El
agotamiento de los recursos hídricos afecta a gran parte del territorio
chileno. Aunque las autoridades arguyen que la causa de este fenómeno
es el descenso de las precipitaciones, existen otras razones.
La más importante de estas es la apropiación, legal o ilegal, del
agua por parte de megaindustrias mineras, agrícolas y forestales.
A pesar que existe suficiente evidencia del robo del agua realizado
por influyentes empresarios y políticos, ninguno de estos ha sido
penalizado por sus acciones.
La
Dirección General de Aguas emitió –en 2011 y 2012- sucesivos informes en los que responsabiliza directamente al
exministro de Interior en el Gobierno de Michelle Bachelet (2006-2010), el democratacristiano Edmundo Pérez Yoma, de la
usurpación de agua a campesinos de la Provincia de Petorca (Región de Valparaíso).
Específicamente se pudo comprobar la captación ilegal de aguas del estero
Los Ángeles, realizada desde el predio
El Cóndor de
su propiedad. Las aguas ilegalmente extraídas llenan inmensos embalses
con que se dosifica el riego de grandes plantaciones de paltos
(aguacates).
La DGA responsabilizó también al empresario
Osvaldo Jünemann (cuñado de Pérez Yoma); al exintendente de la Región Metropolitana durante el gobierno de
Ricardo Lagos (2000-2006),
Marcelo Trivelli; y al diputado democratacristiano
Eduardo Cerda, de realizar estas mismas prácticas.
A pesar de estar todo documentado, la usurpación de agua de los
mencionados empresarios y políticos continúa. Como consecuencia de la
depredación del vital elemento, los caudales de los ríos Ligua y Petorca
han desaparecido y las napas subterráneas de sus cuencas están
agotadas.
En la provincia de Petorca –donde habitan unas 40 mil personas- el
agua es distribuida a través de camiones aljibes. Su provisión apenas
alcanza para el consumo humano. Nada queda para la ya casi extinta
agricultura ni para la bebida de los animales.
Con matices, esta situación se replica en todo Chile. En el centro
sur, donde hasta hace unos pocos lustros había gran abundancia de agua,
actualmente hay una grave sequía. En las regiones del Bío Bío y La
Frontera son decenas las comunas que sufren de “emergencia hídrica”.
Esta situación en gran parte se debe a la vertiginosa expansión de los
monocultivos forestales que hoy cubren unas cinco millones de hectáreas
en todo el país. Este fenómeno se ha visto favorecido por el decreto ley
701, de 1974 -aún vigente-, que subsidia las plantaciones de especies
exóticas que succionan el agua hasta secar las napas subterráneas.
En agosto pasado la
Comisión Nacional de Riego (CNR) señaló
que 108 municipios –casi un tercio del total nacional- se encontraban
en “emergencia agrícola” y tres de ellos: Cabildo, Petorca y La Ligua
(Provincia de Petorca), se encontraban declarados como “zona de
catástrofe” por sequía.
Según sostiene el agrónomo André Moureau en su reciente columna La
crisis profunda del agua en Chile, el 75% de los agricultores chilenos
no han cosechado hace dos años justamente como consecuencia de la falta
de agua.
De acuerdo a Moreau, esta realidad “más que a efectos únicamente
ligados al cambio climático, cuyas nefastas consecuencias están más que
probadas y documentadas, obedecen a otro aspecto menos mencionado: no se
avanza en reformas legales que garanticen la protección del agua, su
acceso equitativo por parte de la población y el abastecimiento
preferencial para los pequeños agricultores y sistemas económicos de
subsistencia”.
Ante la evidencia de la crisis por falta de agua, el dos de abril la
Ministra de Obras Públicas, Loreto Silva, reveló que el Ejecutivo
implementará en el corto plazo un plan de bombardeo de nubes para
estimular las precipitaciones señalando además que revisarán las
políticas de largo plazo en materia de aguas.
La privatización del agua
La privatización del agua comenzó en el Gobierno Militar,
específicamente tras la promulgación de la Constitución Política de
1980, que consagró el modelo económico neoliberal.
En el contexto de la adaptación de Chile a este sistema, el general
Augusto Pinochet dictó el Decreto con Fuerza de Ley Nº 1.122, del 29 de
octubre de 1981, que otorga el derecho a particulares de adueñarse de
las aguas, en forma gratuita y a perpetuidad. Con esta reforma el agua
pasó a ser considerada como cualquier otro bien privado, que puede ser
transado en el mercado sin importar las consecuencias sociales y
culturales que de ello devengan.
