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sábado, 30 de noviembre de 2013

" COMIDA PARA TODOS"

sábado, 30 de noviembre de 2013

"Comida para todos" fue el titular de ayer en el estelar informativo de la televisora pública RTVE.

Pero no crean que informaban que los doce millones de pobres ya no lo son, que los dos millones y medio de niños ya comen tres veces al día, o que los seis millones de parados por fin encontraron trabajo con lo cual el hambre sería un mal recuerdo.

Ayer y hoy se celebra en España "La Gran Recogida" del Banco de Alimentos por la que se pretenden lograr diez mil toneladas de comida para distribuirlas entre las personas necesitadas. Y lo presentan con gran alarde mediático, como otro gran "logro" un nuevo desafío a alcanzar por el capitalismo. 

Dicen que decenas de miles de voluntarios participan en esta campaña. Ahora lucen una vestimenta indentificativa para que los conozcamos y seamos buenos que pronto nacerá el Niño Jesús de su puñetera madre. 

Hace años se identificaban portando huchas con forma de la cabeza de un chinito de color amarillo, a veces con trenza y todo, o la de un negrito. Hoy podrían hacerlo con el rostro del vecino de al lado. Otro gran "logro" capitalista

Comida para todos, miseria para todos, excepto para millonarios, señoronas enjoyadas y los que están por caer en la pobreza y no lo saben. Pero todo se andará en este capitalismo avanzado que "avanza" hacia su destino final: la desaparición.

SABOTEANDO LAS NEGOCIACIONES DE PAZ ENTRE ESTADOS UNIDOS E IRÁN


El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu intervino desde Tel Aviv condenando toda posibilidad de que se llegara a un acuerdo entre el grupo 5+1 e Irán. Empeñado en sabotear las negociaciones de Ginebra sobre el proyecto nuclear iraní, el gobierno de Israel movilizó a sus poderosos representantes en Estados Unidos, quienes movilizaron a su vez a los congresistas y periodistas que tienen en su nómina. El profesor Jaime Petras describe los medios que Israel ha venido utilizando para imponer sus propios objetivos al Congreso y al poder ejecutivo de Estados Unidos desde hace medio siglo.
| Nueva York (EEUU)
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"Los grupos que desarrollan políticas a favor de Israel, como el AIPAC, trabajan con financiamiento ilimitado para desviar la política de Estados Unidos en la región (del Medior Oriente)".
Jack Straw, Diputado laborista y ex ministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido.
"Estados Unidos debería lanzar una bomba atómica en Irán para incitar ese país a poner fin a su programa nuclear".
Sheldon Adelson, principal donante del Partido Republicano y gran recaudador de fondos para los Comités de Acción Política pro Israel, discurso pronunciado en la Universidad Yeshiva, de Nueva York, 22 de octubre de 2013.
La diferencia entre la guerra y la paz con Irán reside en las políticas que adopten la Casa Blanca y el Congreso de Estados Unidos. Las propuestas de paz del recientemente electo presidente de Irán Hassan Rohani fueron acogidas favorablemente en todo el mundo, excepto en Israel y entre sus acólitos sionistas en Estados Unidos y Europa.

La primera sesión de la negociación se desarrolló sin recriminaciones y dio lugar a una evaluación optimista por ambas partes. Precisamente ante esa respuesta inicial favorable, el gobierno israelí intensificó su guerra de propaganda contra Irán. Sus agentes en el Congreso estadounidense, en los medios de comunicación y en el seno del ejecutivo están ahora movilizados en función de socavar el proceso de paz. Lo que está en juego es la capacidad de Israel para emprender guerras a través de las fuerzas armadas de Estados Unidos y sus aliados de la OTAN contra cualquier gobierno que desafíe la supremacía militar de Israel en el Medio Oriente o que se oponga a la anexión violenta de los territorios palestinos y sus posibilidades de atacar impunemente a cualquier adversario.

Para entender lo que está en juego en las negociaciones de paz tenemos que tratar imaginar las consecuencias que tendría su fracaso: bajo la presión de Israel, Estados Unidos se declara listo a activar sus fuerzas armadas –concretamente, se trataría de golpes con misiles y de una campaña de bombardeos contra 76 millones de iraníes con vistas a destruir su gobierno y su economía. Teherán podría responder a la agresión con ataques contra las bases militares de Estados Unidos en la región y las instalaciones petrolíferas del Golfo, lo cual desencadenaría una crisis mundial. Eso es lo que quiere Israel.

Comenzaremos analizando el contexto de supremacía militar de Israel en el Medio Oriente. Examinaremos después el increíble poder de influencia de Israel sobre el proceso político estadounidense y cómo logra hoy moldear el proceso de negociación, deteniéndonos para ello especialmente en su poder sobre el Congreso de Estados Unidos.

El contexto de la supremacía militar de Israel en el Medio Oriente

Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, Israel ha bombardeado, invadido y ocupado más Estados del Medio Oriente y África que cualquier otra potencia colonial anterior, con excepción de Estados Unidos. En su lista de víctimas están Palestina, Siria, Líbano, Egipto, Irak, Jordania, Sudán y Yemen. Si incluimos los países en los que Israel ha cometido ataques y asesinatos terroristas casi clandestinos, la lista se amplía considerablemente hasta llegar a una docena de países de Europa y Asia, incluyendo los propios Estados Unidos.

La proyección de la fuerza militar de Israel y su capacidad para librar a su antojo guerras ofensivas se corresponde con una impunidad casi total. A pesar de sus reiteradas violaciones del derecho internacional, incluidos sus crímenes de guerra, Israel nunca ha sido condenado por ningún tribunal internacional ni ha sido sometido a sanciones económicas porque Washington utiliza [a favor de Tel Aviv] su derecho al veto en el Consejo de Seguridad de la ONU así como la presión de sus aliados de la OTAN y la Unión Europea.

La supremacía militar de Israel no está vinculada a su propio desarrollo técnico e industrial como con las transferencias y el simple robo de la tecnología del armamento nuclear, químico y biológico de Estados Unidos [1]. En Estados Unidos y Francia los sionistas han desempeñado un papel estratégico en el robo y la transferencia ilegal a Israel de tecnología nuclear y componentes de armas, según una investigación realizada por el ex director de la CIA Richard Helms.

Israel mantiene enormes cantidades de armas nucleares, químicas y biológicas cuyo acceso niega a los inspectores internacionales y no se ha visto obligado a cumplir el Tratado de No Proliferación Nuclear porque Estados Unidos se encarga de intervenir a su favor en el plano diplomático. Bajo la presión de la «Configuración de poder sionista» (CPS), el gobierno de Estados Unidos ha bloqueado toda acción que pudiese limitar la producción de armas de destrucción masiva por parte de Israel. En realidad, Estados Unidos incluso sigue proporcionando a Israel –en violación del derecho internacional– armas estratégicas de destrucción masiva para que Tel Aviv las utilice contra los países vecinos.

La ayuda militar estadounidense y la transferencia de tecnología a Israel superó durante el último medio siglo los 100 000 millones. La intervención diplomática y militar de Estados Unidos en la guerra de 1973 resultó crucial para salvar a Israel de la derrota. La negativa del presidente de Estados Unidos Lyndon Johnson a defender el USS Liberty en 1967, cuando ese navío de inteligencia –que no portaba armas– fue bombardeado y regado con napalm por buques de guerra y aviones de combate israelíes en aguas internacionales, fue para Israel una tremenda victoria gracias a los consejeros sionistas de Johnson. La impunidad de que goza Israel, incluso cuando mata soldados estadounidenses, ha dejado a Tel Aviv en entera libertad para emprender guerras de agresión y sojuzgar a sus vecinos, cometer actos de terrorismo y asesinar a sus adversarios por todo el mundo sin temor a represalias.

