasan de las 19 vigentes en la Ley de 1992 a 58. Todo un Código de persecución de cualquier forma de expresión por los ciudadanos en desacuerdo u oposición a las actuales medidas antidemocráticas y antisociales.

Las infracciones relacionadas con el ejercicio de reunión son varias. Entre ellas, convocar una reunión “con finalidad coactiva”, sin definirse que ha de considerarse coactivo –la existencia de coacciones la debe determinar un juez mediando un proceso penal-; o la perturbación de la seguridad ciudadana con ocasión de reuniones frente a las sedes de las diversas asambleas legislativas “aunque no estuvieran reunidos”, supuesto que evidentemente no puede conllevar coacción alguna como ha sido determinado en sede judicial recientemente en varias ocasiones.

En definitiva, el PLSC contiene todo un catálogo de medidas intimidatorias generadoras de indefensión que provocan una seria limitación, cuando no la quiebra, del principio constitucional de libertad.

LEGALIZAR LAS DEVOLUCIONES EN CALIENTE

Finalmente, en una operación de filibusterismo parlamentario, el pasado día 21 de octubre el PP presentó inesperadamente una reforma parcial al PLSC que incluye una modificación sorpresiva de la Ley de Extranjería para legalizar las denominadas “devoluciones en caliente”, esto es la expulsión automática del territorio nacional, sin garantías de defensa jurídica o de asistencia letrada para garantizar el derecho de asilo y refugio, de aquellos extranjeros que ya se encuentran en nuestro país. Es un deleznable procedimiento de reforma legal que elude el debate sobre los derechos de los extranjeros en España y que conculca distintos convenios internacionales suscritos por España, entre ellos la Convención de Ginebra de 1951 sobre refugiados.

El PP promueve, sin romper con el marco de la “democracia formal” y el aparente respeto de las libertades individuales, una vuelta de tuerca hacia un Estado más autoritario y que castigue con mayor dureza a los sectores sociales más desfavorecidos por la crisis, como los trabajadores, los pobres o los inmigrantes



OTRA HUMANIDAD ES NECESARIA 

ENTREVISTA CON ALEJANDRO SOLALINDE, CURA Y ACTIVISTA MEXICANO

¡

El reconocido sacerdote mexicano Alejandro Solalinde advirtió que el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa se está repitiendo en muchas partes del país, por lo cual propone hacer una “revolución” en las relaciones con el Gobierno.

SI LOS CURAS, OBISPOS Y CARDENALES DEL MUNDO FUERA COMO SOLALINDE,  LA IGLESIA CATÓLICA SERÍA CONDENADA POR EE.UU. Y EUROPA COMO ORGANIZACIÓN TERRORISTA
SI LOS CURAS, OBISPOS Y CARDENALES DEL MUNDO TUVIERAN LA DECENCIA Y EL CORAJE DE SOLALINDE, LA IGLESIA CATÓLICA SERÍA CONDENADA POR LA OTAN COMO ORGANIZACIÓN TERRORISTA INTERNACIONAL

Así lo manifestó Solalinde durante su participación en el Foro Internacional Comunidad, Cultura y Paz, organizado por el poeta Javier Sicilia, que tiene lugar esta semana en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Morelos, informa el semanario ‘Proceso’.

En México el caso de Ayotzinapa se está repitiendo“, dijo el sacerdote, por lo cual “es tiempo de decirle al Gobierno que es momento de un cambio“.

Además, el religioso -quien antes afirmó que las autoridades mexicanas fueron cómplices en la desaparición de los 43 estudiantes el pasado 26 de septiembre-, subrayó que el país atraviesa un momento crucial por lo cual se debe “perder el miedo al cambio”.

En su intervención, Solalinde afirmó que para ello debe haber un movimiento social que termine con la crisis de México, donde participen todos y “se escuchen a los pobres para construir un reino con valores, sin distinciones”, puntualizó.

