sábado, 10 de mayo de 2014
Aún recordamos el linchamiento mediático que
la prensa del régimen al servicio del capital, desarrolló contra el más
débil. Por entonces denunciamos que el maquinista no era el único
culpable, hoy un juez que ha demostrado cierto grado de honradez nos da
la razón si bien lo han echado del caso (dicen que se va sin más
explicaciones) por lo que nos tememos lo peor excepto si los familiares
de los fallecidos hacen una piña y siguen con lupa todo el proceso. Y
recuerden: La ministra de Fomento Ana Pastor, que entonces cargó contra
el maquinista, ahora dice "que se sepa toda la verdad". Si se supiera
toda la verdad ella debería acabar en la cárcel: Los ministros deben
estar enterados obligatoriamente de todos los puntos críticos del sector
o ramo que dirijan.
El juez de Santiago Luis
Aláez considera que intereses “circunstanciales y superpuestos a la
seguridad en la circulación” influyeron supuestamente en la apertura
“sin medidas de seguridad suficientes” de la línea de alta velocidad
Ourense-Santiago, en la que el pasado 24 de julio descarriló un tren
Alvia provocando la muerte de 79 personas. A pocos días de dejar el caso
a petición propia, Aláez emitió ayer un auto en el que cita a declarar
como imputados a 11 ex altos cargos de Adif —gestor público de las vías
férreas—, responsables cuando se inauguró la línea en diciembre de 2011,
entre ellos al último presidente nombrado por el PSOE, Antonio González
Marín. A todos los señala como “potenciales autores de un delito contra
la seguridad colectiva y partícipes en los delitos de homicidio y
lesiones”.
Por esos cargos ya está
imputado el maquinista del Alvia, Francisco José Garzón, que circulaba
despistado tras recibir una llamada del interventor del tren y no frenó a
tiempo antes de la curva de Angrois, a la entrada de Santiago, en la
que descarriló a cerca de 200 kilómetros por hora pese a que debía
tomarla a 80. Pero el juez no se conformó con limitar la responsabilidad
del accidente al maquinista y considera que debía contar con más
medidas de seguridad que paliasen su “previsible” error humano. Por ello
en octubre ya imputó a 27 técnicos y directivos de Adif, incluidos sus
tres últimos presidentes, pero la Audiencia Provincial de A Coruña le
obligó a rectificar por falta de pruebas. Desde entonces ha recibido
tres peritajes que señalan similares carencias en la seguridad de la
línea y ha conocido una advertencia sobre el “riesgo” de la curva
lanzada por un maquinista jefe de Renfe a sus superiores, un año y medio
antes del accidente.
Basándose en esos nuevos
datos, el juez atribuye las deficiencias de seguridad que señalan los
peritos a “la pronta apertura de una línea ferroviaria que resultase
atractiva al público”. “Se trataba de publicitar, transmitir, a la
sociedad el logro de la prometida llegada de la alta velocidad a
Galicia”, indica Aláez, para quien “había un objetivo propuesto, poner
en servicio [la infraestructura] en un plazo determinado como aparente
línea de alta velocidad, es decir, sin serlo, o mejor, sin serlo
íntegramente, aun a precio de rebajar la seguridad”. Por ello imputa al
expresidente de Adif, al exdirector de Seguridad en la Circulación
Andrés Cortabitarte, y a los nueve miembros del Consejo de
Administración cuando se abrió la línea en diciembre de 2011, entre los
que está el que fue jefe de gabinete del exministro socialista José
Blanco. “Son esos responsables de Adif los que ordenan ejecutar un
novedoso y complejo enlace ferroviario que no tiene las medidas de
seguridad suficientes”, sentencia el juez.
El País