Gracias a los editores y voluntarios asociados al proyecto Upside Down World, mi articulo “
” ya esta disponible en castellano.
Tanto en los Estados Unidos como en Canadá ha habido esfuerzos
sostenidos de grupos de base para destacar las injustas encarcelaciones
en masa y la criminalización de la gente pobre, sobretodo la gente pobre
de color, en cuanto a detenciones relacionadas con drogas. Pero se ha
encontrado muy poco análisis sobre las razones detrás de los mecanismos
de esta guerra y el impacto económico que tiene sobre México y más allá.
Incluso antes de que la retirada de Irak o Afganistán se hubiera
alcanzado, los Estados Unidos ya estaban involucrados en una serie de
conflictos desde la frontera norte de México hasta Perú. Tanto los
gobiernos como los medios de comunicación la han catalogada como la
“Guerra contra las drogas.” Es importante examinar como la creciente
“Guerra contra las drogas” se conecta con la expansión de empresas
transnacionales que toman control de mercados, obreros y recursos
naturales.
En Honduras cuatro indígenas fueron asesinados a balazos en mayo,
cuando la policía hondureña abrió fuego desde un helicóptero del
Departamento de Estado estadounidense, todo bajo la supervisión de
agentes uniformados de Estados Unidos. En México con la orientación de
Estados Unidos, Canadá, Israel y Colombia, la policía y el ejército han
sido transformados.
En Colombia la guerra ha durado ya cuatro décadas y se han gastado
billones de dólares estadounidenses, pero ahora se está calificando como
lucha contra el crimen. Durante la década de los 1980s el Estado
colombiano se convirtió en un estado paramilitarizado, en un proceso que
según el historiador German Alfonso Palacio Castañeda”se manifiesta con
amenazas, atentados y asesinatos selectivos y masacres colectivas de
funcionarios gubernamentales (principalmente pero no exclusivamente de
la izquierda), y de líderes políticos populares, obreros, campesinos,
profesores, activistas de derechos humanos y miembros de organizaciones
no gubernamentales.”
En la forma de financiación para programas antinarcóticos, la
asistencia de EE.UU. en Colombia resultó en el fortalecimiento de grupos
paramilitares y de policías no oficiales, los cuales según informes
patrullaban junto al ejército de Colombia y se vieron involucrados en la
gran mayoría de masacres y desplazamientos forzados en el país.
“Decir que la guerra contra las drogas ha fracasado es no entender
algo,” comentó Noam Chomsky, en un discurso en el mes de mayo. “Uno
tiene que preguntarse qué está en la mente de los planeadores ante tanta
evidencia de que no funciona lo que dicen que están intentando lograr.
¿Cuáles son las intenciones probables?
Los comentarios de Chomsky apuntan hacia un área urgente de
investigación para los y las activistas y periodistas que desean
entender las guerras actuales contra las drogas. Cada vez es más claro
que hay mucho trabajo por hacer para reconstruir juntos los motivos de
la militarización liderada por Estados Unidos en las Américas.
Una reconsideración de la llamada guerra contra las drogas requiere
entre otras cosas una evaluación de la forma en que ha favorecido la
expansión de la inversión extranjera directa y de las industrias
extractivas en Colombia, México y Centroamérica.
La guerra, cuando los golpes no bastan
“Así es como se sentía el inicio del neoliberalismo,” dijo Raquel
Gutiérrez, reflexionando sobre lo que es tratar de entender la guerra en
curso en México. Ahora catedrática de la Universidad Autónoma de
Puebla, Raquel era militante clandestina en Bolivia a mediados los años
80, cuando las primeras políticas neoliberales tuvieron efecto en aquel
país, creando una pauperización de la clase obrera. Han pasado 10 años
desde que regresó a México.
Raquel se detiene y da una pitada a su cigarrillo, como si tratara de
recordar un idioma que ha olvidado. No viene. Luego me pregunta si he
leído el libro de Naomi Klein La doctrina del shock. Asiento con la
cabeza. Silencio. “La cosa es que en México, los choques no
funcionaron,” dice ella.
No es por una escasez
de choques. Las políticas económicas neoliberales se introdujeron por
primera vez en forma de programas de ajuste estructural. Esto puso fin a
un período de crecimiento económico sostenido, la industrialización de
sustitución de importaciones, y los altos precios del petróleo conocido
como el milagro mexicano.