Asimismo, el religioso indicó que no puede continuar el apabullante dominio del capital financiero, por lo cual se debe articular un proyecto de nación que incluya a todos.

El sacerdote también dijo estar de acuerdo en “que se vayan todos [los políticos], esto que pasó hay que aprovecharlo como una experiencia dolorosa, no hay reversa”, luego de que varios de los asistentes empezaran a clamar por la renuncia del presidente Enrique Peña Nieto.

 

OTRA HUMANIDAD ES NECESARIA 





PODEMOS Y GUE RECIBEN EN BRUSELAS A LAS VÍCTIMAS DE LA TALIDOMIDA


Víctimas de la Talidomida. Foto: Avite
Víctimas de la Talidomida. Foto: Avite
Los eurodiputados de Podemos Pablo Echenique y Lola Sánchez y el Grupo Izquierda Unitaria Europea (GUE/NGL), donde están integrados IU, Podemos y EH Bildu / Os Pueblos Deciden, han promovido y organizado la visita al Parlamento Europeo, este miércoles, de 18 víctimas del Estado español e inglesas de la Talidomida, un medicamento comercializado en los años sesenta por una empresa farmacéutica alemana, y que causó malformaciones severas a más de veinte mil personas en todo el mundo.
El pasado día 22 de octubre, la Audiencia de Madrid anuló el pago de indemnizaciones a las personas afectadas en el Estado español por el medicamento al considerar prescrito el caso por el tiempo transcurrido en la interposición de la demanda por parte de la Asociación de Víctimas de Talidomida (Avite).
“La sentencia supone, además de una burla a las víctimas españolas al anteponer un criterio jurídico formal de muy dudosa consistencia a la demanda de indemnizaciones que les corresponden en toda justicia, un caso de tratamiento desigual entre las víctimas europeas, puesto que en Alemania, Reino Unido e Italia ya se han tomado medidas indemnizatorias”, ha declarado el eurodiputado zaragozano Pablo Echenique.
“Nadie salvo ellas puede imaginar lo que estas personas han sufrido y continúan sufriendo; Podemos y otras fuerzas europarlamentarias vamos a respaldar hasta las últimas consecuencias a todas las víctimas frente a este nuevo atropello”, añade el eurodiputado.
Para la también eurodiputada de Podemos Lola Sánchez, oriunda de Murcia donde Avite tiene su sede, este caso “pone en evidencia hasta qué punto para algunos gobiernos e instancias jurídicas en España y Europa los intereses económicos de las grandes empresas farmacéuticas priman sobre la salud y derechos humanos de las víctimas de sus malas prácticas”.
La visita tendrá como evento central la reunión entre las víctimas asistentes y eurodiputados de diversos grupos, que se celebrará en la Eurocámara el miércoles 12 de noviembre a las 12.00 horas. Tras el encuentro, las y los asistentes ofrecerán una rueda de prensa para presentar las acciones que se acuerde emprender, para “acompañar a las personas afectadas en su lucha por la justicia”.

OTRA HUMANIDAD ES NECESARIA 

HISTÓRICO ACUERDO ENTRE CHINA Y EE.UU PARA REDUCIR LA EMISION DE GASES DE EFECTO INVERNADERO

China, el principal emisor a nivel mundial de gases de efecto invernadero, se comprometió “para 2030 o antes si es posible”, a rebajar en un 20 por ciento la tasa de combustibles no fósiles antes de ese año.

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El anuncio de China supone la culminación de años de cambio en la actitud de la población ante las elevadas tasas de contaminación. El Gobierno ha prohibido, incluso, la construcción de plantas de carbón en algunas regiones ante la situación, en muchos casos, insostenible.

Por su parte, Obama anunció que las autoridades estadounidenses tendrán como objetivo recortar en 2025 entre un 26 y un 28 por ciento sus emisiones respecto a las de 2005, en el primer compromiso de este tipo más allá del existente del 17 por ciento en 2020, informó la agencia de noticias Europa Press.

