Los grandes medios de comunicación son actores políticos que juegan a
proteger sus intereses corporativos. ¿Cómo entonces podemos hablar de
democracia comunicacional y equilibrio formativo en nuestra actual
sociedad global?
Entrevista con el experto español Francisco Sierra Caballero.
Es paradójico que en la era de las tecnologías de la comunicación, en
la que se supone que priman la máxima transparencia, la visibilidad
total, la iluminación de la información, el secreto es la norma y no la
excepción, así como el espionaje electrónico tanto militar como
económico de potencias como Estados Unidos es una práctica que aunque
indigna al mundo, es el común denominador en la sociedad global del
capitalismo, explica el reputado sociólogo español, investigador social y
catedrático universitario Francisco Sierra Caballero.
“Esa
ilusión de transparencia, la falsa idea de que Internet nos hace libres,
que la información nos libera de la realidad, es este dispositivo
positivista, moderno de control y vigilancia que oculta las formas de
poder y control que se dan en la aldea global del capitalismo”, enfatiza
el experto en Ciencias de la Información, al explicar los alcances del
desarrollo inusitado de las tecnologías comunicacionales.
Por
lo anterior, Sierra Caballero aboga por la democratización y libre
acceso de los ciudadanos a las tecnologías de la comunicación y a los
medios de información.
Resalta los ejercicios democráticos que
en este sentido se vienen dando en algunos países de América Latina que
apuntan a abrir el debate público sobre la regulación y organización de
sistemas de comunicación públicos y la definición de una estructura más
equilibrada en cuanto al acceso y propiedad de los medios.
Aprovechando su participación en la Séptima Semana Internacional
de la Comunicación organizada por la Corporación Universitaria Minuto
de Dios de Bogotá, el Observatorio Sociopolítico Latinoamericano,
dialogamos con este experto para conocer su opinión en torno a temas
como la concentración monopólica de los medios; el alcance de las
regulaciones legislativas que sobre el tema se vienen aprobando en
países como Argentina, Ecuador, Bolivia, Uruguay y Venezuela; la
centralidad comunicativa; la expropiación de la información mediante las
políticas de libre comercio como los TLC, entre otros.
Sierra
Caballero, doctor en Ciencias de la Información y posgraduado en
Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, es especialista en
Ciencia, Tecnología y Sociedad por la UNED. Se desempeña como profesor
titular de Teoría de la Comunicación de la Universidad de Sevilla, donde
dirige el Grupo Interdisciplinario de Estudios en Comunicación,
Política y Cambio Social (COMPOLITICAS) y la Revista para el Desarrollo
Social de la Comunicación (REDES.COM). Experto en políticas de
comunicación, nuevas tecnologías y participación ciudadana de la Unión
Europea, ha impartido clases y conferencias como profesor invitado en
prestigiosas universidades y centros de investigación de Europa y
América Latina. Autor de numerosos estudios y ensayos en materia de
comunicación y desarrollo, políticas de comunicación y teoría de los
medios, ha publicado recientemente “Políticas de comunicación y
educación. Crítica y desarrollo de la sociedad del conocimiento”
(Gedisa, Barcelona, 2006). En la actualidad es Director de Centros
Asociados del Consejo Directivo de la Federación Latinoamericana de
Facultades de Comunicación Social (FELAFACS) y Secretario Internacional de la Unión Latina de Economía Política de la Información, la Comunicación y la Cultura (ULEPICC).
La comunicación, derecho humano fundamental que es preciso regular
- Los grandes medios de comunicación son actores políticos que juegan a
proteger sus intereses corporativos. ¿Cómo entonces podemos hablar de
democracia comunicacional y equilibrio formativo en nuestra actual
sociedad global?