“De 1980 a 1991, México recibió trece préstamos de ajuste estructural
del Banco Mundial, más que cualquier otro país,” escribió Tom Barry en
su libro La venganza de Zapata, publicado en el 1995. “También se
firmaron seis acuerdos con el FMI, todo lo cual trajo una mayor presión
para liberalizar el comercio y la inversión.”
En la década de 1980, a veces llamada la “década perdida,” se
derrumbaron los precios del petróleo, junto con el peso. “De más de mil
empresas estatales en 1983, el estado mexicano era dueño de 200 en 1993.
En 1991, el programa mexicano trajo más dinero a las arcas del gobierno
(EE.UU. $ 9.4 mil millones) que todas las ventas de otras empresas
públicas en América Latina en conjunto.” A finales de 1994, México
había firmado el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y fue
testigo del levantamiento Zapatista, además de ser sometido a otra
devaluación de la moneda.
Pero a la vuelta del siglo 21, el territorio y la economía de México
todavía no estaban totalmente abiertos a los inversionistas extranjeros.
“No obstante estas reformas, el desempeño de la economía mexicana en
las últimas tres décadas ha sido insatisfactorio,” notaba un informe
publicado a principios de este año por el Banco de México .
Las comunidades campesinas e indígenas continuaron ejerciendo el
título comunal sobre las tierras ricas en recursos. Una gran clase media
es propietaria de las pequeñas empresas y las familias más ricas de
México han mantenido el control sobre los sectores lucrativos de la
economía. De acuerdo con el departamento de Estado de EE.UU. las 10
familias más ricas de México “no son el único obstáculo para la mejora
de la competencia en la economía mexicana.” Pemex, la 17ª mayor empresa
petrolera del mundo, sigue en manos del Estado
Algo más que un choque económico estaba a la orden: una estrategia
integral que ya está probada que aumente la inversión extranjera
directa. Tenía que asegurarse de que la policía local, el ejército, y
todo el sistema jurídico funcionara de acuerdo a las normas
estadounidenses. Esta es la estrategia que coloquialmente se conoce como
la guerra contra las drogas.
Desde la presidencia de Nixon, el gobierno de EE.UU. ha invertido
casi un billón de dólares en la “guerra contra las drogas” en países
como Colombia y Afganistán. Los vínculos directos entre las políticas
de combate a las drogas y el clima de mejora de la inversión se revelan a
través de un examen cuidadoso de la participación de EE.UU. en Colombia
desde 2000 hasta 2006. La estrategia se ha perfeccionado y ampliado en
las últimas dos décadas a través de la experimentación a nivel nacional e
internacional.
El modelo económico de Colombia
El Plan Colombia fue un programa de seis años de lucha antinarcótico
financiado conjuntamente por los Estados Unidos y Colombia. Diplomáticos
no estadounidenses afirman que el primer borrador del Plan Colombia fue
escrito en inglés, y luego traducido al español.
En los 11 años desde que se puso en marcha el Plan Colombia, el
gobierno de EE.UU. ha gastado más de 3.6 mil millones de dólares en
iniciativas de aplicación de la ley contra los narcóticos. Sin embargo,
el gobierno de los EE.UU. informa que “Colombia sigue siendo uno de los
mayores productores y exportadores mundiales de la cocaína, así como un
país de origen de la heroína y la marihuana.”
En 2008 la Oficina de Contabilidad del Gobierno de los EE.UU. (GAO
por sus siglas en inglés) encontró que Plan Colombia no cumplió con los
objetivos de reducción de la producción de drogas, ya que el “flujo
estimado de cocaína hacia los Estados Unidos desde Sudamérica” aumentó
entre 2000 y 2006.
