01.03.2014
por Manuel Medina - Canarias-semanal.org
¿Por qué son tan pocos los que en el Estado español
se atreven a a plantear la necesidad de expropiar a los banqueros,
nacionalizar la banca, socializarla y ponerla al servicio de la
sociedad?
Existe una evidente paradoja que pone de relieve al servicio
de quiénes están aquellos que integran el Ejecutivo español. No sólo el
actual equipo gubernamental de
Mariano Rajoy, sino también todos aquellos que le han precedido. ¿Por qué decimos esto?
Como todos sabemos -o deberíamos de saber- el mantenimiento de la
Administración del Estado no es algo ajeno a los ciudadanos. Sus fuentes
de financiación son, fundamentalmente, los impuestos que por múltiples
conceptos pagamos la mayoría de los españoles.
Hacemos esta obvia aclaración porque, a estas alturas de la
crisis, las ayudas que el Estado ha prestado a la Banca, - a cargo del
conjunto de la población- superan con creces la cifra de
200.000 millones de euros.
Con las dimensiones astronómicas que tiene esta cifra, lo más
sorprendente es que, según las estimaciones realizadas por los
expertos, al menos un tercio de esta ingente cantidad no es recuperable,
no lo pagarán nunca los banqueros. Serán, pues, los
asalariados, los parados, los pensionistas y las clases medias
quienes, de una u otra forma, se verán obligados a sufragar esa deuda a
través de múltiples vías: impuestos, recortes en la sanidad, en la
educación, en los servicios y otras prestaciones sociales,
privatizaciones... sin hablar ya de la estela de tragedias humanas con
la que tanto la codicia de los banqueros como la dinámica voraz del
sistema capitalista han marcado estos últimos años.
Una simple operación aritmética nos permitiría descubrir un hecho
sorprendente y que permanece oculto al conocimiento colectivo. Hasta el
momento presente cada ciudadano mayor de edad del
Estado español ya ha tenido la
"generosidad" de prestarle a la Banca de este país la friolera de casi
un millón de las antiguas pesetas para cubrir los efectos de las operaciones fraudulentas que sus ejecutivos realizaron durante la llamada
"burbuja inmobiliaria".
Sin embargo, lo curioso de esta circunstancia es que, como antes
referíamos, especialistas y técnicos ya nos han adelantado que los
bancos no nos van a pagar todo lo que les hemos prestado.
En el mundo de
las altas finanzas cuando los acreedores no cumplen con los compromisos
adquiridos los escualos que dirigen sus negocios proceden con una
frialdad letal a expropiar implacablemente a sus deudores. Es este un
espectáculo, por otra parte, que contemplamos todos los días. Alrededor
de unas
400.000 familias han sido desahuciadas en el
curso de los últimos años. Dicho de otro modo, paradójicamente los
banqueros han procedido a expropiar sus viviendas a aquellos a los que
el Estado había obligado a prestar dinero a los bancos para - dicen -
"salvar el sistema financiero español" del atolladero en el que él mismo se había metido.
Si utilizáramos procedimientos similares a los que usan los
tiburones financieros con sus deudores, lo que habría que hacer sería
expropiar a los banqueros, nacionalizar la banca, socializarla y
ponerla al servicio de la sociedad.
Pero, curiosamente, muy pocos se atreven a mentar esa
posibilidad. La socialdemocracia de izquierdas apenas balbucea con la
boca chica acerca de su propuesta de crear una Banca pública.
Los social-liberales del
PSOE ni siquiera se aventuran a decir una cosa similar. Sin ir más lejos, en una ocasión el eurodiputado
Juan Fernando López Aguilar,
cuando un correligionario suyo, en un acto público, se atrevió a
sugerir tímidamente esa eventualidad, la descalifico rápidamente
calificándola como una propuesta
"falangista". Lo cual, teniendo
en cuenta que fue justo en el régimen franquista donde los banqueros
encontraron a uno de sus más firmes valedores, no deja de ser un cínico
descaro.
¿Cuál será, pues, el origen del sagrado respeto por la intangible
propiedad de las entidades bancarias por parte de las organizaciones
políticas y sindicales? La respuesta a esa intrigante pregunta hay que
encontrarla en el hecho contrastable de que las principales fuentes de
financiación de unos y de otros durante las tres últimas décadas han
sido precisamente los bancos.
Los principales bancos españoles han estado financiando desde la llamada "
Transición política" a
todos los partidos pertenecientes al arco institucional español. Tanto a
los de derechas como a aquellos otros que eufemísticamente se
autocalifican
"de izquierdas". Y tales apoyos no solo son
prestados en las campañas electorales, sino también en sus gastos e
inversiones corrientes. Algo similar pasa con los dos grandes sindicatos
institucionales. Y es que esas organizaciones, al carecer de una base
numerosa de militantes, dependen también económicamente de los Bancos.
La prodigalidad de las entidades bancarias es muy generosa a la hora de
fijar los intereses de los créditos concedidos a los partidos y otras
organizaciones afines al sistema.
En ocasiones, incluso, los banqueros
se atreven a justificar su prodigalidad proclamando que se trata de un
"servicio social" que prestan al país. Es más, frecuentemente sucede
que a voluntad de los altos ejecutivos bancarios esas deudas quedan
condonadas después de un tiempo, si de acuerdo con el criterio de la
dirección del banco prestamista se estima
"conveniente". Ni que
decir tiene que tales condonaciones se producen con insólita
frecuencia, sin que nadie se pregunte a cambio de qué se manifiesta este
altruismo bancario.
En el siglo XIX,
Carlos Marx escribía que los gobiernos eran simples
Consejos de Administración de la burguesía
dominante.
La aseveración del viejo intelectual comunista fue precisa y rigurosa.
Hoy, quizás, en la complejidad del mundo de nuestros días, a esta
vigente certeza de
Marx habría que añadir la contribución decisiva que prestan estos
"cooperantes auxiliares"que permiten que los
Consejos de Administración funcionen a pleno rendim
Sabino Cuadra