- Yo creo que tenemos en la agenda de las
democracias mediáticas de nuestros países, especialmente en la región
iberoamericana, una tarea pendiente, y es justamente regular un campo
que es reconocido constitucionalmente, que es un derecho humano
fundamental, pero que está en manos privadas corporativas que obedecen a
intereses ajenos a la ciudadanía. Por tanto, avances democráticos como
el que se ha dado en Ecuador por la Ley Orgánica o la propia experiencia
de la Ley de Medios de Servicios de Comunicación Audiovisual en el caso
de Argentina es un primer paso en un doble sentido, primero de abrir en
la agenda pública de deliberación ciudadana sobre qué tipo de
comunicación, qué modelo o sistema de organización de medios y de
información pública se requiere; y en segundo lugar, establecer una
estructura equilibrada en la que además de los actores privados de las
grandes compañías nacionales y multinacionales de comunicación exista
también un sector público fuerte garante de los derechos democráticos
del ciudadano, por supuesto además de servicio público del Estado, una
red amplia, potente, organizada en red de medios ciudadanos, de medios
comunitarios. Estas dos condiciones creo que son básicas: la de abrir al
debate público la regulación y organización de sistemas de comunicación
pública y la de definir una estructura más equilibrada que la que
históricamente ha marcado en nuestros países la conformación de la
esfera pública en los medios de comunicación.
- Si como usted
ha se señalado, una de las premisas de la libertad de prensa es no hacer
de la actividad periodística una industria, ¿podríamos colegir que en
las actuales circunstancias socioeconómicas, no es dable hablar de
libertad de prensa sino mas bien de libertad de empresa?
- Es
un axioma, un principio que es universalizable, cuando el señor Rupert
Murdoch habla de libertad de prensa y se opone a cualquier tipo de
regulación en realidad está hablando de su derecho privativo a
concentrar y expandir sus intereses privados corporativos en el merado
de la comunicación global. Por tanto, está idea liberal de la libertad
de expresión como libertad de empresa informativa caza muy mal con los
derechos universales a la comunicación reconocidos por la Declaración de
Derechos Humanos. Es decir, los depositarios somos los ciudadanos que
por tanto debemos tener derecho a tener medios comunitarios, derecho a
un sistema público de radio y televisión y a un sistema o esfera publica
estatal que defienda los intereses colectivos mucho antes que la
libertad de expresión de un empresario, que fue por ejemplo el debate
que ha habido en Ecuador a propósito de la Ley Orgánica de
Comunicaciones. Por este derecho a los intereses creados, como en el
caso de Argentina, grupos mediáticos como Clarín no pueden ser los
depositarios de la libertad de expresión. Antes bien, ese ejercicio
compete a profesionales siempre y cuando se respete en equilibrios y
ponderados y que sea posible el acceso de otras voces. Desde el Informe
MacBride hasta nuestros días este principio liberal de libre empresa
informativa responde a lo que ha sucedido por ejemplo con el grupo
Murdoch en Inglaterra de vulneración de derechos fundamentales como el
derecho a la privacidad, de transgresión de las leyes de
espectacularización y mercantilización extrema que, desde luego, no está
respetando los derechos humanos fundamentales en la mayoría de países
porque lo que prima es la lógica del valor de la mercancía y la
potestad, el principio básico constitucional de la mayoría de nuestros
países de la libertad de expresión que supone un derecho político, un
derecho social y una libertad pública que exige trascender mucho más de
su realización mercantil o industrial que debe ser reconocida como tal,
también como un principio incluido dentro de los derechos a la
comunicación, el de la libertad de prensa informativa pero ésta no se ve
vulnerada porque se regule en países como Argentina y Ecuador la
estructura para limitar los niveles de concentración de propiedad. Antes
bien, es una garantía para proteger al ciudadano de abusos de poder
como la historia de la comunicación moderna que conocemos desde el
Ciudadano Kane hasta nuestros días.
- El mundo adolece de lo
que se denominan centralidad de la comunicación. En ese sentido siguen
vigentes las premisas del Informe MacBride auspiciado por la Unesco en
los años ochenta del siglo pasado y el cual propugnó porque se
escucharan las múltiples voces del planeta, especialmente las del Sur.
¿Lo considera así?