Ambos países emiten de forma conjunta cerca del 40 por ciento de las emisiones de efecto invernadero a nivel mundial, por lo que el compromiso podría relanzar las conversaciones para establecer otros nuevos más allá de 2020 en las reuniones previstas en París para este mismo año.

El Gobierno de Obama hace frente a múltiples críticas de la oposición republicana, que quiere usar su control del Congreso para limitar el poder de la Agencia de Protección Medioambiental, según informó el diario estadounidense The Washington Post.

El anuncio llegó durante un encuentro en el que también se alcanzaron acuerdos para recortar las tarifas de los productos tecnológicos, la adopción de medidas de advertencia para reducir las posibilidades de un conflicto militar, y la facilitación de la entrega de visados.

En cuanto a temas más controvertidos, Obama desvinculó hoy a Estados Unidos de las protestas que se desarrollan en Hong Kong desde hace un mes y medio y subrayó su apoyo a la política de una sola China, mientras destacó que su país siempre abogará por la libertad de expresión, informó la agencia de noticias EFE.

OTRA HUMANIDAD ES NECESARIA 

EL GOBIERNO NO ORDENARÁ LA DETENCIÓN DE EXMINISTROS FRANQUISTAS, CURSADA COMO "MUY URGENTE" POR INTERPOL

El Gobierno no ordenará la detención de ex ministros franquistas cursada como "muy urgente" por Interpol
 
La sección de Interpol radicada en Argentina ha cursado una comunicación "muy urgente" a su oficina de Interpol Madrid solicitando la detención preventiva con fines de extradición de las veinte personas investigadas por la jueza María Servini por crímenes del franquismo, entre los que se encuentran los exministros José Utrera Molina, suegro del también exmiembro del Gobierno Alberto Ruiz Gallardón, y Rodolfo Martín Villa.
Agencias
Así lo expone en un escrito, recogido por Europa Press, presentado ante el juzgado del que es titular María Servini de Cubría en el que le pide todos los datos identificativos de los imputados como requisito "indispensable" para emitir una orden de captura internacional completa y evitar detener a personas con su mismo nombre, "casos de homonimia", dice.
No obstante, dentro del mercado de la cooperación policial internacional existente con los colegas españoles, Interpol Argentina ya ha reclamado que proporcionen la totalidad de los registros filiatorios que posean sobre los investigados.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, señaló horas después de conocer la comunicación que España denegará la entrega a Argentina de los últimos 20 acusados por la justicia de este país en la causa por los crímenes del franquismo, al amparase en la Ley de Amnistía de 1977 y la prescripción de los delitos.

El ministro avanzó a los medios en el Congreso que con los antecedentes que existen en la Audiencia Nacional por hechos similares "la resolución será muy equivalente", es decir, "denegar la entrega porque son delitos prescritos en España, donde además hay una Ley de Amnistía".


OTRA HUMANIDAD ES NECESARIA 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DE LA POBREZA INFANTIL EN ESPAÑA

Artículo publicado por Vicenç Navarro en la columna “Dominio Público” en el diario PÚBLICO, 6 de noviembre de 2014.