La indiscutible superioridad militar de Israel ha llegado a convertir a varios de sus vecinos en colaboradores y prácticamente clientes: Egipto y Jordania han sido de hecho sus aliados, junto con las monarquías del Golfo, al ayudar Israel a reprimir los movimientos nacionalistas y propalestinos de la región.

El factor más decisivo en el florecimiento y la consolidación del poder de Israel en el Medio Oriente no han sido sus proezas militares sino el alcance y la influencia política que ejerce a través de sus agentes en Estados Unidos. Las guerras de Washington contra Irak y Libia y su actual respaldo a los mercenarios en Siria han destruido los tres principales oponentes nacionalistas laicos que se obstaculizaban las ambiciones hegemónicas Israel.

A medida que Israel acumula más poderío en la región, extendiendo su colonización de los territorios palestinos, su mirada se vuelve hacia el este para destruir el último obstáculo que se opone a sus políticas coloniales: Irán.

Desde hace al menos dos décadas, Israel ha solicitado a sus agentes en el extranjero la destrucción del gobierno iraní mediante la desestabilización de su sociedad, el asesinato de sus científicos, bombardeando sus instalaciones militares y laboratorios y estrangulando su economía.

Cuando la CPS logró –en 2003– empujar Estados Unidos a la guerra contra Irak –donde se arrasó literalmente la sociedad secular compleja de ese país y matando más de un millón de iraquíes–, el nuevo objetivo pasó a ser la destrucción del Líbano (el Hezbollah) y del gobierno laico de Siria para aislar Irán y preparar el ataque. Miles de civiles libaneses fueron asesinados en 2006 pero el ataque de Israel al Líbano falló, a pesar del apoyo del gobierno de Estados Unidos y de la intensísima campaña de propaganda. Histérico por el fracaso y para «compensar» su derrota ante el Hezbollah y «levantar la moral», Israel invadió y destruyó en 2008-2009 gran parte de Gaza, la mayor prisión a cielo abierto del mundo.

Al no disponer de la capacidad militar necesaria para atacar Irán por su cuenta, Israel orientó a sus agentes hacia la manipulación del gobierno de Estados Unidos con vistas a iniciar una guerra contra Teherán. Los líderes militaristas de Tel Aviv movilizaron sus recursos políticos a través de todo el territorio de Estados Unidos para que trabajen a favor de la destrucción de Irán, el último adversario realmente temible para la supremacía israelí en el Medio Oriente.

La estrategia de Israel y el CPS está diseñada para abrir el camino a una confrontación de Estados Unidos mediante el uso de sus agentes en el ejecutivo [estadounidense] y recurriendo también al soborno y al control que ejercen sobre el Congreso de Estados Unidos. El control del CRPS sobre los medios masivos de difusión de comunicación favorece su campaña de propaganda. El New York Times y el Washington Post publican a diario artículos y editoriales que promueven la agenda de guerra de Israel. El CPS utiliza el Departamento de Estado para forzar otros países de la OTAN a que también se enfrenten con Irán.

La guerra a través de intermediarios de Israel contra Irán: presión política estadounidense, sanciones económicas y amenazas militares

Si Israel tuviese que contar únicamente con sus propios medios, la «guerra» israelí contra Irán no iría mucho más allá del sabotaje cibernético, de los asesinatos periódicos de científicos iraníes a través de los agentes a sueldo que tiene Tel Aviv dentro de diversos grupos terroristas y de los incesantes discursos de políticos israelíes y del montón de sumisos que le siguen la corriente. Fuera de Israel, esa campaña ha tenido poco impacto en la opinión pública. La «guerra» de Israel contra contra Irán depende única y exclusivamente de su capacidad para manipular la política estadounidense a través de sus agentes locales, de los grupos que controlan el Congreso y mediante las nominaciones de funcionarios que ocupan puestos fundamentales en los Departamentos del Tesoro, de Comercio y de Justicia y como «consejeros» en asuntos del Medio Oriente. Israel no puede organizar [por sí solo] una campaña de sanciones eficaces contra Irán. Eso sólo puede hacerlo Estados Unidos. El predominio de Israel en el Medio Oriente proviene enteramente de su capacidad para movilizar a sus apoderados en Estados Unidos, individuos que a su vez tienen como misión la de garantizar la sumisión total de los representantes electos a los intereses de Israel –especialmente en todo lo que tenga que ver con los adversarios regionales de Israel.

Colocados en puestos estratégicos, los personajes que tienen la «doble ciudadanía americano-israelí» han utilizado su ciudadanía estadounidense para hacerse de puestos de alta responsabilidad dentro del gobierno, directamente vinculados con las políticas que tienen que ver con Israel. Como israelíes, sus actividades siguen los preceptos de Tel Aviv. En la administración Bush (2001-2008) esos altos funcionarios «ante todo israelíes» controlaron el Pentágono (Paul Wolfowitz y Douglas Feith), la política de seguridad para el Medio Oriente (Martin Indyk y Dennis Ross), la oficina del vicepresidente de Estados Unidos (“Scooter” Libby), el Departamento del Tesoro (Stuart Levey) y el Departamento de Seguridad de la Patria (Michael Chertoff). En la administración Obama los «ante todo israelíes» incluyen a Dennis Ross, Rahm Emanuel, David Cohen, el secretario del Tesoro “Jake la serpiente” Lew, el secretario de Comercio Penny Pritzker y Michael Froman como representante para el comercio, entre otros.

El poder a través de intermediarios que Israel ejerce dentro del poder ejecutivo estadounidense es comparable a su control sobre el Congreso. Contrariamente a lo que afirman algunos críticos, Israel no es ni un «aliado» ni tampoco un «cliente» de Estados Unidos. El último medio siglo está lleno de pruebas sobre la clara asimetría de esa relación. Gracias al poder de sus agentes dentro del Congreso estadounidense, Israel ha recibido de Estados Unidos más de 100 000 millones durante los últimos 30 años, o sea más de 3 000 millones de dólares al año. El Pentágono ha transferido a Israel la tecnología militar más avanzada y se ha implicado en varias guerras por cuenta de Israel. El Tesoro estadounidense ha impuesto sanciones que bloquean inversiones potencialmente muy lucrativas en el Medio Oriente (en Irán, Irak y Siria) privando así al sector agrícola de Estados Unidos, a su industria y sus compañías de petróleo de ingresos ascendentes a 500 000 millones de dólares. La Casa Blanca sacrificó las vidas de 4 400 soldados estadounidenses en la guerra contra Irak –guerra promovida por los apoderados de Israel a pedido de los dirigentes de Israel. El Departamento de Estado ha rechazado relaciones amistosas y estables con más 1 500 millones de musulmanes para respaldar la colonia ilegal de un poco más de medio millón de colonos judíos que ocupan militarmente la tierra palestina en Cisjordania y Jerusalén.

La cuestión estratégica que se plantea consiste en saber cómo y por qué se mantiene desde hace tanto tiempo esta relación unilateral entre Estados Unidos e Israel a pesar de tratarse de una relación tan evidentemente contraria a tantos intereses estratégicos de Estados Unidos e incluso a su propia élite. La interrogante más urgente e inmediata es ¿cómo influye esta relación históricamente desequilibrada en las sanciones de Estados Unidos contra Irán y las negociaciones nucleares?

Irán y las negociaciones de paz

No cabe duda de que el presidente de Irán recientemente electo y su ministro de Relaciones Exteriores están dispuestos a negociar el fin de las hostilidades con Estados Unidos haciendo importantes concesiones que garanticen el uso pacífico de la energía nuclear. Han declarado que están abiertos a la reducción o incluso a poner fin a la producción de uranio altamente enriquecido, a la reducción del número de centrífugas e incluso a permitir inspecciones intrusivas no anunciadas, entre otras propuestas prometedoras. Como parte de los acuerdos iniciales, el gobierno iraní propone una hoja de ruta con objetivos finales. La Alta Representante de la Unión Europea para las Relaciones Exteriores, Catherine Ashton, emitió comentarios favorables sobre la reunión inicial.