En lugar de que esto fuera una causa para un cambio en la estrategia,
el fracaso del Plan Colombia se minimizó en favor de una serie de
indicadores emergentes vinculados a la seguridad y a mejorar el entorno
empresarial. Bradford Higgins, Subsecretario de Gestión de Recursos de
EE.UU., argumentó: “En muchos sentidos, los programas de Colombia y el
apoyo de EE.UU. han evolucionado a partir de nuestro enfoque original
más estrecho, hacia una estrategia integral que puede servir como modelo
para informar esfuerzos en otros estados fallidos o deficientes. “
Esfuerzos previos de Estados Unidos para hacer cumplir las sanciones
relacionadas con narcóticos en Colombia impactaron negativamente las
inversiones de Estados Unidos. El Consejo de Empresas de América – un
consorcio de empresas estadounidenses en Colombia – informó que en 1996
sus empresas afiliadas perdieron 875 millones de dólares estadounidenses
debido a las sanciones. Ese mismo año el Departamento de Estado
informó sobre las sanciones requeridas por la Overseas Private
Investment Corporation y el Banco de Exportación e Importación
resultaron en la congelación de cerca de $1.5 mil millones en créditos
de inversión y préstamos. Esto incluyó una pérdida de $280 millones para
una empresa de EE.UU. activa en la industria petrolera de Colombia .
De acuerdo con un informe elaborado por el gobierno colombiano, los
objetivos del Plan Colombia son “promover las condiciones para la
generación de empleo y la estabilidad social” y la ampliación de “las
preferencias arancelarias en compensación por los efectos negativos del
tráfico de drogas para favorecer un acuerdo de libre comercio que amplíe
las oportunidades de empleo. “
Al comienzo del Plan Colombia, el total de la Inversión Extranjera
Directa (IED) fue calculado en $2.4 mil millones. En 2011, la IED
en Colombia sumó $14.4 mil millones, la tasa de crecimiento más rápida
en América Latina. El petróleo y el gas constituyen una parte cada
vez más importante de la IED, al sobrepasar alrededor de una décima a
mediados de los 90 a casi un tercio en 2010, cuando alcanzó los $ 4.3
mil millones .
Un decreto aprobado en 2003 permitió a la inversión privada en el
sector petrolero de Colombia a través de la privatización parcial de la
ex empresa estatal Ecopetrol. A partir de 2010 la IED en el sector
minero (incluyendo la minería de carbón) se situó con más de $2 mil
millones, lo que representa más de la mitad de la inversión no
petrolera.
En 2008, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional (USAID) se jactó de que “el despegue económico de Colombia
después de 2003 no ocurrió por casualidad.” Cincuenta y dos áreas del
sistema económico de Colombia fueron objeto de reforma, y bajo el Plan
Colombia, “USAID proporcionó asistencia técnica para ayudar a diseñar e
implementar políticas que van desde la reforma fiscal hasta el
fortalecimiento del sector financiero y mejorar el entorno para las
pequeñas empresas, y muchos otros.”
Esto se logró mediante una combinación de reformas legales e
incentivos fiscales, la firma de nuevos acuerdos de libre comercio
(entre Colombia y los Estados Unidos, así como entre Colombia y Canadá) y
la militarización de la industria extractiva. EE.UU. entrenó
“batallones de energía” para proteger oleoductos, carreteras y otros
proyectos de infraestructura.
Un informe preparado en 2007 por el Centro de Estudios Estratégicos e
Internacionales afirmó que Colombia “tuvo una recuperación fuerte…
con impresionantes tasas de crecimiento, reducción del desempleo,
aumento de los niveles de inversión, expansión del comercio, reducción
de la inflación y un aumento de la confianza de los inversores.” Estos
beneficios, según informa, “están estrechamente vinculados a mejoras en
cuanto a la seguridad y, a su vez, ayudarán a crear más empleos en la
economía legítima, como una alternativa a las actividades ilegales.”
Desde la perspectiva del Departamento de Estado de EE.UU., el Plan
Colombia no es un fracaso. Todo lo contrario: se ha permitido la
creación de un nuevo modelo eficaz para la intervención de EE.UU.. En
2010 los inversionistas extranjeros más grandes de Colombia eran Panamá y
Anguila (un territorio británico de ultramar), ambos paraísos fiscales,
seguidos por Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, Bermuda y España .
El lenguaje de la “estrategia integral,” utilizado para resaltar el
Plan Colombia, refleja el lenguaje oficial de la guerra de
contrainsurgencia. “[La contrainsurgencia] es una forma muy compleja de
la guerra… El logro de estos objetivos requiere la sincronización de
esfuerzos de muchas agencias no militares y agencias [de la Nación
Anfitriona] en un enfoque integral,” se lee en un manual de
contrainsurgencia del ejército estadounidense, publicado en 2006.