Este artículo describe una de las situaciones más alarmantes que están ocurriendo en España: el crecimiento de la pobreza infantil. El artículo analiza las consecuencias de tal pobreza, así como sus causas, señalando la insuficiencia de los programas que se han desarrollado para resolver este drama social
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Una de las noticias más importantes que se han publicado estos días es que la pobreza entre los niños en España está creciendo a un ritmo alarmante. Nunca antes, durante el periodo que se define como democrático, habíamos visto un crecimiento tan notable de la pobreza infantil. Las consecuencias de esta situación son enormes, y pueden resumirse en tres. Una es que la pobreza causa un menor desarrollo intelectual y educacional del infante. La evidencia de que ello es así es contundente. Los niños pobres acuden a la escuela con menor frecuencia y su desarrollo educacional es menor que el de los niños no pobres. Los niños pobres suspenden asignaturas más frecuentemente que los niños no pobres. En EEUU, por ejemplo, los primeros suspenden dos veces más que los segundos, y abandonan el sistema escolar dos veces más y a menor edad que los no pobres. Por cada año que un niño se mantiene en la pobreza, aumentan las posibilidades de que se estanque en el sistema escolar. Es decir, que a mayor el periodo del niño en pobreza, mayor es la posibilidad de que esté en la categoría de fracaso escolar. Y la situación es todavía peor, pues cuanto menor sea la edad del niño pobre, mayor es la probabilidad de fracaso escolar. La pobreza en la niñez tiene unas consecuencias educativas mucho peores que la pobreza en la adolescencia.
Hay que saber, pues, que la pobreza entre los niños significa un retraso educacional de un porcentaje elevado (más del 20%) de la población, situación trágica y de consecuencias muy negativas para el desarrollo, no solo económico, sino –y sobre todo- político y social del país. Permitir la continuidad de esta situación (que, como veremos, es totalmente prevenible) es de una enorme gravedad, pues afecta a la calidad de vida y bienestar no solo de la población pobre, sino de toda la población del país, afectando muy negativamente su desarrollo social, cultural y económico.
Los costes en salud y bienestar derivados de la pobreza infantil
La pobreza infantil tiene también un impacto negativo sobre la salud de la población afectada. Las consecuencias más visibles e inmediatas son la malnutrición y las enfermedades causadas por condiciones ambientales y de vivienda, con una escasa protección frente a las inclemencias climáticas (la ausencia de calefacción en invierno es la más común) y una baja resistencia a la enfermedad, consecuencia de la baja inmunidad resultado de la limitada protección y prevención, incluyendo inmunizaciones y vacunaciones. Parte de la menor participación escolar de los niños pobres se debe, precisamente, a estas situaciones.
Los niños pobres tienen más enfermedades que los niños no pobres. De nuevo, la evidencia de ello es abrumadora. Análisis de la dieta diaria muestran consistentemente que los niños pobres tienen una dieta más insuficiente que los niños no pobres. Los elementos clave de esta situación tienen un claro impacto en la capacidad intelectual (y, por lo tanto, educativa) de los niños pobres. Su menor atención en las aulas escolares radica, en gran parte, en temas nutricionales y emotivos relacionados con la pobreza. En realidad, darse cuenta de este hecho forzó al gobierno federal de EEUU a establecer un derecho a la nutrición en aquel país, de manera que todo niño pobre (en realidad, cualquier pobre) tiene el derecho a un alimento digno (el famoso Food Stamp Program, que un gran número de políticos del Partido Republicano quiere disminuir o eliminar). Otro problema grave de salud derivado de las condiciones ambientales es la intoxicación de plomo, que los niños absorben de las pinturas secas que contienen este mineral, y que abundan en su entorno. Esta intoxicación afecta al sistema nervioso, con resultados negativos en la capacidad intelectual de la persona.
Problemas psicológicos y sociales derivados de la pobreza infantil
Otra consecuencia negativa de la pobreza infantil es en la salud mental de las personas afectadas. De nuevo, la evidencia es robusta. Los niños pobres tienen menos seguridad en sí mismos y sufren depresión con mayor frecuencia que los niños no pobres. Tienen más ansiedad y mayor inestabilidad emocional, con una mayor probabilidad de embarazos durante la adolescencia en el caso de las niñas, y una mayor disfuncionalidad en su relación con otras personas de su edad y otras edades.
Ni que decir tiene que cada una de estas consecuencias puede revertirse, bien con atención a las poblaciones pobres y vulnerables, bien a través de medidas que faciliten su salida de la pobreza. El enorme problema social hoy en España (incluyendo Catalunya) es que no se proveen las atenciones personales en cantidades suficientes para paliar el daño ni tampoco se están tomando las medidas para permitir que estos niños salgan de la pobreza. En realidad, se están tomando medidas que incrementan dicha pobreza.
Causas de la pobreza infantil
Antes de iniciar esta reflexión se requieren dos observaciones. Una es que la situación económica de los niños depende en gran medida de la situación económica de sus padres. En general, no hay niños pobres de padres que no lo sean. De ahí que para analizar la pobreza de los niños haya que analizar la pobreza de sus padres. Esta obviedad queda olvidada en un gran número de estudios.