El gobierno de Estados Unidos emitió señales contradictorias luego de las invitaciones iraníes y la reunión de apertura. Algunos comentarios individuales son prudentemente positivos y otros son menos alentadores y más rígidos. Los sionistas de la administración, como el secretario del Tesoro Jack “Jake” Lew, insisten en que se mantengan las sanciones hasta que Irán cumpla con todas las exigencias estadounidenses (léase israelíes). El Congreso de Estados Unidos, comprado y controlado por la CPS, rechaza las prometedoras y flexibles aperturas iraníes, insistiendo en «opciones» militares o en el total desmantelamiento del programa nuclear legal y pacífico de Irán, pero en realidad se trata de posiciones de la CPS diseñadas para sabotear las negociaciones. Con ese propósito, el Congreso ha adoptado nuevas sanciones económicas aún más fuertes para estrangular la economía petrolera de Irán.

Cómo los Comités de Acción Política de Israel controlan el Congreso de EEUU y preparan la guerra contra Irán

La Configuración del Poder Sionista (CPS) utiliza su poder financiero para dictar la política del Congreso estadounidense sobre el Medio Oriente y para asegurarse de que la Cámara de Representantes y el Senado no se aparten ni un ápice de servir de intereses de Israel. El instrumento sionista que se utiliza para sobornar a los congresistas en Estados Unidos son los Comités de Acción Política (PAC).

Gracias a una decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos tomada en 2010, los súper PACs vinculados a Israel dedican grandes sumas de dinero a lograr la elección o la destrucción de candidatos. Los PACs trabajan para Israel. Mientras los fondos no vayan directamente al candidato, estos súper PACs no están obligados a revelar las sumas que gastan ni cómo las gastan.
Los estimados más conservadores de los fondos directos e indirectos que vinculan a la CPS con los parlamentarios estadounidenses se elevan a cerca de 100 millones de dólares en los últimos 30 años. La CPS dirige por lo general esos fondos hacia el poder legislativo y en particular hacia los miembros de los comités del Congreso que tienen que ver con el Medio Oriente. No resulta sorprendente ver que los mayores receptores de dinero del CPS en el Congreso estadounidense sean precisamente los que han promovido activamente las políticas de línea dura de Israel.

 En otros países del mundo esa compra de votos entre los miembros del poder legislativo sería considerada como un soborno flagrante y los implicados –tanto quienes reciben los pagos como quienes pagan– serían enviados a los tribunales y se expondrían a ir a la cárcel. Pero en Estados Unidos la compra y venta de políticos es llamada «cabildeo» [En inglés «lobbyng»] y es totalmente legal y pública. La rama legislativa del gobierno estadounidense ha llegado a parecerse a un prostíbulo caro o una a subasta de esclavos blancos –con la característica de que en ella se juega con las vidas de miles de ciudadanos.

La CPS ha comprado la sumisión a gran escala de congresistas y senadores: de los 435 miembros de la Cámara de Representantes 219 han recibido pagos de la CPS a cambio de sus votos a favor del Estado de Israel. La corrupción es mucho mayor aún entre los 100 senadores ya que 94 de ellos han aceptado dinero del PAC y del súper PAC como pago por su lealtad a Israel. La CPS distribuye dinero tanto entre los republicanos como entre los demócratas, garantizando así votos increíbles en estos tiempos de bloqueos congresionales, con votaciones casi unánimes (por parte de los parlamentarios de ambos partidos) a favor del «Estado judío», incluso a favor de sus crímenes de guerra, como el bombardeo contra Gaza y el Líbano, sin contar los más de 3 000 millones de dólares provenientes del bolsillo del contribuyente estadounidense que van a parar a los cofres de Tel Aviv. Al menos 50 senadores estadounidenses han cobrado cada uno entre 100 000 dólares y un millón en dinero proveniente del CPS durante las últimas décadas. Y a cambio han votado más de 100 000 millones de dólares en subvenciones destinadas a Israel… además de otros «servicios y pagos». Los miembros de la Cámara de Representantes son más baratos: 25 de ellos han recibido entre 238 000 y 50 000 dólares mientras que el resto se conformaba con migajas. Independientemente del monto percibido, el resultado es siempre el mismo: los miembros del Congreso estadounidense recitan el texto que les entregan sus mentores sionistas de los PACs, los súper PACs y del AIPAC, respaldan todas las guerras de Israel en el Medio Oriente y promueven la agresividad estadounidense en nombre de Israel.

Los legisladores más locuaces e influyentes son los que obtienen la mayor tajada del soborno sionista. El senador Mark Kirk (¡Bombas sobre Teherán!) encabeza la lista de los más golosos con 925 000 dólares en pagos del CPS. Le sigue John McCain (¡Bombas sobre Damasco!) con 771 000 dólares mientras que los senadores Mitch Connell, Carl Levin, Robert Menendez, Richard Durban y otros sionistófilos tampoco se cohíben cuando se trata de pasar el cepillo entre los repartidores de dinero de los PAC proisraelíes. En La Florida, la congresista Ileana Ros-Lehtinen encabeza la lista con 238 000 dólares como pago de sus posiciones 100% proisraelíes y por ser más belicista aún que el propio Netanyahu. Eric Cantor recibió por su parte 209 000 dólares por defender las «guerras de Israel» a costa de vidas estadounidenses al cortar los pagos de la Seguridad Social a los estadounidenses de edad avanzada para aumentar la ayuda militar a Tel Aviv.

El representante de las minorías Whip Steny Hoyer consiguió 144 000 dólares por haber encaminado nuevamente hacia Israel a los pocos demócratas que vacilaban en favorecer al Estado hebreo. Y el líder de la mayoría John Boehner recibió 130 000 dólares por hacer lo mismo entre los republicanos.
La CPS ha dedicado también enormes sumas de dinero a castigar y destruir a una docena de legisladores disidentes que se opusieron a las guerras de Israel y a sus violaciones de los derechos humanos. La CPS invirtió millones en campañas individuales, no sólo en financiamiento de candidatos opositores que habían prometido lealtad a Israel sino también en campañas de difamación contra los que critican a Israel. Esas campañas fueron orquestadas en los más oscuros lugares de Estados Unidos, sobre todo en distritos de población afroamericana, donde serian absolutamente nulos los intereses sionistas locales y carecerían de toda influencia.

No existe nada parecido a los PACs, a los súper PACs, a los líderes partidistas o de organizaciones cívicas que sea capaz de contrarrestar el poder de la quinta columna de Israel. Según los documentos que ha recopilado el valiente investigador Grant Smith, del IRMEP, cuando se trata de Israel, el Departamento de Justicia se niega categóricamente –al menos desde 1963– a aplicar las leyes federales que estipulan la apertura de procedimientos penales contra los ciudadanos estadounidenses que trabajen en secreto para un Estado extranjero. Sin embargo, a través de la llamada «Anti-Defamation League», la CPS ha presionado exitosamente al Departamento de Justicia, al FBI y la NSA para que se investigue y se lleve a los tribunales a ciudadanos patriotas y respetuosos de la ley que han criticado el robo de tierras palestinas y denunciado los sobornos sionistas que corrompen el sistema político estadounidense.