Además, el Código de Aguas de 1981 separa los derechos de agua del
dominio de la tierra, despojando con ello del agua a comunidades
rurales. Esta normativa generó una severa anomalía: en Chile existen
propietarios de agua sin tierra y propietarios de tierra sin agua.
Bajo la actual normativa, la administración de los recursos hídricos
es responsabilidad de la Dirección General de Aguas (DGA), que depende
del Ministerio de Obras Públicas (MOP). La DGA está facultada a entregar
derechos de agua a quien lo requiera. Estos generalmente se han
entregado a personas bien informadas y con dinero para costear estudios
de abogados y hacer cabildeos.
Una vez otorgados estos derechos el Estado ya no interviene en su
manejo, pudiendo los particulares transar el agua que les fue entregada
gratis como cualquier otra mercancía.
Uno de los mayores beneficiados con la privatización del agua fue
ENDESA España, que en 1990 se hizo de la propiedad de Endesa Chile
–privatizada en los estertores de la dictadura militar-. La empresa
española no sólo se quedó con la infraestructura física de la empresa
chilena –la que compró a muy bajo precio- sino que también se adueñó de
casi el 90% de los derechos de agua de los ríos de Chile. Hoy Endesa
España es propiedad de la italiana ENEL la que a su vez es propietaria
de los señalados derechos.
La lucha por el agua
La situación está haciendo crisis: comunidades devastadas por la
contaminación, humilladas por las instituciones que deberían protegerles
y silenciadas por los medios comienzan a articular grandes
movilizaciones y sólidas defensas jurídicas que incluso han logrado
paralizar al más grande de todos los megaproyectos mineros: Pascua Lama.
Un centenar de comunidades de base logró dar forma a la Marcha
Nacional por la Defensa y Recuperación del Agua que el 22 de abril llegó
a Santiago y que congregó a unas diez mil personas. En el proceso de
preparación de esta marcha se articularon un centenar de comunidades
afectadas por la escasez de este recurso.
El secretario de Organización del Movimiento de Defensa del Agua, la
Tierra y el Medio Ambiente (Modatima), Luis Soto Pérez, señaló que la
marcha cumplió con los objetivos propuestos “al poder lograr entrar al
corazón financiero y político de este país”, aunque denunció que el
Gobierno les impidió congregar frente a La Moneda a los manifestantes.
Soto señala que de los cinco puntos del petitorio construido por los
organizadores el más importante es el que solicita “que las aguas sean
declaradas como un derecho humano fundamental e irrenunciable”. Otros de
los puntos del petitorio son el que se plantea “recuperar el carácter
público del abastecimiento de agua de bebida para la población” y el que
propone derogar el Código de Aguas.
Fracaso de Barrick
El arribo de la marcha del agua a Santiago fue precedida por una
buenísima noticia para los movimientos ciudadanos que se oponen a la
contaminación y apropiación de los recursos que practican las industrias
extractivas.
La
Corte de Apelaciones de Copiapó decidió –el 9 de abril- acoger una orden de no innovar contra el proyecto aurífero
Pascua Lama, de la Barrick Gold Corporation,
lo que supuso la inmediata suspensión de las obras de construcción de
esta mina, considerada una de las más grandes del mundo. La demanda
contra Barrick fue presentada por comunidades diaguitas del Valle del
Huasco que reclaman el
incumplimiento por parte de esta empresa de las
exigencias medioambientales contenidas en la Resolución de Calificación
Ambiental que en 2005 autorizó este proyecto.
Cabe considerar que las faenas de construcción de Pascua Lama han
implicado la destrucción parcial o total –no hay antecedentes
absolutamente confiables- de tres glaciares que circundan el proyecto.
Además, los ríos que nacen de estos glaciares han disminuido sus
caudales ostensiblemente y las aguas de estos se han visto severamente
contaminadas.
Tras la decisión de la Corte de Apelaciones -que fue ratificada el
viernes 19 por la Corte Suprema-, Barrick anunció que evaluaría
suspender definitivamente este proyecto.
La suspensión de Pascua Lama supone un duro golpe para la
transnacional canadiense. Esto porque en la construcción de esta mina ya
ha invertido aproximadamente US$ 4.800 millones.
Pascua Lama es un proyecto binacional ubicado en las altas montañas
de Los Andes, en la Región de Atacama, en Chile; y en la provincia
argentina de San Juan. Con reservas de casi 18 millones de onzas de oro,
676 millones de onzas de plata y una vida útil de 25 años, es
considerado uno de los proyectos auríferos más importantes del mundo.
Por
Francisco Marín
El ciudadano,