Y la principal causa de pobreza en la gran mayoría de las familias pobres es la escasez de recursos, consecuencia de su situación en el mundo del trabajo y en el mercado laboral. No es casualidad que los países del sur de Europa, que tienen mercados de trabajo muy deteriorados, con un elevado desempleo y un empleo precario, tengan también una elevada pobreza. Lo primero lleva a lo segundo. De ahí que una de las principales causas del crecimiento de la pobreza haya sido las reformas laborales, que tenían como objetivo, precisamente, disminuir los salarios y aumentar la precariedad. La consecuencia de ello ha sido el aumento de la pobreza, incluyendo la infantil. El coste de este aumento de la pobreza para el bienestar de toda la población es enorme. Se puede calcular que la consecuencia del incremento de la pobreza infantil es una reducción de nada menos que del 3% del PIB, una pobreza que afecta a los sectores más vulnerables de la población trabajadora. La pobreza de los niños, por cierto, es un ataque frontal a las pensiones de un país, pues indica una enorme infrautilización de los recursos de este.
La pobreza del Estado del Bienestar español
La segunda causa de la pobreza, que complementa la anterior, es la gran pobreza del Estado del Bienestar español, tanto en las transferencias públicas –incluyendo las transferencias públicas a las familias españolas- como en los servicios públicos, como escuelas de infancia, servicios domiciliarios a las personas discapacitadas, servicios sociales, vivienda social, programas de prevención de la exclusión social, seguro de desempleo, programas de integración en el mercado laboral o programas de formación, entre otros. En cada uno de estos servicios, España (incluyendo Catalunya) tiene uno de los gastos públicos sociales por habitante más bajos de la Unión Europea de los Quince (UE-15), muy por detrás del promedio. Estos servicios ayudan a las familias (y cuando decimos familias queremos decir mujeres) a poder compaginar sus labores familiares con su proyecto profesional. Esta dificultad para integrarse en el mercado de trabajo –que afecta sobre todo a los jóvenes y a las mujeres- es otra causa mayor de la pobreza de los padres y, por lo tanto, de las familias.
Dicha pobreza del Estado del Bienestar es, a la vez, una de las causas de la escasa creación de empleo en España. Este país tiene solo un adulto de cada diez trabajando en los servicios públicos del Estado del Bienestar. Si tuviera alrededor de uno de cada cuatro, como es el caso en Suecia, España tendría unos 3,5 millones más de puestos de trabajo, con lo cual conseguiríamos eliminar una parte significativa del desempleo y estaríamos en camino de reducir considerablemente la pobreza. Ni que decir tiene que el incremento del salario mínimo, de los más bajos de la UE-15, incrementaría los salarios y disminuiría la pobreza de los padres.
Una medida muy importante para disminuir la pobreza infantil es el permiso de paternidad y de maternidad. En Suecia, el padre o la madre puede tomarse un año de permiso para atender a un infante, cobrando el 80% de su salario. En EEUU se ha calculado que este programa, que costaría el 2% del PIB, quedaría compensado con el declive de la pobreza que causaría. En un estudio reciente que analizó el impacto del permiso de paternidad y maternidad en la pobreza infantil (citado por Steven Pressman y Robert H. Scott “Paid Parental Leave and America’s Youngest Poor”, en Challenge, Sept/Oct 2014), se vio (en Australia, Noruega, Suecia y Finlandia) que la existencia y el grado de intensidad de este derecho podría disminuir la pobreza infantil casi un 50%. De nuevo, los países del sur de Europa tienen este derecho muy poco desarrollado, con periodos reducidos y una escasa estabilidad e intensidad del beneficio.
Una última observación
En España las izquierdas han hecho gran hincapié en establecer la renta básica como una manera de resolver o mejorar la pobreza, lo cual me parece bien. Aplaudo y apoyo el desarrollo de la Renta Básica (entendida como tal, y tal como se hace en el País Vasco, programa distinto a lo que se llama salario ciudadano). Ahora bien, garantizar una renta mínima de inserción al ciudadano le ayudará, pero no eliminará la pobreza, pues la renta básica, a fin de ser aceptada por la población, implica una cantidad relativamente menor, que será insuficiente para eliminar la pobreza (aunque sí que la reducirá, y muy en particular la pobreza extrema). Lo que se requiere es, como han hecho los países que han alcanzado una mayor reducción de la pobreza, garantizar el pleno empleo, con salarios altos y con políticas activas de integración en el mercado de trabajo, reduciendo el tiempo de trabajo y facilitando la creación de empleo. Y para aquellas personas que no puedan trabajar, éstas deberían recibir un dinero que les asegure unos ingresos por encima del nivel de pobreza, con unas cantidades mayores que la renta proveída en los programas de renta mínima de inserción. Hay que recuperar el valor e importancia de creación de buen empleo como una responsabilidad pública, junto con transferencias públicas a las familias, mucho más elevadas que las que hoy se consideran en los programas de renta mínima. Solo así desaparecerá la pobreza infantil.