La «prensa respetable», igualmente parcializada y corrupta, hace posible la corrupción y la degradación de la democracia en Estados Unidos. El crítico de los medios de difusión Steve Lendman subrayó en su investigación para el New York Times el vínculo directo que existe entre Israel y los medios de comunicación. Los principales periodistas [presentados como] «justos y equilibrados» que informan sobre Israel tienen fuertes lazos familiares y políticos con ese país y sus artículos no son otra cosa que propaganda. El reportero del Times Ethan Bronner, cuyo hijo sirvió en las fuerzas armadas de Israel, es desde hace tiempo un apologista del Estado sionista. Isabel Kershner, también reportera del Times, cuyos «escritos» parecen venir directamente del ministerio israelí de Relaciones Exteriores de Israel, está casada con Hirsh Goodman, asesor del régimen de Netanyahu sobre «asuntos de seguridad». El jefe de la corresponsalía del Times en Jerusalén, Jodi Rudoren, vive cómodamente en el hogar ancestral de una familia palestina desposeída de esa antigua ciudad.

La inquebrantable postura proisraelí del Times garantiza una cobertura política y la necesaria justificación a los políticos corruptos de Estados Unidos cuando estos hacen sonar los tambores de guerra en nombre de Israel. No es de extrañar que el New York Times, al igual que el Washington Post, esté profundamente comprometido en denigrar y denunciar las actuales negociaciones entre Estados Unidos e Irán. Ambos diarios dedican amplios espacios a la retórica unilateral de los políticos israelíes y de sus repetidores estadounidenses, mientras excluyen sistemáticamente las opiniones más racionales de experimentados ex diplomáticos estadounidenses, de jefes militares cansados de la guerra y de representantes del mundo de los negocios y de los sectores universitarios estadounidenses.

Para entender la hostilidad del Congreso hacia las negociaciones nucleares con Irán y sus esfuerzos tendientes a hacerlas fracasar a través de la imposición de nuevas sanciones ridículas, es importante ir a la fuente misma del problema, o sea las declaraciones de los principales políticos israelíes, quienes marcan a sus acólitos estadounidenses el camino a seguir.

A finales de octubre de 2013, el ex jefe de de la inteligencia militar israelí Amos Yadlin declaró que había que elegir entre «La bomba o el bombardeo», mensaje que de inmediato repitieron los 52 presidentes de las principales organizaciones judías estadounidenses [2]. El 22 de octubre de 2013, el ministro de Inteligencia de Israel Yuval Steinitz llamó a la adopción de nuevas sanciones contra Irán e insistió en que Estados Unidos debe utilizarlas como instrumento de presión para que Irán acepte renunciar por completo a la energía nuclear con fines pacíficos y a su programa de enriquecimiento de uranio. El ministro de Defensa Moshe Yaalon afirmó que «Israel no aceptará ningún acuerdo que permita a Irán enriquecer uranio». La posición de Israel consiste en amenazar con la guerra –a través de Estados Unidos– si Irán no pone fin de inmediato a su programa nuclear. Esto es lo que define la posición de todos los grandes PACs, de los súper PACs y del AIPAC, que a su vez dictan los discursos que pronuncian sus asalariados en el Congreso estadounidense. Por lo tanto, el Congreso de Estados Unidos aprueba sanciones económicas aún más extremas contra Irán para sabotear las actuales negociaciones.

Los que más vociferan son los que se han beneficiado con los mayores sobornos: el senador Mark Kirk (925 379 dólares), autor de un proyecto de ley anterior sobre las sanciones, exige que Irán abandone la totalidad de su programa nuclear y balístico (sic) y declaró que el Senado estadounidense «debe avanzar de inmediato con una nueva serie de sanciones económicas contra todos los ingresos y reservas que aún le quedan a Irán» [3]. La Cámara de Representantes ya aprobó un proyecto de ley que limita drásticamente a Irán la posibilidad de vender su principal producto de exportación, el petróleo. ¡Y nuevamente la CPS de Israel es el eje de un Congreso que trata de imponer al pueblo estadounidense la agenda guerrerista de Israel! A finales de octubre de 2013, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu «cocinó» durante 7 horas al secretario de Estado John Kerry hasta que este último le prometió cobardemente que promovería la agenda de Israel a favor del desmantelamiento del programa de enriquecimiento nuclear de Irán.

Para contrarrestar la campaña promovida por los lacayos de Israel en el Congreso estadounidense en contra de la economía petrolera de Irán, Teherán ha ofrecido generosos contratos a las compañías petroleras de la Unión Europea [4] y de Estados Unidos. Incluso se está procediendo al levantamiento de medidas proteccionistas. Bajo las nuevas condiciones, las compañías extranjeras tienen derecho a escoger las zonas que desean explotar o pueden participar en proyectos iraníes. Irán espera atraer como mínimo 100 000 millones de dólares en inversiones en los próximos 3 años. Ese estable país cuenta con las mayores reservas de gas del mundo y sus reservas de petróleo ocupan el 4º lugar a nivel mundial. Debido a las actuales sanciones estadounidenses –dictadas por Israel– la producción cayó de 3,5 millones de barriles diarios en 2011 a 2,58 millones de barriles diarios en 2013. Está por ver si las transnacionales estadounidenses y europeas serán capaces de desafiar el control de la CPS sobre la política de sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea. Hasta el momento, la CPS ha predominado en ese sentido y ha marginado a las compañías petroleras recurriendo para ello al chantaje, a la amenaza y las presiones contra quienes trazan las políticas estadounidenses, alejando así eficazmente a las empresas estadounidenses del lucrativo mercado iraní.

Conclusión

Mientras tratan de negociar con Irán, Estados Unidos y los otros 5 países enfrentan enormes obstáculos ante el poder de Israel en el Congreso estadounidense. Durante las últimas décadas, los agentes de Israel han comprado la lealtad de la mayoría de los congresistas, amaestrándolos para que obedezcan con la mayor sumisión a la menor señal de los guerreristas de Tel Aviv.

Ese «eje de la guerra» ha perjudicado gravemente al mundo entero, causando la muerte de millones de víctimas de las guerras estadounidenses en el Medio Oriente, en el sudoeste de Asia y el norte de África. La evidente corrupción y la ampliamente reconocida quiebra del sistema legislativo estadounidense son resultado de su sometimiento a una potencia extranjera. Lo que queda de Washington es un Estado vasallo y degradado que se ha ganado el desprecio de sus propios ciudadanos. Si el Congreso controlado por la CPS nuevamente impone su voluntad y logra destruir las negociaciones entre Estados Unidos e Irán con nuevas disposiciones belicistas, nosotros –el pueblo estadounidense– tendremos que pagar un altísimo precio en vidas y dinero.

Es este el momento de actuar. Es hora de levantarse y de denunciar el papel de los PACs israelíes, de los súper PACs y de las 52 principales organizaciones judías estadounidenses cuya misión consiste en sobornar al Congreso y convertir a «nuestros» representantes electos en lacayos al servicio de las guerras de Israel.

Es significativo el silencio de nuestros críticos más reconocidos –sólo unos pocos medios alternativos han denunciado el control que Israel ejerce sobre el Congreso estadounidense. La evidencia está a la vista y al alcance de todos. Los crímenes son irrefutables. El pueblo estadounidense necesita verdaderos líderes políticos con el coraje suficiente para arrancar de raíz la corrupción, acabar con los corruptores y obligar a quienes fueron electos para representarnos en la Cámara de Representantes y en el Senado a que defiendan los intereses del pueblo de Estados Unidos.



LA CRISIS ESTÁ SIENDO UN ÉXITO ( PARA LOS GRANDES DELICUENTES ECONÓMICOS)


30 de noviembre de 2013

El Instituto Nacional de Estadistica confirmó el pasado día 28 de noviembre que el Producto Interior Bruto (PIB) español aumentó en el tercer trimestre del año un 0,1%, lo que ha provocado que el gobierno anuncié a bombo y platillo que la crisis ya ha terminado.

Sin embargo, a pesar del dato macroeconómico, el vocerío del gobierno no engaña a nadie (aunque la prensa del sistema bombardee con la propaganda de sus mentiras) . Lo que si que es una verdad incuestionable es que  la gran mayoría de la población, los trabajadores en especial, aún no ve luz al final del túnel.