- Algunos expertos que venimos luchando
desde colectivos como la Unión Latina de Economía Política de la
Información (ULEPICC), de movimientos sociales, desde la teoría crítica
por los derechos de la comunicación, debemos referirnos a ese intento de
democratizar el sistema mundial de comunicación. Por primera vez en la
historia Naciones Unidas específicamente la Unesco con la mayoría de los
países del Sur planteó el tema, sobre el cual nosotros preferimos
hablar del espíritu MacBride, en tres conceptos básicos que están
presentes y que siguen siendo válidos para las propuestas democráticas y
que de algún modo inspiran procesos regulatorios como el de Argentina,
como el de Ecuador, como el de Venezuela, o Bolivia. La primera premisa
es justamente concebir la información, no como una actividad mercantil,
no como una mercancía sino fundamentalmente como un bien social, como un
bien común y de suyo un objeto de regulación que afecta el derecho
universal, que afecta al sujeto de derechos de la comunicación que es el
ciudadano y por tanto hay que pensar la información como un bien
público. La segunda premisa que es básica y creo que además necesaria,
lo estamos viendo en Unasur, es la necesidad de cooperación entre países
y entre sectores, lamento que grandes grupos multimedia sean globales o
angloamericanos como los de Murdoch, o a escala nacional como el grupo
el Clarín en Argentina que no entienden que el derecho universal exige
su activo de cooperación con los medios comunitarios, de cooperación con
el sector público y no como estamos observando en América Latina como
arietes de golpes de Estado, de golpes militares, golpes mediáticos que
afectan no solo el derecho de información. En la centralidad de la
comunicación en realidad está en juego el poder de luchar por otros
derechos sociales y por otros derechos humanos en nuestros países. Y por
tanto esta cultura de cooperación que está registrada como uno de los
principios y aportes del Informe MacBride creo que se está recuperando
en el caso de Unasur porque es estratégico la cooperación entre
sectores, agentes culturales, poderes públicos y por supuesto entre
países para desarrollar democráticamente una sociedad de la información
para todos, un sistema de comunicación público y abierto. Y la tercera
premisa, creo que es una lección también básica, fundamental. Los que
defienden la doctrina totalitaria liberal de libertad de expresión
entendida como libertad de prensa informativa no quieren oír hablar de
participación ciudadana, no quieren hablar de políticas públicas de
comunicación, el Informe MacBride fue una lección de que no hay
desarrollo, no hay democracia, no hay progreso, no hay identidad
cultural sin participación ciudadana y sin políticas públicas. Lo que
estamos viviendo en los últimos años en América Latina son políticas
activas en regulación. Todavía nos queda un amplio camino, pero en ese
sentido el Informe MacBride sigue siendo valido. Una comunicación debe
de ser participativa para el desarrollo nacional, para la igualdad y
acceso de todos los ciudadanos a los bienes simbólicos, a la información
y la cultura y sin políticas públicas no es posible esta participación.
Afortunadamente hay procesos regulatorios que son ejemplos hoy en día,
por ejemplo, para la Unión Europea que va en sentido contrario, evitando
la participación ciudadana en temas de comunicación publica, en
proyectos sociales de información, propiciando la privatización de los
medios públicos y negando la posibilidad de una política activa de los
poderes públicos para regular y garantizar los derechos sociales a la
comunicación.
- En la Cumbre por un Periodismo Responsable que
se realizó en Guayaquil, Ecuador, el pasado mes de junio, usted abogó
por un periodismo para una ecología social. ¿A qué quiso eludir con ese
término?