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¿ QUIEN DERRIBO EL VUELO DE MALAYSIA AIRLINES EN UCRANIA

Artículo publicado por Vicenç Navarro en la columna “Dominio Público” en el diario PÚBLICO, 30 de octubre de 2014.

Este artículo presenta una visión crítica por parte de los medios de comunicación sobre la situación en Ucrania.

Edward S. Herman es uno de los analistas que, como Noam Chomsky, más ha contribuido a desmontar el aparato mediático e ideológico que ha sostenido las bases para que se reprodujera la Guerra Fría en EEUU, la cual benefició, y continúa beneficiando, al complejo industrial-militar estadounidense, que tenía y continúa teniendo un gran poder e influencia sobre el Estado federal estadounidense. Fue nada menos que un General, el General Eisenhower, el que había alertado a la población de EEUU del excesivo poder de tal complejo en la vida política de aquel país. Tras salir elegido como Presidente de EEUU, el General Eisenhower en su discurso de despedida de la Casa Blanca subrayó que tal poder era incompatible con el mantenimiento de la democracia estadounidense. Noam Chomsky y Edward Herman han documentado extensamente la veracidad de tal supuesto. El último, Herman, siguiendo esta línea de exposición, acaba de escribir un artículo, “Plane Shootdowns in the Propaganda System”, que cuestiona la versión promovida por los que están reavivando ahora la Guerra Fría a raíz del derribo de un avión comercial en Ucrania. Una vez más, los mayores medios de información (que son principalmente medios de persuasión) han estado manipulando la información sobre este trágico suceso. Como en muchas ocasiones anteriores, tales como el derribo de un avión de Korean Airilines el 31 de agosto de 1983 por parte de un misil soviético, se demostró más tarde que la versión oficial promovida por el gobierno federal de EEUU y los mayores medios de información, incluyendo The New York Times, era errónea -y ello a pesar de que sabían que tal versión no era cierta- en su intento de implicar a la Unión Soviética en un acto de enorme crueldad, matando a los viajeros de un avión comercial. Tuvieron que pasar cinco años para que The New York Times admitiera que no había informado correctamente, sin haberse tomado la molestia de investigar varios casos de aviones comerciales derribados anteriormente, que mostraban la falta de credibilidad en las noticias propagadas en los conflictos y tensiones en los que participa el gobierno federal de EEUU. Herman analiza caso por caso: vuelo 007 de Korean Airlines, 31 de agosto de 1983; vuelo 103 de Pan Am, diciembre de 1988, en Escocia; vuelo 655 de Iran Air, destruido, por cierto, por un misil estadounidense, julio de 1988; vuelo 114 de Libyan Airlines, febrero de 1971; y ahora, Malaysia Airlines, vuelo 17, julio de 2014.
La versión oficial de lo ocurrido