Incluso el director de asuntos internacionales y comercio de la GAO,
en su testimonio ante la Cámara de Representantes, afirmó que “los
programas internacionales se enfrentan a retos importantes en la
reducción de la oferta de drogas ilegales, pero apoyan a los objetivos
generales de la política exterior estadounidense.”
Pero como han señalado Gian Carlo Delgado-Ramos y María Silvina
Romano, en la guerra contra las drogas “la estrategia es compleja y
peligrosa, ya que vincula una multiplicidad de actores aparentemente
opuestos, legales e ilegales que, sin embargo reciben beneficios en
forma de aumento de potencia o riqueza.” Al mismo tiempo, está claro que
“la explotación de las personas, las naciones y los recursos se
profundiza en la región. “
Con estos antecedentes, vamos a examinar el tema de México.
Aplicación del modelo en México
Un viernes en septiembre de 2006, justo después de su disputada
elección como presidente, Felipe Calderón y su esposa invitaron a cenar a
Antonio Garza, entonces embajador de EE.UU. y su esposa. En algún
momento, Calderón le dijo al embajador que la mejora de la seguridad
sería una parte clave de su administración.
Cuando Garza presentó su resumen por escrito de la noche a sus jefes
del Departamento de Estado, incluyó comentarios de Calderón. De acuerdo
con sus propias notas, el embajador respondió: “Las ganancias en la
competitividad, la educación y el empleo podrían ser rápidamente
eclipsadas por cuadrillas del crimen organizado relacionadas con
narcóticos.” Para poner en marcha la economía de México, “los
extranjeros y mexicanos por igual merecen que se les asegure que la ley
prevalecerá.”
Apenas dos meses más tarde, Calderón lanzó la guerra contra las
drogas en México. Al año siguiente, los gobiernos de Estados Unidos y
México anunciaron la Iniciativa Mérida, que se describe como “un paquete
de los EE.UU. contra las drogas y la asistencia contra el crimen en
México y Centroamérica.” En el momento en que fue firmada por
George W. Bush en 2008, lo que dijo Garza de pelear contra los narcos
con el fin de impulsar el negocio quedó en el olvido. En cambio, la
principal justificación para que los legisladores apoyaran el proyecto
de ley era detener el flujo de drogas hacia Estados Unidos.
Tanto el gobierno de los EE.UU. como los críticos coinciden en que la
Iniciativa Mérida en México y Centroamérica es una iteración refinada
del Plan Colombia. “Sabemos que Estados Unidos ha apoyado a Colombia y
ahora a México para que con un buen liderazgo, la inversión proactiva y
asociaciones comprometidas se cambie el rumbo,” dijo Hillary Clinton a
los delegados a la Conferencia de Seguridad de Centroamérica en la
ciudad de Guatemala el pasado verano.
El financiamiento de EE.UU. para la Iniciativa Mérida entre 2008 y
2010 sumó $1.3 mil millones para México, cuyo gobierno contribuyó fondos
con una proporción de 13 a 1. Los fondos de la Iniciativa Regional
de Seguridad para América Central que fluyen hacia Centroamérica
durante el mismo período se situaron en $248 millones, mientras que de
los fondos de la Iniciativa de Seguridad de la Cuenca del Caribe, $42
millones se destinaron a Haití y la República Dominicana .
La “estrategia integral” de Mérida incluye fondos para el
entrenamiento de policías y soldados para proteger la infraestructura
crítica, la militarización de la policía y equipamiento de las fuerzas
de seguridad locales con el equipo de EE.UU., la transformación del
sistema judicial mexicano a un sistema de estilo juicios orales, la
modernización de la frontera México-Estados Unidos y la promoción de
fortalecimiento institucional y la reforma económica.
Uno de los objetivos del programa de USAID es que el “Gobierno de
México se vuelva más eficaz en la reducción de los monopolios y la
eliminación de prácticas anticompetitivas.” Se centra en la
legislación relacionada con las telecomunicaciones, la banca y la
regulación de la energía. Otro objetivo importante es promover un nuevo
régimen regulatorio y la privatización adicional, la desregulación y la
inversión extranjera directa en los sectores de transporte, financiero,
energético y de telecomunicaciones.