- En América Latina, especialmente en Ecuador, tenemos
por delante la necesidad de concebir, como ya se dio en aquella critica
de los años setenta, alternativas democráticas a la comunicación,
pensar una tradición que es latinoamericana de comunicación
participativa para el cambio social, de comunicación participativa para
el desarrollo concebida hoy como ecología de la comunicación. Es decir,
pensar el periodismo, los medios, como una comunicación para el Buen
Vivir, este concepto, creo que clarifica los elementos de desarrollo de
qué tipo de ecologías de vida, qué tipo de ecosistemas culturales, qué
tipo de sistemas de comunicación necesitamos para el Buen Vivir, para el
desarrollo nacional de acuerdo a ciertos criterios cualitativos, a
ciertos enfoques mas respetuosos con la naturaleza, con la cultura
local, con nuestras identidades, con las necesidades radicales de la
población y debemos explorar esa realidad. En ese sentido el periodismo
ciudadano y debates como la comunicación participativa que se dieron en
décadas atrás pueden ser caminos a explorar para otra practica de la
comunicación en los medios, mudando narrativas, modos de contar, agendas
temáticas de los medios de comunicación, pero también modos de producir
contenidos culturales a través de los nuevos ecosistemas o redes
digitales, en fin, tenemos por delante una agenda en la que debemos ir
pensando, y este es uno de los retos en la que algunos investigadores
participamos para repensar las practicas de comunicación desde el Sur,
para el Sur, con el Sur , desde abajo, desde la ciudadanía, desde las
necesidades locales y radicales de la población.
- Con los
tratados de libre comercio y las políticas neoliberales usted ha
denunciado que se genera expropiación de la información a través de las
leoninas cláusulas de propiedad intelectual ¿Cuál es el alcance de esa
expropiación?
- El alcance es vital, porque afecta a las
tecnologías, a las telecomunicaciones, y por eso América Latina debe
tener en la agenda, porque no puede ser a nivel nacional, una política
publica que cuestione todas las estrategias de expropiación de los
sistemas de propiedad intelectual porque esto afecta por ejemplo a la
industria del conocimiento, a todos los procesos de investigación y
desarrollo, en áreas sensibles como la biomedicina o la farmacéutica, es
evidente que afecta el desarrollo nacional pero también la industria
agropecuaria de grandes multinacionales como Monsanto. En el campo de la
comunicación es decisivo porque los sistemas de propiedad intelectual
que nos imponen los acuerdos comerciales terminan generando un sistema
de tecnologías dependientes por parte de los países del Sur, de
dependencia cultural, de pérdida de soberanía informativa y de
imposibilidad de construir un programa, una política, acorde a las
necesidades nacionales. Por tanto tenemos que enfrentar como punto clave
del conflicto en la sociedad global de la información, un derecho de
propiedad intelectual, eso pasa por limitar en el tiempo y en el espacio
esos derechos corporativos de las grandes corporaciones. En segundo
lugar, asumir una defensa de los derechos colectivos y comunes, por
ejemplo, los derechos patrimoniales que están siendo objeto de
vulneraciones en las comunidades tradicionales, rurales y de los pueblos
indígenas, defendiendo los derechos comunes y propugnando por una
regulación de la propiedad patrimonial, del conocimiento y material
acorde a las necesidades locales frente al modelo de cercamiento y
privación que es muy evidente en el caso de la ciencia y tecnología pero
que afecta también a las culturas tradicionales de los pueblos
originarios. En ese ámbito es estratégico para otra sociedad del
conocimiento y para otro modelo de desarrollo que América Latina,
especialmente Unasur, haga un frente común y se module otro modelo de
regulación plural y abierto que defienda los derechos comunes y
colectivos de los pueblos originarios frente a los intereses de las
grandes corporaciones del norte.
- También ha señalado usted
que las políticas de la sociedad de la información se inspiran en el
principio de la falsa transparencia. ¿Por qué?