Y aunque así fuera, el resultado de esta estafa que llaman crisis ha sido el esperado para sus diseñadores:  el último informe del sindicato de los técnicos de Hacienda de España (Gestha), La desigualdad en crisis: hombre rico, hombre pobre, muestra que el 20% más rico de la sociedad española acumula el 44% de los ingresos declarados a Hacienda en 2012. Es decir, el 44% de la riqueza conocida en España está en manos de un 20% de la población, mientras que el 82% restante se tiene que repartir el 56%. Y estamos hablando de los ingresos y bienes declarados a hacienda, y las diferencias se multiplican si se hiciera un estudio sobre la evasión fiscal, porque esta es mucho más común entre las grandes familias, las grandes empresas y la gran banca. El fraude fiscal en estos sectores es enorme. Según la propia  Agencia Tributaria  española,  el 74% del fraude fiscal se centra en estos grupos, con un total de 44.000 millones de euros que el Estado español (incluido el central y los autonómicos) no ingresa. Aunque esto sea una verdad por todos conocida, el gobierno, que al fin y al cabo está teledirigido por los grandes delincuentes económicos, no hace nada para evitarlo (al contrario, perdona a los criminales, o sea, a sí mismos).

"A esto se suma, dice también el informe de Gestha, que el 20% de los declarantes ‘más pobres’ sólo represente el 6,6% de los ingresos totales".

La crisis ha arrojado a millones de trabajadores españoles a la miseria. Desde 2007, el último año del boom inmobiliario, más de dos millones de personas han pasado a vivir debajo del umbral de la pobreza. En total ya son 9,3 millones de ciudadanos. Las regiones más ricas, Madrid, Cataluña y Navarra, también son aquellas donde más está aumentando la desigualdad (podríamos decir que todas están gobernadas por la derecha como justificación si no fuera porque en España esta gobierna en todas las comunidades autónomas, sin excepción, sea cual sea la etiqueta utilizada para ocultar que se trata de defender los intereses de las grandes fortunas y, por lo tanto, com dijo Balzac en La posada Roja, repitiendo el axioma que aparecería también en La comedia humana "detrás de una gran fortuna siempre hay un gran delito", a los grandes delincuentes.

El índice Gini, que sirve para medir el reparto de la riqueza de un país, ha empeorado desde el 0,28 en 2007 al 0,32, lo cual “supone un nivel elevado para un país como España, que teóricamente, a estas alturas solo teóricamente, se encuentra entre los países más desarrollados.

Al fin y al cabo, después de dos décadas de impunidad de la barbarie capitalista, cada vez más eufórica tras la caida de la Union Soviética y, por lo tanto, de todo impedimento a sus desmanes, el resultado es el esperado por los que provocaron la crisis: más riqueza para los más ricos (los mas ladrones), y mucha más pobreza cada vez para los que con su trabajo mantienen y multiplican sus privilegios, los trabajadores.

" EN HONDURAS YA NO PODEMOS DEFENDER LA VIDA A TRAVÉS DEL DERECHO"

por Grecia Lozano, estudiante UNAH, 


  30 de Noviembre de 2013

La “Opción ‘C’” es la alternativa que tiene el pueblo hondureño para expresar su disconformidad con la situación nacional actual. Esta opción representa: Calle. 
 
 
 
 
 
 “Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador ni a quienes asuman funciones o empleos públicos por la fuerza de las armas o usando medios o procedimientos que quebranten o desconozcan lo que esta Constitución y las leyes establecen. Los actos verificados por tales autoridades son nulos el pueblo tiene derecho a recurrir a la insurrección en defensa del orden constitucional.”


-Articulo 3. Constitucion de la República de Honduras-
El pasado domingo 24 de noviembre del 2013 en nuestro país se celebró una fiesta “cívica” catalogada como tal por la embajadora de los EEUU Lisa Kubiske, en la cual los hondureños aparentemente decidimos quiénes tomarían las riendas de nuestra nación.

 El Tribunal Supremo Electoral determinó que el candidato ganador para el nivel presidencial es la persona con niveles de popularidad más bajos de Honduras y el artífice de lo que más adelante detallaré. Sin embargo, lo que los medios de comunicación nacional –al servicio de los poderes fácticos- no se atreven a denunciar o analizar, es lo que llamo la “Opción ‘C’” que tienen los hondureños como última instancia para defender los derechos inalienables a cada ser humano. Es curioso que el experimento a detallar a continuación también se haya puesto en marcha en la casa máxima de estudios, la UNAH.

Como es de su conocimiento, la madrugada del miércoles 12 de diciembre del año 2012, 4 de 5 magistrados de la Sala de lo Constitucional perteneciente a la Corte Suprema de Justicia de Honduras, fueron destituidos por el Congreso Nacional de la República de Honduras[i][ii] sin argumentos legales o legítimos que fundamentaran la decisión que posteriormente fue ejecutada por militares y situación en la que varios magistrados tuvieron que salir del país para salvaguardar sus vidas. Se sabe que los magistrados sustituyentes fueron nombrados también por quien removió a los anteriores[iii], y se deduce por esas acciones que responden a compromisos adquiridos con sus mandantes.

Es también conocido que posteriormente en la fecha 1 de septiembre de este año, el Congreso Nacional eligió al Fiscal General y Fiscal General Adjunto en un proceso dictatorial[iv] en el que una vez más la mayoría de ese Congreso pertenece a un partido político y cuya cabeza es un candidato presidencial oficialista.

Al tener Juan Orlando Hernández a su servicio la Corte Suprema de Justicia (órgano de mayor jerarquía judicial en Honduras y última instancia para interponer los recursos extraordinarios de casación en todas las materias y los referentes a los recursos constitucionalistas de Hábeas Corpus), el Ministerio Público (Es el organismo independiente de los tres poderes del Estado, creado mediante Decreto Legislativo No 228-93, vigente desde el 6 de enero de 1994, su obligación ineludible es la investigación de los delitos y el ejercicio de la acción penal pública, la vigilancia en el cumplimiento exacto de la condena, así como la sujeción estricta del órgano jurisdiccional a la Constitución Pública y las leyes, constituyéndose en el representante, defensor y protector de los intereses generales de la sociedad y en auxiliar de los tribunales.)[v], y también el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos –que poco o nada ayuda en la evacuación de las denuncias contra el Estado- están en manos de un solo personaje, denominado por muchos: EL DICTADOR, por haber mencionado en una concentración política su seguidismo al General Carías Andino –ex presidente de Honduras y oscuro personaje de nuestra historia- [vi].

Se suma –interesantemente- el Pacto de Cartagena[vii] en el que el ex presidente Zelaya acepta entrar en las reglas del juego de la derecha hondureña, sabiendo que el Tribunal Supremo Electoral no estará integrado más que por los miembros de los partidos tradicionales, al momento de la participación de LIBRE en las elecciones hondureñas.[viii] Dejando entonces al Partido Libertad y Refundación totalmente desprotegido en la titularidad del TSE.

Es así como un solo poder del Estado (El Congreso Nacional), manipulado por una extensa mayoría de un solo partido político y encabezado por un candidato presidencial de ese mismo partido, amarra todas las instituciones del Estado (La CSJ, MP, UNAH) preparando el escenario para el FRAUDE ELECTORAL llevado a cabo el 24 de noviembre del 2013.

¿A dónde puede un ciudadano acudir entonces para denunciar un FRAUDE ELECTORAL? ¿Qué garantía brindan las instituciones del Estado al pueblo hondureño cuando están al servicio de un poder fáctico y dictatorial? ¿Es acaso una venda que el pueblo debe quitarle a la Temis hondureña a base de gritos desesperados?