Junto con la Comisión Federal de Electricidad, Pemex es la perla más
preciada del esfuerzo de privatización. Muchos mexicanos prominentes han
abogado por su privatización, entre ellos Enrique Peña Nieto, del
Partido Revolucionario Institucional (PRI) y candidato favorito en las
elecciones presidenciales de 2012. Algunos, como el jefe de la Bolsa
Mexicana de Valores, han propuesto utilizar como modelo la reforma de
Colombia en el sector petrolero.
En una presentación en marzo de 2012, un representante del Banco de
México habló sobre la agenda de reformas pendientes para el banco
central del país. Esto incluye la mejora de la facilidad con que las
empresas puedan hacer negocios en México, la eliminación de “obstáculos
legales,” que impiden la flexibilidad laboral, “fortalecimiento del
estado de derecho,” y la consolidación de las políticas macroeconómicas.
En 2008, antes de que la crisis financiera se extendiera a México, la
IED alcanzó $23.2 mil millones, pero cayó al año siguiente a $11.4 mil
millones de dólares. Sin embargo, la IED se ha recuperado, y en
2011 se situó en $19.43 mil millones, principalmente en el sector
manufacturero (44,1%), seguido por servicios financieros (18%) y minería
(8%). Anuncios recientes indican que habrá una oleada de nuevas
inversiones en automóviles y la fabricación aeroespacial en el centro de
México.
El Ministro de Finanzas de México, Bruno Ferrari, dijo a Bloomberg en
una entrevista en inglés en agosto de 2011 que “hoy en día lo que
estamos viendo es que estamos teniendo una gran lucha contra la
delincuencia de manera que, como he dicho, [se] garanticen las
inversiones futuras y las inversiones que se tienen en este momento
porque lo que estamos viendo es que México está luchando para prevalecer
contra la delincuencia.”
Las aseveraciones de Ferrari están respaldadas por las experiencias
de la élite empresarial transnacional. De acuerdo con un artículo de
portada de Business Week en 2009, los ataques contra personal
extranjero y de las fábricas han sido poco frecuentes en Ciudad Juárez y
otras ciudades fronterizas a lo largo de las rutas del narcotráfico,
incluyendo Reynosa, Nuevo Laredo y Tijuana.
La policía ya ha sido entrenada con instrucciones especiales para
atender a las empresas transnacionales. Tras el secuestro de un
ejecutivo de una empresa, la policía sugirió a sus administradores que
alteraran sus rutinas de trabajo; que dejaran Juárez antes de la puesta
del sol, y que se adhirieran a las dos arterias principales. Las
patrullas fueron reforzadas a lo largo de estos caminos, “creando
corredores relativamente seguros entre la frontera y los parques
industriales.”
Aún de mayor importancia es otro tipo de seguridad que necesitan las
empresas transnacionales. Como subrayó el director de la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe, “Lo que es importante para un
inversionista en cuanto a la seguridad tiene que ver con la seguridad
jurídica y el riesgo en el país.”
Esta noción de “seguridad” evoca el modelo de Colombia: la
paramilitarización al servicio del capital. Ese modelo incluye la
formación de escuadrones de la muerte paramilitares, el desplazamiento
de la población civil, y un aumento en la violencia. En el sector
comercial, son los y las trabajadores, las pequeñas empresas y un sector
de las élites locales, quienes son los más afectados por las políticas
de la guerra contra las drogas.
Aunque estos aspectos no oficiales de la guerra contra las drogas se
presentan a veces como daño o amenaza a la inversión extranjera directa,
de hecho, es la violencia la que controla a los y las trabajadores y
desplaza comunidades campesinas de los territorios de interés para la
expansión de las empresas transnacionales.
El otro lado del modelo colombiano
Durante generaciones, las comunidades indígenas y
campesinas en Colombia habían defendido el título colectivo de sus
tierras, sin embargo, los grupos paramilitares los han obligado a huir.