La versión oficial de este último caso, proveída por el gobierno federal de EEUU y por la mayoría de los medios, es que los rebeldes, llamados pro rusos, supuestamente títeres del Presidente Putin, fueron los que, con toda maldad y crueldad, derribaron el avión con un misil ruso, proveído por Putin, al cual se le presenta como el nuevo Hitler (para ver la demonización de Putin por los medios, ver mi artículo “Los mitos sobre Ucrania”, Público, 18.09.14). A la luz de los hechos, Edward S. Herman cuestiona que ello fuera tan claro. Hasta ahora, señala él, no se ha presentado ninguna evidencia de que fueran los llamados pro rusos los que dispararan el misil. Y lo que sí se conoce es que de títeres tienen poco. Son fuerzas autónomas, con una gran capacidad de movilización, pues la mayoría de la población los apoya, y, como es fácil de ver, tampoco son apéndices de Putin, pues en las imágenes televisivas se ve que muchas de sus banderas tienen la hoz y el martillo, símbolos del comunismo, que el Sr. Putin y su gobierno no han hecho suyos desde hace tiempo. En realidad, el gobierno Putin tiene unas relaciones tensas y difíciles con el Partido Comunista Ruso, que es el mayor partido de la oposición hoy en Rusia. Ahora bien, estas fuerzas son populares, no solo en el Este de Ucrania, sino también en Rusia.
Pero el punto de discusión no es si Putin es un santo o un diablo, o si las tropas rebeldes que se oponen al gobierno de Kiev son o no títeres de Putin. Los datos muestran que Putin, siendo un oligarca con escasas sensibilidades democráticas, no es, sin embargo, el demonio irracional como se le presenta. Y los mismos datos muestran que los rebeldes tienen su propia autonomía y no van al mismo paso que Putin. Y, como bien señala Herman, hoy, el único gobierno que ha proveído toda la información al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ha sido, precisamente, el gobierno ruso. La evidencia es que dicho vuelo se desvió de su recorrido normal, y que iba seguido peligrosamente de cerca (a unos 3 ó 5 kilómetros) por un avión militar del ejército ucraniano. Es clave que se explique qué hacía ese avión allí, de dónde vino el misil, y quién lo disparó. Estas son preguntas que no se han contestado. El gobierno ruso ha pedido una investigación internacional que ni el gobierno de Kiev ni el de EEUU han aceptado. ¿Por qué no?
Los silenciados datos y el sesgo de los medios
En una entrevista de Edward Herman por parte de Dan Falcone, publicada en Truthout, 10.10.14, “Mainstream News Coverage of Ukraine Malaysia Airlines Flight 17 Shows Western Propaganda Machine at Work”, Herman expande en la manipulación que existe en los reportajes de los mayores medios de información occidental en su cobertura de la situación en Ucrania. Señala la ocultación de la gran influencia que personalidades neonazis tienen en el gobierno ucraniano y en las tropas que combaten en las regiones pro rusas del mismo país. Muestra como, por el contrario, a los rebeldes se les llama separatistas y pro-Putin, sin aclarar que son predominantemente federalistas y no actúan como meros instrumentos del gobierno ruso. Tales medios también ignoran o tocan de pasada y de puntillas el rol del gobierno estadounidense en el golpe de febrero de 2014, y el papel de apoyo a tal golpe por parte del Fondo Monetario Internacional FMI y la Comisión Europea. También denuncia Herman el silencio del bombardeo discriminado del ejército ucraniano a las poblaciones civiles en las regiones controladas por los federalistas de cultura rusa. Es una entrevista –la que se le hace a Herman- que debería leerse en su totalidad. Se la aconsejo.

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