La “Opción ‘C’” es la alternativa que tiene el pueblo hondureño para expresar su disconformidad con la situación nacional actual. Esta opción representa: Calle. Al no tener confianza de las instituciones del Estado para denunciar los delitos contra los derechos humanos, los ciudadanos en una desesperada situación de mostrar nuestra disconformidad con los procesos no tenemos más alternativa entonces que tomarnos las calles, las plazas, las avenidas, e incluso los lugares donde más seguros nos encontramos: las universidades.

Es por eso que “la vida ya no se puede defender con el derecho”, en primer lugar porque el derecho positivo responde a los intereses de las clases dominantes, en segundo lugar porque las instituciones del Estado encargadas de velar por estas garantías han caído en las manos de la corrupción e inseguridad jurídica producto de la falta de amor por la patria y el intervencionismo imperialista,  en tercer lugar por que quienes defienden su vida alegando sus derechos son perseguidos por los mismos funcionarios públicos que deberían garantizar la seguridad jurídica de los procesos y en cuarto lugar –dejando números apertus- porque los organismos internacionales como la OEA y la ONU han perdido la contundencia y credibilidad que de antaño la humanidad le ha conferido, se puede demostrar con la ineficacia de la intervención de la OEA para el 2009, año del Golpe de Estado en Honduras y se puede verificar con las Naciones Unidas en las reiteradas violaciones del Consejo de Seguridad sobre los acuerdos de la Asamblea General, por mencionar algunos: Suspensión del Bloqueo Económico contra Cuba, Integración de Marruecos en los órganos de derechos humanos.


Ahora defendemos nuestra vida con la existencia misma de nuestro ser, luchando día con día en las calles y resistiendo la intolerable e inoperante respuesta del gobierno: la represión policial-militar, porque los derechos que la Constitución nos otorga ya no son más dignificados, asegurados ni ratificados por el Estado de Honduras, porque esos derechos ya están alejados de la concepción justicia debatida en las aulas de clase de Filosofía del Derecho, porque la ley se convirtió –en Honduras- en la antítesis de la justicia.
No tenemos a dónde acudir, solamente tenemos la “Opción ‘C’”.


[i] Que está conformado en su mayoría por el Partido Nacional de Honduras hasta la fecha.
[iii] El Partido Nacional, encabezado por el entonces Presidente del CN Juan Orlando Hernández.

LA BATALLA POR LA VIVIENDA DIGNA VUELVE AL CORAZÓN DE PARÍS


por Sîssi Muyenga
Sábado, 30 de Noviembre de 2013 11:08

 
 
 
 
Frío glaciar sobre el Gobierno Hollande... y sobre los Sin Techo de Francia 
 
Sólo son unas 300 familias. Es decir, madres, padres, niños, alguna abuela, en su mayoría inmensamente pobres, modestos, entre ellos muchos trabajadores africanos. Pero histórica es la baliza que han plantado estas semanas en el corazón de París, la última capital del primer mundo donde la batalla por la igualdad sigue siendo el nervio de la política organizada. 
 
Histórica la baliza, porque ese puñado de gente humilde ha logrado volver a levantar un campamento permanente de personas sin techo, en lucha por una vivienda digna, en pleno centro de París. Como una favela, pero con reivindicaciones claras, explícitas y negociaciones oficiales con las autoridades

Pocos años después de la requisición ciudadana de un gran inmueble burgués (Rue de la Banque), y unos siete años después del episodio de Les Enfants de Don Quichotte, cuyas imágenes de tiendas de campaña al lado de un canal parisino dieron la vuelta al mundo, éste es el primer regreso del combate por el derecho a la vivienda al centro de la Ciudad Luz, con François Hollande, y no el conservador Nicolas Sarkozy, en el poder.

Seguir leyendo:

La batalla por la vivienda digna vuelve al corazón de París (1)

La batalla por la vivienda digna vuelve al corazón de París (2)

La batalla por la vivienda digna vuelve al corazón de París (y 3)

GOLPE DE ESTADO POPULAR

por Víctor Arrogante López
 
Sábado, 30 de Noviembre de 2013 02:11

No se confundan por el título del artículo. No es que el pueblo haya dado un golpe de estado, es el gobierno del Partido Popular quien lo da. Utiliza su mayoría absoluta legal, para subvertir la apropia Constitución de forma ilegítima. Elimina derechos sociales y recorta derechos fundamentales...
... y libertades públicas. Como el Sistema se lo permite, tendremos que pensar en cambiarlo. 




En la rueda de prensa del viernes tras el Consejo de Ministros, la vicepresidenta Sáenz de Santamaría, ha defendido la reforma de la ley de Seguridad Ciudadana, porque cree que defiende las libertades y los derechos de la ciudadanía. Nos toma por estúpidos, confundiendo conceptos. El gobierno atrasa por ajustes técnicos unas semanas el Anteproyecto de Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, pero la suerte está echada. Para el presidente Rajoy no es una «mordaza», pero lo cierto es que volvemos a la ley de vagos y maleantes utilizada por el régimen fascista.

Esta reforma, si termina aprobándose, coarta la libertad de los ciudadanos, ejerce un mayor control sobre las protestas callejeras, intentando evitar la crítica al gobierno. Hay que oponerse con todas las fuerzas posibles a la criminalización de la protesta social. Si no teníamos bastante con el futuro Código Penal, que criminaliza la protesta social —derechos de manifestación, reunión, expresión y opinión—, mediante duras penas de cárcel, ahora nos llega la reforma de la ley seguridad ciudadana, que trata de arruinar a quienes protestan mediante grandes multas económicas.

La Plataforma en Defensa de las Libertades Democráticas, tiene razón al decir que «Interior y Justicia, Fernández y Gallardón, son el látigo de un gobierno del PP, dispuesto a acabar con el ejercicio de las libertades y derechos». La nueva ley, que tendrá 55 artículos, también regula las diligencias de cacheo e identificación, abriendo la posibilidad de que la policía retire el DNI a la persona identificada para posteriores comprobaciones. Con la reforma de la ley se pretende, no sólo la criminalización de la protesta social, sino su desmovilización mediante el chantaje, la amenaza y la represión.

La aprobación de la ley tiene por delante un largo recorrido, donde surgirán enmiendas, que conociendo al PP, no aceptará. Aprobado por el Consejo de Ministros, se remite al Consejo de Estado y Consejo General del Poder Judicial para que emitan dictámenes; se tramita como ley orgánica —al regular derechos y libertades— y se aprueba por la mayoría absoluta del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto.

En cualquier caso, la voluntad del gobierno está clara; pretende «usar todo el rigor de la ley, contra quienes directa o indirectamente, perturben el orden, la paz y la unidad». Exactamente lo que pretendía el gobierno de Franco en 1956 —diario Arriba, edición del 11 de febrero—, suspendiendo la vigencia de los artículos 14 y 18 del Fuero de los Españoles, relativos a la detención y el confinamiento. Para conseguir lo mismo, el gobierno de hoy, introduce infracciones «graves» o «muy graves», éstas, con multas de entre 30.001 a 600.000 euros —hasta 100 millones de las antiguas pesetas—.

Son infracciones muy graves: La grabación y difusión de imágenes de agentes de las fuerzas de seguridad en el ejercicio de su trabajo, que atenten contra el derecho a su honor o su imagen; la perturbación grave del orden en actos públicos, religiosos o deportivos; las concentraciones no comunicadas ante instituciones del Estado: Congreso, Senado, parlamentos autonómicos o altos tribunales, aunque se encuentren sin actividad; las protestas no comunicadas o prohibidas ante infraestructuras críticas o aeropuertos, como centrales nucleares; los escraches o actos de acoso a cargos públicos.