- El concepto de
falsa transparencia tiene que ver con la tradición de la ciencia
moderna, del pensamiento ilustrado, de esa visión de ver igual al poder,
y está inspirado en todas las políticas públicas de transferencia de
tecnología, de capital de conocimiento y de la modernidad. Lo que
estamos cuestionando con el conocimiento para el Buen Vivir es una
práctica de la comunicación centrada en los imaginarios, en los relatos,
en las formas de ser, pensar y conocer de las culturas locales, y la
paradoja más evidente de esa falsa transparencia es la que tenemos en el
periodismo que previsiblemente nos informan de lo que está sucediendo
en Siria, pero como demostraron los cables de WikiLeaks, como se está
demostrando en las formas de espionaje de video control y televigilancia
en las redes sociales y en el sistema global de medios, lo que tenemos
es un sistema de control para la guerra, por lo tanto esa supuesta
visibilidad que nos permite tener acceso a la realidad lo que está
ocultando son los dispositivos de control de vigilancia de video
política del orden global en la que extiende su maquinaria de terror sea
en el conflicto de Siria, antes en Irak, Afganistán, en los conflictos
globales por las luchas del petróleo o de recursos estratégicos como el
agua. En consecuencia, la falsa transparencia es esa concepción moderna,
positiva, ilustrada de la razón, de la razón terrorista, de la razón
totalitaria que no piensa que todo relato, que todo discurso, que toda
práctica de observación y conocimiento tiende a ocultar los dispositivos
de poder y de control como sucede en la red global como lo reveló de
algún modo WikiLeaks en los conflictos por la lucha del código que hoy
se puede observar en el caso de la red de Internet. Por eso hoy uno de
los debates es el de la propiedad intelectual y de la gobernanza de
Internet frente a esos sistemas de video vigilancia. Decía justamente
uno de los pioneros de la sociedad del espectáculo, Guy Debord, que en
la era de la máxima transparencia, de la visibilidad total, de la
iluminación, de la información, de la mediación hipertotalitaria,
justamente el secreto es la norma y no la excepción, y eso es lo que
estamos observando, el secreto y la ocultación de los papeles del
Pentágono de la información sensible y real que afectan los intereses
estratégicos, el develamiento de cómo Estados Unidos sistemáticamente ha
espiado no solo a los países de América Latina sino también a la propia
Unión Europea y a los dirigentes de Alemania, de Francia, de Inglaterra
para sus propios intereses estratégicos, incluyendo entre ellos el
propio espionaje económico. Esa ilusión de transparencia, la falsa idea
de que Internet nos hace libres, que la información nos libera de la
realidad, es este dispositivo positivista, moderno de control y
vigilancia que oculta las formas de poder y control que se dan en la
aldea global del capitalismo.
- La expedición de leyes
regulatorias de comunicación en países como Ecuador, Argentina, Bolivia,
Venezuela, Uruguay, ¿en qué medida contribuye a democratizar tanto el
acceso a los medios como a su democratización?
- Yo creo que
tanto en el caso de Ecuador como de Argentina esas leyes tienen como
aporte principal y fundamental en términos de economía política el que
conforman un sistema de comunicación, una estructura de información de
medios nacionales mas equilibrada, inaugura de algún modo un modelo de
regulación que para Argentina es emblemático, establece una ley de tres
tercios en la que halla un sistema comercial privado, un sistema publico
estatal y un sistema comunitario de la sociedad civil. Esa estructura
desde luego es equilibrada en términos de voces de acceso al ejercicio
del derecho de la información, es un primer paso importante de
democratización, el ejercicio del derecho no puede ser simplemente una
abstracción, una forma no concreta de mediación en términos de acceso a
los canales de información y de difusión pública, y esa primera mudanza
en los casos argentino y ecuatoriano creo que es importante para
establecer redes democráticas y de deliberación publica. La segunda
dimensión tiene que ver con el modo de articular esa política pública,
creo que una de las novedades del caso argentino especialmente y también
en Ecuador es que se ha situado en la agenda publica, en la agenda de
deliberación de nuestras democracias, el tema del papel de los medios y
de los derechos públicos, y en ese sentido no solo regularon los
legisladores, los representantes, la soberanía popular en el Congreso de
ambos países, sino también hubo un debate de agentes culturales, de
artistas, de profesionales de la información, de organizaciones
ciudadanas, de medios comunitarios. Es decir, de diferentes actores y
eso es también un ejercicio, una lección de democracia, que el debate
sobre las políticas públicas, sobre el modelo del sistema de
comunicación debe contar con el máximo de actores públicos, por ejemplo
las comunidades indígenas, siempre olvidadas y que no tenían posibilidad
de tener medios en su propia voz como sucedía hasta la llegada del
gobierno de Evo Morales en el caso de Bolivia y que hoy, por fin, tienen
medios comunitarios de su propiedad vinculados a las comunidades, en su
lengua, en aimara, y desde luego construyendo agendas de información y
comunicación desde su visión. Esto ya es un aporte y un avance
democrático bastante sustantivo que no se está dando por ejemplo, en
Europa, ni mucho menos se ha podido dar en Estados Unidos pese a que
realmente se presente por parte de los radicales liberales como modelo
de referencia. El ejemplo de Argentina es de equilibrio de estructuras
de acceso y participación en la política pública como en el caso de
Ecuador o Venezuela en su momento.