Este fenómeno es descrito brevemente por David Maher y Andrew
Thompson: “…las fuerzas paramilitares siguen avanzando en un proceso de
acumulación de capital a través del desplazamiento forzado de
comunidades en zonas de importancia económica. Una gran parte de los
ciudadanos de Colombia siguen abandonando sus tierras ya que son
desplazados por la fuerza de sus hogares, satisfaciendo el apetito voraz
de corporaciones multinacionales extranjeras (principalmente de Estados
Unidos) para el territorio colombiano, a la vez que se arraiga el
programa económico neoliberal en la sociedad colombiana.”
En 2001, los paramilitares fueron responsables de la mitad de los
desplazamientos forzados en Colombia. Los grupos de guerrilla causaron
20% de los casos, y tanto los paramilitares como la guerrilla, otro 22%. “Los grupos paramilitares no sólo tienen la mayor parte de la
responsabilidad, sino que también son más eficaces en la instigación de
desplazamiento.”
En Colombia, la paramilitarización es también beneficiosa para las
empresas transnacionales que desean disuadir a la organización sindical:
“Como parte del prolongado apoyo para la campaña de contrainsurgencia,
la violencia paramilitar-estatal mantienen como objetivo sistemático a
los grupos civiles, tales como las organizaciones sindicales, que se
consideran una amenaza para la política económica y la ‘estabilidad’ que
favorezca el desarrollo neoliberal de Colombia. Esto ha convertido a
Colombia en un lugar atractivo para la inversión extranjera, pues las
malas condiciones laborales y los bajos salarios mantienen altos los
índices de ganancia.”
Los bien documentados casos de la bananera Chiquita Brands, la minera
Drummond, y el gigante del petróleo BP, han examinado vínculos entre
grupos paramilitares y empresas transnacionales de Estados Unidos.
En marzo de 2007 en una corte de Washington, DC, representantes de
Chiquita Brands se declararon culpables por haber efectuado pagos al
grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
“Chiquita realizó más de 100 pagos a las AUC con un valor de más de $
1.7 millones,” según el Departamento de Justicia de EE.UU. “Chiquita
Brands pagó dinero manchado de sangre a los terroristas como Carlos
Castaño para proteger sus propios intereses financieros,” según la firma
de abogados que representa a las víctimas.
La experiencia (hasta ahora)
La colusión directa entre las transnacionales estadounidenses y los
grupos paramilitares es en general difícil de probar, y cuando las
pruebas surgen es probable que no se descubran rápidamente.
Pero ya sabemos que a un grupo de compañías de Texas se les acusa de
complicidad con los Zetas para importar ilegalmente combustibles
robados. (Los Zetas son el brazo armado del Cártel del Golfo, que
opera en el noreste de México. Los dos grupos se dividieron en 2010, y
desde entonces los Zetas se han convertido esencialmente en un grupo
narco-paramilitar, a pesar de que en los medios de comunicación se
refiere a ellos como un cártel de drogas.)
“Los Zetas son una fuerza paramilitar,” el Dr. William Robinson,
autor de Una teoría del capitalismo global, me dijo en una entrevista
realizada el verano pasado. “Básicamente se trata de la creación del
paramilitarismo junto con la militarización formal, lo cual es un modelo
colombiano.”
Los Zetas están activos en varias partes de México, particularmente
Tamaulipas, Nuevo León y Veracruz, y también tienen la culpa por las
masacres en el estado mexicano de Jalisco y en el Petén, Guatemala.
Aunque no son el único grupo paramilitar en México, son el grupo que sin
duda recibe la mayoría de la atención por parte de los medios de
comunicación.
“Hay que tener en cuenta que Santos, el Presidente colombiano, al
igual que [el presidente guatemalteco Otto] Pérez Molina, quiere ampliar
el Plan Colombia, que no sólo significa el fortalecimiento de la lucha
contra el narcotráfico, sino también en realidad significa convertirlo
en una forma de paramilitarismo a fin de generar un nuevo tipo de
contrainsurgencia, no en contra de los movimientos sociales, sino en
contra de las comunidades indígenas,” dijo Máximo Ba Tiul, un analista
Maya Poqomchi y profesor radicado en Guatemala.
Si bien existe una vacilación por parte de los periodistas para
vincular la cobertura de la “guerra contra las drogas” con las luchas en
torno a los recursos naturales, hay una creciente lista de lugares
donde este tema – y las lecciones de la guerra de EE.UU. en Colombia –
se pueda explorar.