Por su parte las infracciones consideradas como «graves», serán multadas con entre 1.001 a 30.000 euros: Alterar el orden público encapuchado que dificulte la identificación; amenazar, coaccionar, vejar e injuriar a los agentes de las fuerzas de seguridad cuando estén velando por el mantenimiento del orden público, en manifestaciones o protestas; obstaculizar la vía pública con neumáticos u otros enseres que impidan la normal circulación de vehículos y personas; escalar, como acción de protesta, edificios públicos o precipitarse desde ellos. ¡Que tome nota Greenpeace!

Castigar con las mismas multas a participantes, organizadores y a quienes convoquen protestas ante el Congreso, el Senado y demás lugares, como ante centrales nucleares o aeropuertos, o hacer escraches contra cargos públicos, es un disparate jurídico, como la existencia de desproporción en la infracción, al meter en el mismo paquete sancionador, al asistente a un acto público, como al que lo convoca u organiza. Se desconoce como se ejecutarán las multas en caso de impago, pero nos tememos lo peor.

Asistimos a un «complemento represor» del Código Penal, vía Protección de la Seguridad Ciudadana. Se veía venir y lo tenemos encima. Ya en marzo de 2012, el ministro del interior, en comparecencia parlamentaria, anunciaba: «debemos impedir que la crisis que vivimos, derive en situaciones que ninguno de nosotros deseamos, evitando el incremento de actividades que generan alarma social entre nuestros conciudadanos y que afectan a la paz social, elemento esencial de todo país desarrollado». Le faltó decir que quienes han provocado la crisis, se van de rositas, con el beneplácito y la colaboración necesaria del gobierno.

Para la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, el anteproyecto parece una «ley de excepción que no va en consonancia con la democracia» que «recuerda a la ley de vagos y maleantes» —vigencia: 1933/1970—. La portavoz de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales, subraya que «para garantizar la seguridad no se puede limitar el ejercicio de derechos fundamentales como la libertad de manifestación o expresión». El portavoz de Jueces para la Democracia, considera «absolutamente desorbitadas» las multas y el objetivo «desalentar a la ciudadanía a ejercer derechos fundamentales». Censura el hecho de que algunas faltas del actual Código Penal, pasen a ser infracciones administrativas, convierten a la Administración en «juez y parte», y unido a las nuevas tasas judiciales, genera «situaciones muy cercanas a la indefensión».

El PSOE recurrirá ante el Tribunal Constitucional la futura ley, que nace del «miedo» provocado en el Gobierno y en el PP la movilización ciudadana. Por su parte Izquierda Unida, ha presentado una interpelación ante la Comisión Europea, en la que denuncia, que el anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana que prepara el gobierno de Rajoy supone una «clara violación» de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE.

Para este gobierno, el bien público a proteger es una paz social y de seguridad propias de un régimen totalitario. Que sea por la jornada de «Desobediencia General» que propone la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, o como quiera que sea, entre todos, tenemos que impedir que triunfe el golpe de estado del PP. No solo están recortando los derechos sociales, destruyendo el Estado de bienestar; sino que están atacando derechos fundamentales y libertades públicas, destruyendo el Estado democrático de Derecho.

@caval100
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!NO TENEMOS MIEDO! MASIVA CONCENTRACIÓN DE APOYO. TODAS LAS PERSONAS DETENIDAS EN LIBERTAD


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  de Noviembre de 2013 18:07

(VIDEOS) ¡No tenemos miedo! Masiva concentración de apoyo. Todas las personas detenidas en libertad! @JorgeFTP
Anteproyecto para sancionar como falta grave, con multas de hasta 30.000 euros, las manifestaciones de protesta social. Represión pura y dura. Nos nos callarán. No tenemos miedo ni lo tendremos en el futuro. Hoy a las 19hs todas a Génova y a las 20h a Plaza Castilla.

Todas las personas detenidas han sido puestas en libertad con cargos. Finalizada la concentración en Plaza de Castilla.

El diario Público ha informado: "Los 17 antifascistas detenidos en la operación policial del jueves por la manifestación en la Universidad Complutense de Madrid el pasado 20- N han quedado en libertad con cargos, tras prestar declaración en la sede de los Juzgados de la Plaza de Castilla.

Arropados por un millar de personas, que han llegado hasta la sede judicial en manifestación desde la calle de Génova, los 17 jóvenes han quedado libres, aunque el juez les imputa un delito contra los derechos fundamentales, según han explicado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
La Policía Nacional detuvo ayer por la mañana a 19 antifascistas -dos de ellas liberadas anteriormente por problemas de salud- tras las protestas en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense el pasado 20 de noviembre, en el que resultaron heridas cinco personas de la asociación de ideología conservadora Francisco de Vitoria.

A raíz de estas detenciones, un grupo de 200 personas se manifestó el jueves por la tarde frente a la comisaría de Policía en el barrio madrileño de Moratalaz, acabando con cargas policiales en las que los agentes detuvieron a otros 11 manifestantes. Fueron puestos en libertad también a primera hora de la tarde."




Los movimientos sociales convocan a concurrir a las 19 horas a Génova en repudio a la Ley Mordaza y a Plaza castilla a las 20 horas en apoyo a los y las compañeras antifascistas detenidas ayer por el gobierno. 

Todos los actos y presentaciones se han programado para más tarde (y otros incluso se han suspendido) para garantizar la presencia masiva de manifestantes en ambas convocatorias.
¿Decir: "Quedamos hoy a las 19:00 en Genova, pero a las 20:00 estaremos por Plaza de Castilla" también podrá ser multado?
SI,  POR ESO ESTA TARDE EN LAS CALLES!



El Consejo de Ministros aprueba el anteproyecto de la Ley de Seguridad Ciudadana
El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el borrador del anteproyecto de Ley para la Protección de la Seguridad Ciudadana, la llamada ley mordaza o ley antiprotesta, que ha presentado el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. El texto ha sufrido numerosas modificaciones respecto a los primeros borradores que se filtraron a algunas agencias y medios de comunicación. Sin embargo, desde el Ministerio rechazan que estos cambios se hayan aplicado como respuesta a las numerosas críticas recibidas.

Este trabajo de revisión ha afectado fundamentalmente a las conductas sancionadas como falta muy grave, que se reducen de 21 en los primeros textos a 7, mientras que las infracciones graves serán las más numerosas, una treintena, y las leves, que sumarán casi veinte. Las faltas graves quedan sancionadas con multas de entre 30.001 euro y 600.000, como decían los borradores y como ya estaba establecido en la anterior ley de 1992, la denominada Ley Corcuera. La ley recogía multas de hasta 30.000 euros por participar “en un botellón que perturbe la tranquilidad ciudadana” o de hasta 600.000 por participar en concentraciones no comunicadas frente al Congreso, Senado u otras instituciones. Tras la última modificación, esta sanción pasa de “muy grave” a “grave” -multas de hasta 600.000 euros pasan a 30.000- y reduce de “grave” a “leve” -que pasan de 30.000 euros a 1.000- las amenazas o insultos a los antidisturbios al igual que el uso y distribución de imágenes de los policías “con fines que puedan suponer un atentado contra su intimidad, su familia o puedan poner en riesgo una operación”. El Gobierno prevé multar con sanciones de hasta 30.000 euros las “ofensas a España, las comunidades autónomas, las entidades locales y sus símbolos, instituciones y emblemas cuando estas actuaciones no sean constitutivas de delito”, según ha informado el ministro del Interior.

Stop a la burorrepresión, stop a la ley liberticida

La Confederación General del Trabajo (CGT) ha sido de las primeras organizaciones en responder a la aprobación del Consejo de Ministros. CGT “rechaza, al tiempo que repudia, el Anteproyecto de la Ley de Seguridad Ciudadana aprobado hoy. No sólo el contenido de ésta norma, sino las intenciones, desprovistas de cualquier escrúpulo moral, que le mueve al gobierno del PP para idearla”. El sindicato entiende que “no es más que el colofón de las políticas antisociales que están padeciendo la mayoría de la población y de las reglas del juego que el capitalismo y los gobiernos mantienen desde el principio de la crisis-estafa para asegurar el orden social”.