- Finalmente, hablemos del
15M habida cuenta que por su nacionalidad española conoce muy bien el
proceso y desencadenamiento de este movimiento social que ha conllevado
un gran contenido comunicacional. Sin embargo el sociólogo polaco
Zygmunt Bauman dice que al 15M le faltó pensamiento porque es más
emotividad, mientras que el especialista en comunicación Manuel Castells
habla en cambio, de que hoy la sociabilidad esta en Internet y agrega
que en buena medida hoy los movimientos sociales se suscitan en él por
toda la capacidad de conformar redes. ¿Cuál es su opinión al respecto?
- No comparto el juicio del ilustre profesor Zygmunt Bauman por dos
razones: se está dando por ejemplo movimientos de acción colectiva que
algunos autores como Raúl Zibechi están analizando en el caso de América
Latina y que demuestran que en buena medida todos los procesos de
movilización a través de las redes sociales tienen un componente
afectivo, siempre, históricamente el movimiento obrero se movilizó a
través de la propaganda y el uso del periodismo como un agitador de
conciencias, el propio Marx era un gran propagandista y polemista en la
prensa de la época, y esto ha sido un condicionante, la diferencia con
las redes sociales es que permiten autonomía. El 15M es un ejemplo en el
sentido de nuevas retóricas, nuevas narrativas, nuevas estéticas de la
protesta, pero sobre todo nuevos modelos de organización en red. Y esto
ofrece en el sentido que señala Castells modalidades de acción colectiva
impensables. Alberto Melucci que era un gran intelectual sobre los
movimientos sociales y la identidad cultural colectiva en los procesos
de movilización, ya apuntaba que en la era de la sociedad de la
información asistimos a un nuevo ciclo de luchas. El 15M como algunas
protestas, como la Primavera árabe, anticipa de otra lógica de
articulación, también de la emergencia de una nueva subjetividad
política, de una nueva sensibilidad, o para citar a Walter Benjamín, un
nuevo sensorium en la era hípermoderna o intermediatizada de las
tecnologías de la información. Frente a los que anticipan que Internet y
las redes sociales son formas de fragmentación del espacio publico, de
balcanización, procesos como el 15M demuestran que, antes por el
contrario, son formas de intervención práctica operativa y real. Todo el
movimiento de la lucha contra los abusos de la banca y del capital
financiero, en el trabajo que se ha venido haciendo, creo que de manera
muy innovadora, en la defensa de una iniciativa legislativa popular para
regular los derechos hipotecarios de los ciudadanos desahuciados de su
vivienda, en los procesos de movilización en los barrios para plantear
debates que no se habían dado en España como la posibilidad de una banca
pública que defienda el interés nacional, el conjunto de la población,
todo esto, repito, ha sido posible por las redes. Dicho esto, no
significa como a veces se puede deducir de la lectura de Manuel Castells
que las protestas hoy son a través de las redes sociales. El 15M fue
efectivo porque combinó lo virtual con lo presencial, lo físico y lo
simbólico, las narrativas de red y las formas de organización popular
tradicionales. En ese momento estamos asistiendo a esa nueva etapa de
ciclos, de lucha de conflictos en lo que lo virtual evidentemente es un
espacio de construcción de ciudadanía digital y de lucha y de
reactualización de lo que sería el derecho de la vivienda hoy día
también en el plano de las redes de Internet y de la tecnocultura, pero
por tanto aproximándome más a esta lectura de Castells habría que ver
qué tipo de mediación y qué papel tienen las políticas públicas para que
la gobernanza en Internet frente al espionaje de Estados Unidos sea
abierto y autónomo para la ciudadanía.