• Los residentes de Ciudad Mier, una pequeña comunidad en Tamaulipas,
salieron en masa a causa de la violencia paramilitar. La ciudad se
encuentra en lo alto del campo de gas más grande de México, al igual que
una gran parte del violento estado.
• En el Valle de Juárez, considerado el lugar más peligroso en
México, los asesinatos y las amenazas han obligado a muchos a abandonar
el lugar. A la vez, se está construyendo un nuevo cruce fronterizo entre
los EE.UU. y México.
• En Santa María Ostula, una pequeña comunidad indígena nahuatl en la
costa de México, por lo menos 28 personas han sido asesinados (y otros
cuatro han desaparecido) por la violencia paramilitar y estatal desde
2009. Estratégicamente ubicado, su territorio se encuentra en una zona
rica en minerales.
• En la Sierra Madre en el norte de México, las empresas mineras
canadienses operan en áreas en las que incluso funcionarios del gobierno
temen entrar a causa de la presencia de narcotraficantes armados.
• En el Petén, Guatemala, debido a la presencia de los Zetas los
funcionarios del gobierno militarizaron la zona y declararon un estado
de sitio de ocho meses que concluirá a principios de 2012. Anuncios
recientes indican que una nueva fiebre del petróleo está teniendo lugar
en la misma región.
La paramilitarización también puede afectar a los capitalistas
locales, regionales e incluso nacionales relacionados con la economía
nacional, obligándoles a cerrar sus tiendas y negocios. Esto, a su vez,
abre el espacio para que las empresas transnacionales y los
inversionistas obtengan acceso a los sectores de la economía
anteriormente dominada por los capitalistas locales.
“Las empresas mayormente afectadas por la violencia son las más
pequeñas y aquellas ubicadas en los estados del norte de México,”
escribe Guadalupe Correa Cabrera, un profesor de la Universidad de Texas
en Brownsville. “La inseguridad perjudica en mayor medida a pequeños y
medianos productores, empresarios y comerciantes debido a que el crimen
organizado “tiene más facilidad de penetración con ellos, que con los
directivos de empresas grandes los cuales, en muchos casos, operan desde
fuera del país” (49).
De acuerdo con la Coparmex, una asociación empresarial mexicana,
160,000 empresas cerraron debido a la inseguridad durante el 2011.
“Hay una reconversión de la economía que tiene lugar a nivel nacional
que está favoreciendo a [las grandes empresas], y está haciendo que [los
mexicanos] sean conviertidos en empleados en lugar de ser empresarios,”
dijo Correa Cabrera durante una presentación en Baja California Sur en
febrero.
Los precedentes en Colombia y los actuales acontecimientos en otros
lugares sugieren posibles áreas para la profundización de la
investigación con el fin de determinar mejor en qué medida México y
Centroamerica están siendo sometidas a un modelo en el cual, como
informan David Maher y Andrew Thomson, el terror paramilitar “…siga
teniendo un papel decisivo en la creación y el mantenimiento de las
condiciones propicias para la expansión del programa neoliberal, tales
como los bajos costos laborales y el acceso a la tierra…”
El aumento de estudio e investigación de las nuevas políticas
económicas alentadas por las políticas antinarcóticos de los Estados
Unidos podría ayudar a revelar la magnitud de la transformación
económica que se ha iniciado en México y Centroamérica.
Las elecciones en México no prometen alivio del horror y la violencia
de la guerra, que lo más probable continuará durante al menos otros
seis años. “Todos los aspirantes a la presidencia propondrán continuar o
intensificar la guerra contra los mafiosos,” según un artículo recién
publicado en The Economist .
Sin una mejor comprensión, las discusiones sobre la guerra en México
podrían permanecer restringidas dentro de la retórica de la prohibición
de las drogas frente a su liberalización. Este tipo de debate es
totalmente erróneo como medio para denunciar y movilizar resistencia a
la “guerra contra las drogas,” que se trata de implementar mayor control
social y territorial sobre las tierras y las personas, en el interés de
la expansión capitalista.
Dawn Paley es periodista independiente y co-fundadora de la
cooperativa de medios de Vancouver, Canadá. Su twitter es @dawn_. Este
articulo fue escrito en inglés y publicado en su version original por Against the Current.