“Para el Gobierno, cualquier persona que disienta contra sus políticas criminales de recortes en todo lo que tiene que ver con lo público, con lo que es de todos y de todas: trabajo, vivienda, educación, sanidad, cuidados-dependencia, cultura, transporte público y social, agua, energía, medio ambiente, derechos sociales universales…, es su enemigo”, asevera el sindicato.

“Salir a gritarles, cuestionarles en la calle su sistema corrupto y sus permanentes y sistemáticas mentiras, si es en el Parlamento, se convierte en un ‘delito’ administrativo de 30.000 a 600.000 euros…, fotografiar la brutalidad y criminalidad de los cuerpos represivos del Estado… 30.000 euros…, recordarle a los diputados y diputadas que sus leyes llevan a cientos de miles de personas a la calle, desahuciándolas no solo del derecho fundamental a techo sino también a una vida medianamente digna… 30.000 euros y cárcel…”, añade CGT.

Para el sindicato “quieren instaurar el estado de excepción permanente en lo social, en lo ideológico y en lo económico, por el medio menos libre, a golpe de ‘autoridad y represión’. El redactado de este anteproyecto parece hecho por el jefe de los antidisturbios. Una ley para proteger a la policía y a los políticos corruptos”.

Con esta ley “se vuelve a un modelo autoritario y liberticida: ‘la calle es mía’, para criminalizar a base de ‘multas administrativas. La seguridad jurídica cada vez radica menos en los Derechos, y mucho más en el dinero. De lo que se trata es de garantizar, amordazando a la población, la tasa de ganancia del capital a cualquier precio: humano, social, político y ecológico”, apostilla CGT.

“Esta ‘ley liberticida’ -continúa CGT- otorga al empresariado, a los banqueros, a sus economistas y ejecutivos de cualquier organismo u administración pública, nacional o supranacional y a las fuerzas represivas (policías de todo tipo), “patente de corso” para saberse por encima de la justicia y quedar impunes de sus actos en la represión y el robo de todos nuestros derechos.

CGT opina que “desde el poder político, gobierne el PSOE o gobierne el PP, las leyes están siendo utilizadas como armas de destrucción masiva contra los derechos y libertades de la ciudadanía”. En este sentido, CGT afirma que seguirá peleando “para que la mayoría social reaccione haciendo insumisión real a las leyes. Las personas trabajadoras no deben consentir la vuelta al autoritarismo y a la falta de libertad. El pueblo no se debe permitir que la historia del miedo, y la paz de los cementerios se repita”.

http://arainfo.org/2013/11/el-consejo-de-ministros-aprueba-el-anteproyecto-de-la-ley-de-seguridad-ciudadana/
Notas Relacionadas:
(Video y Fotos) ¡Vivimos en un Estado de excepción! Madrid: Detención de 19 activistas en sus casas. Represión en Moratalaz 11 detenidxs y heridxs

TEXTO INTEGRO DEL ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA


 30.11.2013
También llamada Ley de la Patada en la Boca, el anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana aprobado hoy por el Consejo de Ministros establece siete tipo de infracciones muy graves sancionadas con multas de 30.001 a 600.000 euros.

También contempla 31 clases de infracciones graves para las que se establecen multas de 1.001 a 30.000 euros, y 20 infracciones leves sancionables con multas de 100 a 1.000 euros.


Para acceder al texto, hagan clic en el siguiente enlace:

 http://www.interior.gob.es/file/65/65379/65379

UGT, UN ESLABÓN CORRUPTO EN LA CAENA DEL RÉGIMEN

30.11.2013.



Todo indica que la corrupción de UGT, uno de los sindicatos mayoritarios afines al PSOE, corroe sus estructuras de un modo letal. El epicentro se ubica en Andalucía en connivencia con la Junta de Andalucía, pero la metástasis se extiende por otros muchos lugares y federaciones. La justicia, abrumada de pruebas, ha comenzado a ver que se trata de una trama donde dirigentes parecen estar ahogados en turbiedades de diversa índole.

 Ante las evidencias, que ha costado que la dirección completa del sindicato en Cádiz tenga que dimitir, los responsables de UGT han decidido utilizar la vieja consigna de que la culpa de todo la tiene la derecha.

 Es porque lo que se va conociendo (es posible que de la mano de trabajadores expulsados de UGT y que se fueron con pruebas de la corrupción) lo desvelan dos medios abiertamente conservadores como son el diario El Mundo y el ABC, acostumbrados a mentir.

 Los que han pasado raya para poner a un lado al “progresismo” representado por el cuarteto (PSOE, IU, UGT y CC.OO) con sus adláteres respectivos, y al otro al “facherío”, no quieren ni oír hablar de una corrupción generalizada en su seno, por eso, hablan de algunos garbanzos negros pero salvan la línea reformista y conciliadora del sindicato.

 Hay lectores que cuando una información la firma el ABC se enfurecen, pero cuando lo hace El País le dan más credibilidad por aquello de que el Grupo Prisa es el menos malo, piensan, aunque su argumento sacado del manual de la socialdemocracia no encuentre en la vida cotidiana sustento alguno.

 Los que, como inSurGente, hace tiempo que han puesto en una misma bolsa a unos y otros, nos interesa que los pilares del régimen vayan cayendo más temprano que tarde, llámense PP, El País, La Razón o la bien pagá UGT. Un sindicato que en un ejemplo de sarcasmo hace llamarse aún “de clase”, para seguir engañando a quien necesite creerlo y compartiendo con ellos pancarta y marea como si nada estuviese ocurriendo.

OBREROS ENFURECIDOS INCENDIARON 10 PLANTAS DEL EDIFICIO DE UNA FÁBRICA TEXTIL EXPORTADORA DE GRANDES MARCAS

 

BANGALDESH: Trabajan 18 mil personas. Un enorme incendio ha destruido este viernes una fábrica de ropa en Bangladesh que abastece a las principales marcas occidentales, según han informado las autoridades.


El fuego ha sido provocado por trabajadores furiosos ante los rumores de la muerte de un empleado por disparos de la Policía. 
 
El textil, el sector más importante en el país asiático, se encuentra revolucionado tras las recientes revueltas obreras que exigen salarios dignos y mejoras laborales a las fábricas que en su mayoría exportan ropa para grandes marcas occidentales.

Una serie de accidentes mortales, como el derrumbe ocurrido en abril de un edificio que mató a más de 1.100 personas, ha sido el detonante de las movilizaciones de trabajadores y trabajadoras del sector, que mueve miles de millones de dólares al año pero cuya riqueza se queda concentrada en muy pocos bolsillos.

En el incendio de este viernes, que ha destruido un edificio de 10 plantas en Gazipur, a 40 kilómetros de la capital, Dacca, no ha habido muertos.

Un fotógrafo de Reuters en el lugar ha relatado que la ropa quemada estaba desparramada por el suelo con nombres de marcas como las de las cadenas estadounidenses American Eagle Outfitters, Gap o Wal-Mart Stores. También había ropa de otros marcas como Marks and Spencer, Sears Canada o Fast Retailing Uniqlo.

La fábrica era una de las diez mayores del país, según Mohamad Atiqul Islam, presidente de la asociación textil de Bangladesh.

Unos 18.000 empleados trabajaban en la fábrica, ha indicado a Reuters su dueño, Mosharraf Hossain.
Sin embargo, la mayoría había abandonado el complejo poco antes de que comenzase el fuego.
La última serie de incidentes en Bangladesh han destapado la explotación laboral a la que son sometidos los obreros tanto por empresas locales como occidentales, así como la complicidad del Gobierno del país que durante décadas ha permitido la vulneración reiterada de derechos.

LibreRed